A las Fuerzas Armadas les urge la discusión y el debate sobre la Ley de Seguridad Nacional, aunque contiene elementos polémicos
En el discurso todos los actores políticos, desde el Presidente hasta el Congreso —pasando por las dirigencias de los partidos—, le reconocen a las Fuerzas Armadas “su valor, su entrega, su lealtad y compromiso” con labores para la seguridad del país; pero en la práctica, todos han ignorado y desairado al Ejército y a sus generales, en sus reiteradas peticiones para que discutan y voten ya la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional que urge a los militares y que se encuentra en la congeladora legislativa.
El próximo 19 de febrero se cumple un año exacto de que el general secretario Guillermo Galván Galván, en su discurso del Día del Ejército, pidió públicamente al Presidente y al Congreso que impulsaran y debatieran una ley que subsanara la laguna legal en la que actúan los militares en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. “El Ejército —dijo— opera (en la guerra al narco) en una peligrosa franja en la que la sociedad lo denuncia y el crimen busca agazaparse”, dijo el general.
La urgencia y la dureza con la que el titular de la Defensa planteó el tema, tenía que ver con el fuerte desgaste que han sufrido las Fuerzas Armadas ante los señalamientos por violaciones a derechos humanos en la guerra al narco, y con la preocupación general en los círculos castrenses porque operar en el vacío legal, a futuro pudiera ocasionarles acusaciones y señalamientos de actuaciones ilegales o guerra sucia.
Ahí comenzó un tortuoso y muy lento proceso, en el que la desidia y el desinterés mostrado por la Presidencia, por el PAN y por el resto de los partidos en el Congreso tiene molestos y tensos a los generales del Ejército.
La iniciativa nació con retraso
Luego de aquel discurso de Galván Galván, que incluso fue interpretado como exigencia, pasaron todavía dos meses para que la Coordinación Jurídica de la Presidencia de la República, en colaboración con la Sedena, terminara de dar forma a la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, que al final fue enviada por el Presidente al Congreso en los últimos días de abril de 2009.
Entonces estaba a punto de terminar el periodo ordinario de sesiones de aquel año en el Congreso y la iniciativa fue turnada a comisiones; se pensó que el tema sería abordado en el siguiente periodo de sesiones en septiembre de ese año. Pero ningún partido, ni siquiera el PAN, lo subió a su agenda de prioridades. La operación política del gobierno de Calderón se volvió inexistente y la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional quedó abandonada a su suerte y los militares se quedaron solos en sus llamados y cabildeos para subir el tema.
Ha pasado casi un año desde entonces y la molestia y frustración se han ido acumulando en los altos círculos castrenses. Si a eso se suman las quejas que se escuchan en algunos generales, allegados al secretario de Defensa, ante lo que consideran un “desinterés” del Presidente y de su partido por apoyar al Ejército y darle garantías plenas de que su actuación presente contra los narcotraficantes y delincuentes no será motivo en el futuro de enjuiciamientos o acusaciones por violaciones a los derechos humanos, el tema es para ponerle atención.
Porque en medio de las acusaciones y denuncias que han hecho organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional contra la actuación del Ejército en el combate a las drogas, hay todo un movimiento dentro y fuera del país para desaparecer el fuero militar o “fuero de guerra” que garantiza que los soldados, oficiales y demás elementos castrenses que incurran en delitos o violaciones graves a los derechos humanos, sean procesados en los tribunales castrenses y no en la justicia civil.
Eso que los grupos de derechos humanos consideran un régimen de excepción y privilegio que obstruye el castigo a militares que delinquen, para las Fuerzas Armadas mexicanas es “la base de la disciplina militar” y no están dispuestos bajo ninguna circunstancia a transigir en su eliminación. Por eso les urge la discusión y el debate sobre la Ley de Seguridad Nacional, aunque en ella se contienen elementos polémicos como las declaraciones de estados de excepción o la suspensión de garantías “por asuntos que pongan en riesgo la seguridad nacional”.
Para la semana próxima el PAN y el PRI han anunciado las reuniones plenarias de sus bancadas para definir la agenda parlamentaria que llevarán al periodo de sesiones que inicia el 15 de febrero. Hasta ahora ninguno de esos dos partidos tiene en su lista de prioridades la iniciativa de seguridad nacional, y los perredistas más bien traen propuestas como fusionar la Sedena con la Secretaría de Marina.
Hay molestia en la Defensa y hay tensión en los que son hasta ahora la última línea de defensa del Estado mexicano ante el embate feroz y sostenido del poder de los capos de la droga.
NOTAS INDISCRETAS… Detrás de la sorpresiva decisión del senador Gustavo Madero, de retirarse de la contienda para buscar la candidatura del PAN al gobierno de Chihuahua, hubo mucho más que un tema de cálculo político. Entre las cúpulas panistas corre la versión de que, más que una decisión suya, Madero fue obligado a bajarse del caballo de Hacienda en el que parecía ir hacia la candidatura a gobernador. La razón: le encontraron expediente comprometedor sobre irregularidades y desvíos cuando ocupó el cargo de coordinador del Comité de Planeación y Desarrollo del Estado en Chihuahua, en la administración de Francisco Barrio. Cuentan que en el expediente había copias de cheques y documentos tan contundentes que cuando se lo mostraron al senador con la recomendación de que mejor se hiciera a un lado, éste no tuvo objeción alguna y prefirió dejarle el camino libre al alcalde chihuahuense Óscar Borruel… El secretario de Salud fue a hablar con el Presidente a finales del año pasado y fue directo: “Me interesa buscar la candidatura del PAN en Guanajuato”. La respuesta de Calderón fue inmediata: “Adelante, siempre y cuando no interfiera con tu trabajo y lo hagas en días inhábiles no hay inconveniente”. Y así, con la venia de su jefe, José Ángel Córdova sale desde el viernes por la noche hacia León y el fin de semana se dedica a cabildear con consejeros panistas de Guanajuato. De paso, aprovecha para dar consultas en su dispensario particular. En fin, que faltan dos años para las elecciones en Guanajuato, pero si Córdova no apura el paso, difícilmente podrá romper el férreo control del Yunque guanajuantense en el PAN estatal, que comanda el gobernador Juan Manuel Oliva… Los dados mandan escalera. Hay que apoyar a Haití, cualquier ayuda sirve.
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