Ayer domingo, La Jornada publicó el anuncio que hizo Andrés Manuel López Obrador sobre la asamblea que se llevará a cabo el domingo 21 de julio en el Zócalo capitalino, en la que dará a conocer el Proyecto Alternativo de Nación actualizado, para sacar al país de la crisis económica, social, cultural y de seguridad que estamos padeciendo la inmensa mayoría de los mexicanos.
La referencia de la nota apareció en primera plana. Lo celebro porque la gente necesita saber que el Movimiento por la Transformación del País sigue en pie y que la esperanza no ha muerto. Sin embargo, el hecho de que La Jornada no haya cubierto el evento que se realizó el viernes pasado en Temacapulín, Jalisco, me parece una omisión imperdonable.
La posible desaparición de Temacapulín y dos poblados aledaños, Acasico y Palmarejo, por la construcción de la presa El Zapotillo, merece un esfuerzo periodístico. El “proyecto” del gobierno federal y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato constituye un asunto muy grave que no sólo atañe a los pobladores de esas entidades sino al país entero.
Se trata de la continuidad del despojo, de la violación a los derechos establecidos en la Constitución, de la venta a particulares de tierras que ya tienen dueño, con el único afán del negocio jugoso sin pensar en el perjuicio a la gente y a la cultura. No es negarse al “progreso”, sino poner un alto a la rapiña. Los poblados datan de más de 1 400 años, en sus calles, edificios, iglesias y costumbres hay una historia que no debe desaparecer.
A la reunión asistieron legisladores progresistas del FAP encabezados por Andrés Manuel López Obrador, y se comprometieron a evitar la atrocidad de dejar bajo las aguas a tres pueblos indefensos.
Ante la terrible corrupción implantada por los gobiernos priístas y retomada por los panistas, la denuncia de las injusticias es indispensable para crear conciencia en el pueblo y defender de manera pacífica lo que le pertenece.
El apoyo de los medios de comunicación comprometidos debe ser imparcial. Todo importa.
La gente que recibió al Presidente Legítimo y a los legisladores conserva la esperanza de que su demanda sea atendida, de que la tierra en la que han crecido sus hijos y sus nietos no sea inundada. Si nos solidarizamos con ellos no sólo habremos defendido una causa justa, sino cumplido con un deber moral.
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