SOBRE EL AUTOR
Ricardo Mejía Berdeja,
abogado, egresado de la Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe. Originario de Torreón, Coahuila, radica en Acapulco, Guerrero desde hace varios años. Integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano y Consejero del Poder Legislativo ante el Consejo General del IFE por parte de ese partido. Fue Presidente Fundador de la Organización Nacional México Nuevo y del Parlamento de la Juventud México, XXI del PRI, partido en el que militó hasta 1997 y en el que ocupó diferentes cargos estatales y nacionales. Ha sido Diputado Local en Coahuila y Coordinador de Análisis y Prospectiva del gobierno estatal. Fue Secretario Técnico del Centro Nacional de Desastres CENAPRED de la Secretaria de Gobernación. En la la XLII legislatura de la Cámara de Diputados es Vice Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Secretario de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía; Coordinador del Grupo de Trabajo para revisar los manejos comerciales, financieros y económicos de PEMEX; y Presidente de la Comisión Especial para Indagar el Funcionamiento de las Instancias del Gobierno Federal relacionadas con el Otorgamientos de Permisos para Juegos y Sorteos
abogado, egresado de la Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe. Originario de Torreón, Coahuila, radica en Acapulco, Guerrero desde hace varios años. Integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano y Consejero del Poder Legislativo ante el Consejo General del IFE por parte de ese partido. Fue Presidente Fundador de la Organización Nacional México Nuevo y del Parlamento de la Juventud México, XXI del PRI, partido en el que militó hasta 1997 y en el que ocupó diferentes cargos estatales y nacionales. Ha sido Diputado Local en Coahuila y Coordinador de Análisis y Prospectiva del gobierno estatal. Fue Secretario Técnico del Centro Nacional de Desastres CENAPRED de la Secretaria de Gobernación. En la la XLII legislatura de la Cámara de Diputados es Vice Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Secretario de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía; Coordinador del Grupo de Trabajo para revisar los manejos comerciales, financieros y económicos de PEMEX; y Presidente de la Comisión Especial para Indagar el Funcionamiento de las Instancias del Gobierno Federal relacionadas con el Otorgamientos de Permisos para Juegos y Sorteos
Han pasado casi 8 meses desde que llegó a la Cámara de Diputados la minuta del Senado de reformas a la Constitución en materia de Transparencia. Cabe mencionar, que esta reforma fue aprobada en el Senado por unanimidad, lo que hubiera supuesto un gran consenso para que en la Cámara de Diputados no encontrara grandes resistencias.
Sin embargo, esta reforma en materia de Transparencia ha sido relegada una y otra vez, dando prioridad “ultra-preferente” a las iniciativas emanadas de acuerdos poco transparentes en el Pacto por México, como lo fue la Reforma de Telecomunicaciones, que llegó después, modificaba el mismo articulo 6º Constitucional que era el fundamento de la reforma de transparencia, fue aprobada, ratificada por los congresos locales y ya está en “funcionamiento”.
Todavía hoy en día, a diez días de un segundo periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, no hay certeza si las comisiones encargadas de dictaminar la reforma en materia de Transparencia se reunirán para hacer su trabajo, con lo que deja pocas probabilidades de que sea agendada para dicho periodo. Aunque cabe el riesgo también, - justamente por los acuerdos poco transparentes que se toman al interior del Pacto - que si sale, sea mutilada y pierda su esencia. Esto es una señal, además, de lo poco transparente y cerrado que es el propio proceso legislativo para la aprobación de una reforma que es de especial interés de la ciudadanía, a la que no se le ha querido escuchar.
La reforma en materia de Transparencia debiera ser una piedra angular sobre la que se construyera cualquier agenda legislativa y de reformas estructurales en nuestro país, pues serviría para correr el velo de la opacidad que permite la corrupción, poner controles a la discrecionalidad y excesos de los gobernantes, establecer mecanismos de rendición de cuentas y contribuir a recuperar la confianza ciudadana en la función pública.
Especialmente, debiera ser prioritaria a la luz de los casos más recientes de corrupción, discrecionalidad y abuso de los presupuestos públicos por parte de la clase gobernante. Pero para quienes toman las decisiones en las penumbras del Pacto, a pesar de los discursos grandilocuentes, la transparencia no es una prioridad, lo que pone en evidencia las resistencias que retrasan su aprobación.
La reforma de Transparencia que fue aprobada en el Senado significaría un gran avance en los esfuerzos de diferentes colectivos y especialistas en el tema de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas después de la reforma constitucional del 2007, en la que se elevó a rango constitucional el derecho a la información.
Esta reforma plantea avances sustantivos en el tema. Por una parte, se constituye un órgano garante con autonomía constitucional con la competencia para conocer de los asuntos en la materia de cualquier autoridad, se le dota de facultades de revisión de resoluciones estatales, y con la facultad de atracción, las decisiones del órgano garante serían vinculatorias, definitivas e inatacables y tendría la capacidad de iniciar acciones de inconstitucionalidad. Además, plantea ampliar a los sujetos obligados para el acceso a la información pública, de los que destacan los partidos políticos, los fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos.
Sin embargo, de estos avances al menos la mitad están en riesgo ante las reservas que el PRI presentó en la última reunión que sostuvieron las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Régimen y Prácticas Parlamentarias, y de Transparencia y Anticorrupción, un día antes de concluir el periodo ordinario de sesiones de abril de este año.
El PRI plantea de entrada quitar a los partidos políticos como sujetos obligados directos para informar sobre el uso de los recursos, que se tendría que hacer vía las autoridades electorales, como lo es actualmente. Lo que perpetuaría la opacidad con la que dirigentes partidistas ejercen los recursos públicos que reciben tanto para actividades ordinarias como de campaña.
Por otra parte, el PRI plantea también eliminar la característica de que las resoluciones del IFAI sean definitivas e inatacables, y pretende abrir la puerta para que el Consejero Jurídico del Gobierno, los presidentes de las Cámaras o los titulares de órganos autónomos puedan interponer recursos de revisión ante la SCJN de las resoluciones del IFAI. Lo que a todas luces le quitaría fuerza a cualquier resolución del IFAI que quedaría a expensas del devenir y decisiones políticas de quienes gobiernan, con lo que se cubrirían nuevamente con el manto de la opacidad.
Sin duda, uno de los temas inacabados de la reforma de transparencia es con respecto proceso para la designación de los comisionados del IFAI, que en la minuta enviada por el Senado propone un mecanismo que lo hace rehén de las cuotas partidistas, dando la facultad al Presidente de objetar el nombramiento. Mientras que el PRI plantea modificar la minuta para que sea el Presidente el que proponga una terna y el Senado el que apruebe.
De cualquier manera, es un procedimiento de selección que queda sujeto a las cuotas partidistas. Las personas que se eligen, al final de cuentas, serán quienes mejor cubran los intereses de quienes los llevaron al cargo, y no las personas con mayor capacidad y experiencia en el tema, que contribuyan a garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información.
También se plantea, vía un artículo transitorio, remover a los actuales comisionados de IFAI, a pesar de no haber concluido su período. Lo que es más un ajuste de cuentas, que una decisión que busque fortalecer a la institución.
Lo preocupante de las modificaciones que introdujo el PRI de última hora, en el proceso de dictaminación en las comisiones, es que si son acordadas en las penumbras del Pacto, éstas pasarán, incluso, a pesar de la resistencia de los legisladores, que como un servidor, creemos que la transparencia es un paso necesario e ineludible en el camino para consolidar nuestra democracia.
Por ello, considero necesario y urgente que las organizaciones y especialistas en el tema, quienes han venido trabajando para concretar las reformas que nos permitan avanzar hacia la transparencia, hagan una mayor presión social para que no se permitan retrocesos en lo aprobado, y hagan saber del costo político que tiene retroceder en esta materia.
Twitter: @RicardoMeb
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