lunes, 6 de octubre de 2014

Por una verdadera transición

Publicado en la revista Proceso el 5 de octubre de 2014
Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) represen­tan hoy al país entero. Cuentan con mayor legitimidad pública y con­fianza social que el Congreso de la Unión, el presidente de la República, el Instituto Nacional Electoral o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si juega bien sus cartas, el movimiento estudiantil podría detonar una verdadera transición a la democracia en México. De lo contrario, terminará como otra ex­plosión social temporal de alcances limitados. Y si los dignos politécni­cos pierden totalmente la brújula, incluso podría contribuir a fortale­cer al régimen autoritario. La histo­ria está en sus manos.
La estrategia del gobierno es transparente. Busca dividir el mo­vimiento por dentro y separarlo de otras expresiones sociales por me­dio de un coctel de concesiones y provocaciones fríamente calcula­das. El objetivo en todo momento será encapsularlo y focalizarlo en asuntos exclusivamente “locales”, supuestamente “puros” y “limpios”, con respecto a la gestión interna del IPN. Y mientras los politécnicos están entretenidos con el “policía bueno” de Miguel Ángel Osorio Chong, los otros estudiantes y jóvenes del país sufrirán cada vez más bajo las macabras estra­tegias de represión, provocación y vio­lencia del régimen.
Lo que determinará el éxito o el fracaso del movimiento politécnico será entonces la medida en que los es­tudiantes logren levantar la mira para ser solidarios y generosos con otras causas sociales. Igualmente, es res­ponsabilidad de todos expresar nues­tra solidaridad con la importante lucha histórica por alcanzar tanto la autono­mía como la democratización interna del IPN.
Las luchas locales, nacionales, e incluso internacionales, no se con­traponen, sino que se fortalecen mutuamente. Por ejemplo, tanto la forma antidemocrática como el contenido neoli­beral del nuevo reglamento del IPN son re­sultados directos de las contrarreformas “estructurales” impulsadas por Enrique Peña Nieto, Osorio Chong y el “Pacto por México”. En su conducción del proceso de reforma del IPN, Yoloxóchitl Bustamente no hizo más que seguir estrictamente las indicaciones de sus jefes en el gobierno federal, quienes a su vez cumplen con las órdenes de Washington. Es evidente que un simple cambio en la dirección del ins­tituto no modificará las coordenadas es­tructurales del poder que impuso el nuevo reglamento.
Bustamante misma afirmó en su mo­mento que la reforma al politécnico sur­gió a raíz del “compromiso institucional de armonizar la normatividad interna con la federal, en lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo y a la reforma educativa”. En otras palabras, no es más que la extensión de los tentáculos del poder corrupto hasta las entrañas del sistema educativo nacional. Ahora que el petróleo pertenecerá a las grandes empresas extranjeras, ya no será nece­sario que México forme investigadores científicos o ingenieros de primer nivel para impulsar el desarrollo nacional, puesto que solamente harán falta téc­nicos obedientes a las órdenes de sus nuevos jefes extranjeros.
Lo mismo ocurre en las normales rurales. Así como Lázaro Cárdenas del Río fundó el IPN en 1936 con el fin de “poner el técnico al servicio de la pa­tria”, también fue el responsable de consolidar y generalizar el modelo de las normales rurales, como la Escuela Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Bur­gos”. Durante su sexenio (1934-1940), la cantidad de estas instituciones se mul­tiplicó exponencialmente y se fortaleció su carácter cooperativo y social. Desde hace casi un siglo, dichos planteles han abierto simultáneamente importantes oportunidades educativas y laborales para los jóvenes de las zonas más mar­ginadas, y han sido esenciales para garan­tizar una educación pública humanista, crítica y de calidad. Tanto la doctora Tanalis Padilla, de la Universidad de Dartmouth, como Luis Hernández Navarro, de La Jor­nada, han realizado importantes estudios sobre esta valiosa experiencia.
Pero al régimen autoritario neoli­beral no le interesa poner la técnica al servicio de la patria ni fomentar el pen­samiento crítico o empoderar a los maes­tros rurales. La reforma educativa y el Plan Nacional de (sub)Desarrollo buscan la eliminación de la gran mayoría de las normales rurales y la conversión de las que queden en centros técnicos para la formación de maestros de “calidad” cuya única función será preparar mano de obra barata y siervos obedientes al gran capital internacional.
Los estudiantes del IPN y de Ayotzina­pa sufren exactamente el mismo mal. El levantamiento de ambas comunidades está plenamente justificado. Su lucha es la lucha de todos por deshacernos de una vez por todas del yugo de la explotación y represión que ha mantenido postrada a la nación desde la Colonia. La reclama­ción de justicia para la perversa masacre en Iguala, cuna de la consumación de la Independencia, es evidentemente igual de importante que la exigencia de auto­nomía para el Politécnico.
La unión de esas exigencias y la articulación de los dos movimientos no implicaría, desde luego, la “politi­zación” de ninguno de ellos, sino todo lo contrario. Significaría el fracaso de la tradicional estrategia política del ré­gimen autoritario priista de “divide y vencerás”.
Todos hemos aprendido en la es­cuela cómo los valientes movimientos populares y los grandes ideales que inspiraron la Independencia y la Re­volución fueron traicionados y domes­ticados por los líderes políticos que vendrían después. Hoy, Peña Nieto y el Pacto por México juegan el papel que en su momento cumplieron Antonio López de Santa Anna después de la in­dependencia, y Miguel Alemán Valdés, el primer presidente emanado de las filas del Partido Revolucionario Institu­cional (PRI), después de la Revolución.
Pero la tercera tendrá que ser la vencida. La lucha por la democracia en México nunca ha sido un asunto de acuerdos cupulares entre élites, co­mo lo fue en otros países. Tal y como ocurrió durante la Independencia y la Revolución, el verdadero motor del interrumpido proceso de “transición” actual ha sido la movilización de la sociedad en defensa de sus intereses y en contra del saqueo. Habría que evi­tar a toda costa las divisiones internas con el fin de construir un amplio frente popular a favor de una verdadera tran­sición hacia la justicia y la paz.
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www.johnackerman.blogspot.com
@JohnMAckerman

John M. Ackerman es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz y Presidente Adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. Director Editorial del Mexican Law Review. Experto en Políticas Públicas, Transparencia, Derecho Electoral, Combate a la Corrupción, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana, y Organismos Autónomos. También es columnista de revistas y diarios nacionales y extranjeros.

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