Álvarez de Icaza, crítico y legitimador de Peña y el sistema; un tráiler de coca-cola
El sistema desea acallar abruptamente a las víctimas, a los familiares, amigos, la sociedad crítica, a los que protestan por el nefando crimen de Iguala-Ayotzinapa.
Primer acto: Aparece el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington acompañado por un poeta de sombrero y con maracas y recita con voz de tiple española: “¡Que los parientes de los 43 no participen en la búsqueda, porque lo descomponen todo y así no los acompaño!”. (Luego intercambian micrófono y maraca).
Segundo acto: Aparecen dos obispos rancios acompañados de prestigiados “empresarios” y cantan a coro: “Que los parientes y amigos de los 43 dejen de lado las manifestaciones y dejen trabajar a las autoridades en las investigaciones, esto con el fin de buscar la unidad y bienestar de México. Tengan confianza en el gobierno y en esperar el resultado de las investigaciones, ¡porque si ya desaparecieron, ya desaparecieron!”.
Tercer acto (que puede ser primero): Aparece el encargado del ejecutivo mexicano y su séquito de burócratas, incluido el ejército, y periodistas y lee: “¡Ya supérenlo, porque hemos llegado a los límites de tolerancia y el gobierno tendrá que actuar!”.
¿Cómo se llama la obra?: Que los 43 y los de los 43 y los de Ayotzinapa, se chinguen. O, La misma chingada gata, pero revolcada; para seguir la voz del pueblo.
El sistema desea acallar abruptamente a las víctimas, a los familiares, amigos, la sociedad crítica, a los que protestan por el nefando crimen de Iguala-Ayotzinapa como hórrido símbolo de la realidad estructural del país: la violencia, la injusticia, la corrupción, la impunidad… (y el clasismo mexicano…).
No es sorpresa que la cúpula coincida en el control autoritario cuando el ciudadano desea expresarse más allá de las instituciones irregulares del país.
La aparente dramática escena de Álvarez Icaza Longoria de crítica contra gobierno el pasado viernes en una presentación en el Colegio de México, no ha sido más que eso, un acto que al momento de ser proferido, se desvanece.
El secretario ejecutivo de la CIDH se envalentonó y se dijo indignado por lo que ha sucedido en Guerrero y porque “No hay una sola base de datos nacional que integre los datos de ADN, la fotografía… eso se sabía hace años y no se hizo nada”. Y se echó flores: “…salimos a las calles miles de personas para decir lo que estaba pasando con los desaparecidos¸ nos sentamos con el presidente de la república; nos sentamos con los legisladores, nos sentamos con los diputados, se hizo una ley de víctimas, ¡y se llaman a sorpresa!”.
Por supuesto que no hay sorpresa. Y claro que en 2011 salimos a las calles acompañando a Javier Sicilia y su causa justa. Pero se despilfarró y descarriló el movimiento, no me cansaré de repetirlo, el 8 de mayo del 2011. Cuando el poeta hizo callar la poesía de unísono clamor justiciero. Y tomó su propio tren, ya sin pasajeros, para reunirse con la burocracia, para legitimar a Felipe Calderón, para validar la simulación, para ser burlados una vez más. Álvarez Icaza era su asesor y cercano confidente (¿también repartió besos?). Es decir, este campeón de los derechos humanos, hoy como entonces, validó el sistema a partir de la supuesta crítica. Por eso, entre otras cosas, seguimos igual o peor.
Algunos dicen que el teatral enojo le viene de que en 2009 Álvarez se quiso quedar con el hueso de la CNDH y no lo logró. Aunque no le ha ido mal, como resultado del malogrado y desperdiciado movimiento de Sicilia, agarró el huesito en Washington y por eso viene dizque enojado, ahora que dizque lo buscan para legitimar las investigaciones del gobierno federal.
Y sus palabras embonan muy bien con el discurso oficial: Los de los 43, a callar, a estarse quietos. Mutismo y parálisis. Dejar todo a los que sí saben cómo hacer las cosas: la desprestigiada y cuestionada autoridad.
Hay que recordarle a Icaza que si no fuera por la participación de los padres de familia de Ayotzinapa, sus amigos, compañeros y la sociedad que ha secundado su causa, ya este caso estaría cerca del olvido y él no estaría dando conferencias en el Colmex. Han sido los manifestantes quienes han hecho mover al gobierno omiso y cansado (al menos). Ha sido por ellos que la prensa internacional ha dado amplia difusión al caso. Ha sido por ellos que no se ha impuesto la voz autoritaria y totalitaria de los Chedraui, Servitje, Cepeda…, y la del gobierno.
Y ahora, patrocinados durante seis meses por el gobierno, de la CIDH vendrán cinco especialistas que estarán a cargo de “una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes”. Es todo. Esperemos que este trabajo y la participación de Icaza no solamente sirvan para “verificar” sino que tengan una contribución más cualitativa. Y sobre todo, que no traten de cohibir la partición ciudadana y de los familiares. Pues como un asistente a la ponencia en Colmex refutó, ¿quién si no los familiares cuidarían más que nadie las evidencias encontradas?
Porque en todo caso, más ha hecho un enorme tráiler de la coca-cola tripulado por el coraje agraviado por el crimen de Ayotzinapa: logró abrir el alambrado del Batallón 27 del ejército en Iguala bajo sospecha por los acontecimientos del 26-27 de septiembre del año pasado. Tardía y seguramente sin posibilidad de encontrar evidencias (sólo que fueran muy pendejos los militares), los familiares tendrán acceso para revisar. Es un acto simbólico de todas maneras porque, como ha dicho Lorenzo Meyer, el ejército no es “de ellos mismos”, son una institución mantenida por los mexicanos quienes tienen el derecho a saber lo que en sus entrañas sucede. Porque se ha tratado de un grupo que después de su participación en contra de la Expedición Punitiva gringa que buscaba capturar a Pancho Villa en 1916-1917, básicamente se ha dedicado a agraviar y a asesinar a los mexicanos, ha ido siempre contra ellos. Si se ha de reestablecer algún tipo de confianza entre esta institución y los mexicanos, tendrá que dejarse de lado el autoritarismo y colaborar en el esclarecimiento de sus intervenciones irregulares (como en el caso de Tlatlaya y tantos otros).
Toda la contribución internacional para exigir y hacer justicia en el caso Ayotzinapa y así establecer precedentes para que no se vuelva a repetir, es bienvenida, pero lo más importante es: No hacer a un lado a los agraviados.
Gente como Álvarez Icaza y Sicilia no han querido aceptar o entender que el problema ya no se soluciona con la mera intervención de las instituciones tal y como existen actualmente en México por más convenios de derechos humanos que firmen y presuman practicar. La solución pasa por una transformación política que esté en la condición y legitimidad de hacer cumplir lo jurídico; la Constitución, de entrada. De otra manera, las acciones civiles de justo reclamo terminan siendo desviadas y concluyen por legitimar a quien es el responsable de la problemática social. Como fue el caso de Calderón y pudiera ser el de Peña y su gobierno.
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