
Se esperaba que los legisladores leyeran la “letra chiquita”, de la que el embajador Jesús Seade negó su existencia
No habían transcurrido ni 72 horas de haber lanzado las campanas al vuelo por haber logrado un acuerdo sobre varios asuntos polémicos para la relación económica entre México, Estados Unidos y Canadá con lo que quedaría cerrado el complejo capítulo del T-MEC con el que el gobierno mexicano aseguró que sería la catapulta del progreso nacional.
Fue tanta la euforia política que el Senado ratificó en unas cuantas horas de discursos que carecieron del análisis de las oscuras negociaciones llevadas a cabo durante 12 meses y un día que privilegiaron acuerdos diplomáticos y políticos, cuando el objetivo tenía que ser económico.
Los detalles de lo pactado no fluyeron entre la sociedad y mucho menos entre empresarios y trabajadores que, como factores de la producción, estarían directamente involucrados con la decisión final.
Pero lo peor fue en el Senado en donde se votó prácticamente a ciegas (solamente hubo un voto en contra) un documento que somete a las exigencias de la Casa Blanca el destino y contenido de la economía mexicana.
Los legisladores en su ignorancia y desinformación se conformaron con el hecho de que el T-MEC puede tener un efecto global positivo sobre el crecimiento debido a que, por las ventajas comparativas entre los países, la producción intensiva en mano de obra calificada probablemente aumente en México.
Pero eso es la parte más amplia del acuerdo. En este espacio se han reseñado diversos temas que, por asegurar un proceso de integración económica con las naciones más poderosas de América del Norte, no está garantizado el progreso ni certidumbre para la inversión en nuestro país.
Avances en ciencia, tecnología o telecomunicaciones no fueron prioritarias, además de que las cuestiones ambientales y de salud también, por mencionar algunos, se postergaron porque no hay reciprocidad de los socios económicos.
Se esperaba que los legisladores leyeran la “letra chiquita”, de la que el embajador Jesús Seade negó su existencia, aunque la opacidad de un acuerdo sin difusión ahora se pretende promover como un engaño.
Las evidencias exponen que el contenido de las negociaciones no fue público. La propaganda resultó fluida pero no los pormenores y con esa frivolidad extendieron su aval los senadores de todos los partidos.
El viernes, el mismísimo presidente Donald Trump envió a la Cámara de Representantes la iniciativa de Ley de Implementación HR3450 que en su parte medular contempla cinco plazas para que igual número de agregados que se encargarían de supervisar que México cumpla con los compromisos en materia laboral, a partir de que entre en vigor el T-MEC.
La embajada estadounidense en nuestro país dejó ver que prepara los espacios para el desempeño de esos inspectores.
Desde su ingenuidad las autoridades mexicanas habían asegurado horas antes que bastaba la reforma laboral y que en el peor de los casos se abrirían paneles de solución de controversias, por lo que ese tipo de figuras habían sido descartada.
Pero nuevamente la realidad atropelló nuevamente a los optimistas discursos gubernamentales.
La información fluyó entonces, pero desde Washington y con tal contundencia que rompió el placentero descanso sabatino del embajador Seade quien salió apresurado a tratar de difundir que, si bien se trata de un proceso legal, “incluye los compromisos tomados y otras cosas internas, como necesidades presupuestales derivadas del tratado, el rediseño de sus instituciones, etc.”. Lo que resulta ser la misma gata, pero revolcada.
Sin poder ocultar la candidez de la negociación las autoridades mexicanas corrieron hacia Washington para pedir explicaciones o algún villancico con el que pueda cantar que en el T-MEC no hay “letras chiquitas”.
Y ya ocurrió lo que se aseguró que no sucedería.
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