COLUMNAS
Un dato sobre #Ayotzinapa en The New Yorker
Se trata de que al menos todo quede claro. La justicia debiera venir a partir de allí.
Un texto de Francisco Goldman el pasado fin de semana en la revista The New Yorker, hace un buen resumen de lo que ha venido sucediendo y se ha dicho sobre la tragedia de Ayotzinapa y su contexto dentro de la política nacional (“Crisis in Mexico: Who Is Really Responsible for the Missing Forty-three?”; 07-02-15).
El autor concluye lo que la mayoría de los analistas serios en México e incluso algunos usualmente progobiernistas: Existe una grave crisis de credibilidad. En el caso de Ayotzinapa y en general en la mayoría de los ámbitos institucionales de la nación.
Así, aun suponiendo que la versión “histórica” de Murillo Karam fuera válida, se enfrenta al estado de la escasa credulidad de los mexicanos. Y en cuanto a Ayotzinapa, las irregularidades en la investigación, la negativa de abrir líneas de indagación que involucren al ejército, el deseo de cerrar el caso cuando no hay pruebas irrebatibles que validen la versión oficial, entre otros elementos, despiertan la inmediata suspicacia contra el gobierno.
En este contexto, Goldman cita un dato concreto al cual no se le ha dado la relevancia necesaria, la declaración del físico de la UNAM, Jorge Antonio Montemayor, quien junto con otros científicos sostiene que los estudiantes no fueron quemados en el basurero de Cocula (“Si no fue así, hay tres posibles destinos: Están vivos, fueron muertos por narcotraficantes y los enterraron, algo que les sale más barato o, fueron incinerados en algún lado”; sinembargo.com). Un dato que con certeza se hace extensible de manera retrospectiva cuando menos hasta el punto en que estallara la violencia abierta a raíz de la criminal guerra iniciada por Felipe Calderón:
“Look at all the reports of assassinations carried out by narcotraffickers in the two months since the events of Ayotzinapa: the victims were dismembered, decapitated, cooked in acid, tossed into a metre-and-a-half-deep well filled with gasoline, but I don’t know of a single case where a narco has cremated [victims] and shown any worry about leaving DNA.” (The New Yorker, cit.). Dato que va unido a otros sobre los requerimientos mínimos para poder cremar y reducir a prácticamente la nada a 43 cuerpos, incluido su ADN.
En efecto, los registros periodísticos no dan cuenta, en el lapso de 8 años, de un caso similar al de Ayotzinapa. Hasta los criminales habían tenido ciertos límites. Más allá de la saña y la brutalidad (¿quién diría que podía haber más?), el obstinado afán por hacer desaparecer toda evidencia de los desgraciados jóvenes normalistas resulta increíble. Esto no lo ha aceptado la sociedad y por ello Murillo no puede imponer “su” verdad ni cerrar el caso. Y no se trata de sembrar dudas, como él ha dicho de manera poco cordial en contra de los especialistas argentinos involucrados en el caso y las familias de las víctimas. Se trata de que al menos todo quede claro. La justicia debiera venir a partir de allí.
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