posibilita vulnerar garantías individuales, afirma el ombudsmanGonzález Pérez

La LSI, contraria a la reforma en derechos humanos: CNDH

En la controversia ante la SCJN se objetó la norma; no es contra las fuerzas armadas

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 25 de enero de 2018, p. 3

La Ley de Seguridad Interior (LSI) contraviene la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, porque abre la posibilidad de vulnerar derechos y libertades básicas, deja a las fuerzas armadas la conducción de instituciones civiles, afecta el equilibrio entre la Federación y los estados, las instituciones, órganos del Estado y los poderes, afirmó ayer el ombudsman Luis Raúl González Pérez.

En su informe al Congreso correspondiente al ejercicio 2017, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a los partidos políticos a desterrar diatribas y agravios en la campaña y evitar que el intercambio de ideas se vuelva intransigente o fanático.

González Pérez reportó que 2017 será considerado año atípico, porque es en el que se han emitido más recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos. Los índices históricos de violencia y delitos, así como la percepción mayoritaria de inseguridad son evidencia clara y objetiva de que las autoridades han fallado en su obligación y responsabilidad básica de proporcionar niveles mínimos de seguridad, resaltó.

Queremos más y mejor seguridad

Durante la presentación del informe, al dar respuesta a las preguntas de senadores y diputados, y más tarde en conferencia de prensa, acotó que si la CNDH interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la LSI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se debe a que no está de acuerdo con su contenido, pero no porque esté en contra de las fuerzas armadas, a las que hizo un reconocimiento.

Queremos más y mejor seguridad, lo cual es un derecho y un reclamo de la sociedad, pero esa seguridad no puede lograrse a cualquier costo, indicó.

Hizo un llamado al Congreso a dar respuesta a la violencia e inseguridad, pero que atienda las causas estructurales que generan esos problemas y no limitarse sólo a atender sus consecuencias. Consideró indispensable aprobar un marco legal para la construcción de una cultura de paz y reconciliación en México.

Dijo que si bien las quejas y recomendaciones a las secretarías de la Defensa Nacional y Marina se redujeron respecto de 2016, aún se les señala como responsables de presuntas violaciones a derechos humanos que involucrarían conductas de evidente gravedad, como tortura, desaparición forzada o ejecución arbitraria.

Ante ese panorama, pidió que las autoridades civiles recuperen la seguridad pública, porque en tanto las fuerzas armadas no regresen a sus tareas es previsible que esas imputaciones continúen el desgaste y debilitamiento de la credibilidad y confianza de la sociedad en sus instituciones.