Mientras que Peña Nieto está entregado a una permanente celebración en el extranjero que incluye elogios de la prensa ligada al capital trasnacional, premios y reconocimientos por parte de países, grupos y fundaciones que son potenciales beneficiarios de la llamada reforma energética, el país de hoy heredado por el PRI que lo gobernó por setenta años y por el PAN durante doce (que incluye la increíble variante de genocidio propiciada por la política de Felipe Calderón), hunde cada vez más sus cansados pies en la violencia y el crimen.
Y no se trata propiamente de reyertas de la ley contra el crimen o de violencia entre grupos del crimen organizado (o no solamente), los recientes casos que han sido ventilados, que han sido exhibidos por la prensa nacional e internacional, tratan de la violencia del Estado contra la sociedad, contra presuntos criminales (que sólo son “presuntos”, que merecen un juicio, en todo caso), contra estudiantes y civiles. Y en resumen, contra los jóvenes.
En los dos casos más sonados -la que es ya considerada como la matanza o masacre de Tlatlaya a cargo del ejército (Human Rights Watch), y el ataque a estudiantes y deportistas en Iguala, Guerrero, en el que participaron fuerzas federales, estatales, municipales y un grupo de embozados-, los muertos han sido jóvenes, incluso, menores de edad, según ha reportado la prensa (Erika Gómez González, de 15 años, en Tlatlaya, y el futbolista de la tercera división, David García Evangelista, también de 15).
Aquí una primera conclusión: Un ente social que asesina a sus jóvenes, sean o no delincuentes (y en todo caso, ¿cuál es el porqué de los jóvenes delincuentes?), no tiene futuro: literal. El futuro es liquidado. Entre Tlatlaya e Iguala la suma es de 30 muchachos asesinados (en Guerrero continúan 43 desaparecidos de un total de 57 reportados como tal).
En el caso de Tlatlaya, la versión oficial (complicidad o complacencia de los militares, el gobierno y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo titular carece de autonomía y ha sido acusado, cuando busca la reelección, de complacer al poder e incumplir con su obligación), la que señala que presuntos delincuentes fueron “abatidos” en un enfrentamiento contra el ejército, fue desenmascarada por la acción de la prensa internacional, por la entrevista clave de la revista Esquire a una de las sobrevivientes de la masacre que denunció anónimamente la ejecución realizada por los militares contra quienes ya habían sido sometidos en una bodega perdida del Estado de México y, quién lo diría, la demanda de Barack Obama para esclarecer el asunto. De no ser así, estaríamos aún con la versión oficial.
En el caso del Estado de Guerrero, habría que esclarecer esa extraña unión de fuerzas policiacas y de enmascarados para atacar a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y, a propósito o por confusión, a un autobús que trasportaba futbolistas.
Y los crímenes en todo el país son nota cotidiana de nueva cuenta (el secretario general del PAN en Guerrero, el diputado del PRI en Jalisco; por citar a los “famosos”), después de que, como han señalado los analistas, durante el tiempo de la imposición de la llamada reforma energética el crimen organizado y la violencia general parecieron haber hecho una tregua. ¿O tal vez el fenómeno se explique porque el silencio fue impuesto por los medios masivos de comunicación oficialistas que dejaron de informar profusamente al respecto?
Independientemente de que pareciera que no hay una diferencia sustancial entre los gobiernos de Calderón y Peña, lo más preocupante de todo es que el objetivo de los crímenes recientes han sido los jóvenes.
Ahora que los estudiantes salen a las calles para protestar en contra de la arbitrariedad de la directora del Instituto Politécnico Nacional, cuando jóvenes inconformes se manifiestan en el país por razones diversas, el gobierno federal tendrá que ser cauto y no caer en la tentación del autoritarismo y la represión. Y si va a atender las problemáticas, que no se trate de mera simulación, utilización política o justicia selectiva; como ha venido ocurriendo en diversos asuntos del país.
Y es que el antecedente inmediato existe, cuando las movilizaciones de los dos últimos años, desde la toma de posesión de Peña, han sido infiltradas, encapsuladas y aun reprimidas, cuando una zona antes abierta para la libre expresión política, el Zócalo, ha sido tomada por fuerzas federales y de la ciudad de México a cargo de Peña y Miguel Mancera.
Y el antecedente histórico existe también, no se olvida y se recuerda en un par de días: el 2 de octubre de 1968
Jenaro Villamil 
