M
Siempre que se produce un cambio en la rectoría de la UNAM, surge la pregunta de si el gobierno en turno influye (o trata de influir) en la decisión de la Junta de Gobierno, única instancia facultada, de acuerdo con la Ley Orgánica de la universidad, para tomar esa decisión. Hace unos días, el presidente en turno de ese órgano universitario de gobierno, el doctor Manuel Peimbert, en entrevista realizada por Rosa Elvira Vargas y Emir Olivares, publicada el sábado en este diario, dijo que no están sujetos a ningún tipo de presión… Yo le creo.
Las circunstancias en las que hoy se produce el relevo son muy diferentes a las que se habían presentado antes. Puede decirse que es la primera vez que el cambio ocurre en el contexto de un gobierno panista. Hace ocho años, cuando renunció el doctor Francisco Barnés de Castro a la rectoría, el Partido Acción Nacional no estaba todavía en el poder. El gobierno del presidente Fox no tuvo ninguna posibilidad de influir sobre el gobierno de la UNAM, a excepción de su intención de dañarla, por su inocultable desprecio hacia la educación superior pública. Bajó los presupuestos para la educación y la ciencia a niveles que parecían imposibles. Pero no tuvo éxito, o fue relativo, gracias a la férrea defensa de la institución por parte de los universitarios y la sociedad, con el doctor Juan Ramón de la Fuente a la cabeza. La pretensión de someter a la Universidad Nacional pudo contrarrestarse por la acción de los legisladores, quienes corrigieron parcialmente los yerros presupuestarios del mandatario y colocaron, en letras de oro, el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México en los muros del Congreso. Se expresaba así la naciente independencia entre los poderes de la Unión.
Felipe Calderón llegó al poder mediante una elección con resultados más que dudosos. Esto no es un invento. Es parte de lo que conforma el clima político que vive el país. El 2 de julio de 2006 dividió a la sociedad mexicana a niveles que todavía parecen irreconciliables. La UNAM, una de las instituciones más críticas con las que cuenta México, no ha estado al margen de esta controversia. Un gran número de científicos, profesores, alumnos y trabajadores, basados en diferentes datos, no están convencidos de los resultados de ese proceso… Otros sí.
El pasado domingo, la Junta de Gobierno hizo pública la convocatoria para la elección del rector. En una de sus partes, se invita a los integrantes de la comunidad a participar en este proceso y a expresarse con libertad y responsabilidad. En este contexto surge una pregunta: ¿quiénes, en el contexto de las elecciones del 2 de julio, y que son protagonistas en el proceso de selección del nuevo rector, avalaron la limpieza de las elecciones e, implícitamente, han reconocido el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa?
Es simplemente un dato. Significa que hay universitarios que observan a Calderón como un presidente surgido de un proceso legítimo. Ni siquiera implica que estén de acuerdo con sus políticas hacia la educación superior pública, laica y gratuita, que por cierto (y creo que en esto todos o casi todos estamos de acuerdo) son sumamente peligrosas y dañinas para la institución. Es más, posturas como la señalada, son evidencia de la pluralidad que existe en la UNAM, en la que se expresan, sin ninguna limitación, todas las corrientes de pensamiento. Además, podría inclusive pensarse que estos puntos de vista podrían ser algo beneficioso para una institución urgida, según algunos, de acuerdos con el gobierno federal que garanticen el desarrollo adecuado de sus funciones. Pero veamos el dato, que por lo demás es completamente verificable.
Se puede encontrar en un comunicado firmado por más de 100 intelectuales que sostuvieron –después de que el Instituto Federal Electoral (IFE) dio a conocer los resultados de las elecciones, antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera sobre las mismas– que el IFE, salvo algunos errores puntuales, había realizado una labor merecedora de su reconocimiento, por su independencia e imparcialidad. Yo perdí el periódico en el que se publicó este manifiesto, pero luego lo rencontré en Internet, en la página: www.felipecalderon-presidente.mx.gs con el título: “No hubo fraude: 135 intelectuales”. En efecto, los firmantes señalan: “No encontramos evidencias firmes que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado en contra o en favor de alguno de los candidatos”.
Entre los firmantes aparecen varios universitarios distinguidos. No los voy a mencionar a todos, pero sí a algunos que llamaron mi atención: hay dos ex rectores, dos integrantes de la actual Junta de Gobierno de la UNAM y un candidato a la rectoría, anunciado antes de la convocatoria: José Sarukhán Kermez y Guillermo Soberón aparecen entre los firmantes. También, dos de los 15 integrantes de la Junta: Olbeth Hansberg y Álvaro Matute, y José Antonio de la Peña, aspirante a la rectoría.
De los ex rectores, pienso que tienen diferentes grados de aproximación con el gobierno de Calderón. Consideraron generosamente que debían actuar como “bisagras” ante el riesgo de un país dividido. Creo que Soberón no puede estar muy contento, pues la Secretaría de Salud, algo que pudieron haberle consultado, fue entregada, sin más, a la Iglesia católica y a Provida. Sarukhán, por su parte, participa en algunos actos oficiales de Calderón y tiene nexos, en modo alguno censurables, con la política exterior del actual gobierno. Hansberg y Matute actúan en función de lo que realmente piensan, nadie puede dudar de su honestidad intelectual, más bien actuaron por su pertenencia a algunos grupos de intelectuales, antes que de sus responsabilidades para con la UNAM. O igual para ambas. De la Peña es el único candidato a la rectoría que, al menos explícitamente, se ha pronunciado en favor de la limpieza del triunfo electoral de Felipe Calderón Hinojosa.
Pero, todo lo anterior no importa. A fin de cuentas, esto es lo que quizá pudiera parecerle más conveniente a la Junta de Gobierno.
Anterior