sábado, 22 de marzo de 2008
lunes, 17 de marzo de 2008
viernes, 14 de marzo de 2008
Resulta que el periódico El País destaca finalmente el escándalo del martito. Y dice El País lo siguiente:
El renacer de López Obrador, que considera a Calderón como presidente ilegítimo producto de un fraude electoral, tiene que ver con la pésima política de comunicación del Gobierno, que ha reaccionado con una lentitud pasmosa. Mouriño ha puesto en manos de la fiscalía de la nación la documentación de los contratos, con la esperanza de salir airoso de la investigación. Tal vez lo logre, pero la opinión parece por ahora reacia a exonerarlo.
Razón por la cual El Universal publica esta nota:
Se extingue Mouriño; renace López Obrador
Destaca el elpais.com el conflcito que afronta el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el impulso que este asunto le ha dado a López Obrador
Según El País, lo de Mouriño es la primer crisis del gobierno ESPURIO. Como se ve que no se enteraron del chinogate.
La cosa es que el escándalo de los contratos del martito fue probablemente el golpe más fuerte que le ha atizado el Peje al PELELE. Lo interesante del caso es que, dicen los que saben, NO es el total de los ases bajo la manga que tiene el Peje para pegarle--y duro--al PELELE por medio del martito.
Tal vez por eso al martito se le FRUNCE EL CULO ante el prospecto de debatir con el Peje, quien lo ha retado a debatir sobre la legalidad de los contratos que firmó. Dice El Universal:
AMLO emplaza a Mouriño a un debate por tv
Asegura que tiene más información; desestima enviar contratos a la PGR
Hay que estar atentos para ver que misil le suelta ahora el martito, ya que el martito dijo que no había más contratos que los que le entregó a la PGR. PERO ayer dijo el Peje según El Universal:
“Yo le propongo que presentemos frente a frente los papeles, yo tengo más información acerca de cómo él se ha dedicado a traficar con sus cargos, y esto lo podemos ventilar públicamente en un programa de Televisa o Azteca, donde él decida, con un árbitro, en una mesa para intercambiar puntos de vista”.
López Obrador, ex candidato presidencial del PRD, restó credibilidad a la entrega de contratos que hizo Mouriño a la Procuraduría General de la República (PGR), para que investigue; es una “faramalla”, porque la dependencia protegerá al secretario de Gobernación, dijo el perredista.
“No se ande por las ramas, que no quiera escabullirse con la protección de la PGR que ya sabemos que es una institución al servicio del pelele de Calderón y Mouriño”.
Insisto: dicen los que saben que el Peje tiene bastantes ases bajo la manga con los cuales abrirle boquetes aún más grandes al gobierno ESPURIO por medio del martito. Así que si el martito sigue de necio aferrado a quedarse en gobernación y no renuncia, cada misil que le lance el Peje va a llevarse entre las patas no sólo al PELELE, sino a todo el PAN, ya que el electorado está de plano asqueado con estas marranadas del martito. Y recordemos: medio PAN detesta al martito por transa, déspota y culebra.
El renacer de López Obrador, que considera a Calderón como presidente ilegítimo producto de un fraude electoral, tiene que ver con la pésima política de comunicación del Gobierno, que ha reaccionado con una lentitud pasmosa. Mouriño ha puesto en manos de la fiscalía de la nación la documentación de los contratos, con la esperanza de salir airoso de la investigación. Tal vez lo logre, pero la opinión parece por ahora reacia a exonerarlo.
Razón por la cual El Universal publica esta nota:
Se extingue Mouriño; renace López Obrador
Destaca el elpais.com el conflcito que afronta el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el impulso que este asunto le ha dado a López Obrador
Según El País, lo de Mouriño es la primer crisis del gobierno ESPURIO. Como se ve que no se enteraron del chinogate.
La cosa es que el escándalo de los contratos del martito fue probablemente el golpe más fuerte que le ha atizado el Peje al PELELE. Lo interesante del caso es que, dicen los que saben, NO es el total de los ases bajo la manga que tiene el Peje para pegarle--y duro--al PELELE por medio del martito.
Tal vez por eso al martito se le FRUNCE EL CULO ante el prospecto de debatir con el Peje, quien lo ha retado a debatir sobre la legalidad de los contratos que firmó. Dice El Universal:
AMLO emplaza a Mouriño a un debate por tv
Asegura que tiene más información; desestima enviar contratos a la PGR
Hay que estar atentos para ver que misil le suelta ahora el martito, ya que el martito dijo que no había más contratos que los que le entregó a la PGR. PERO ayer dijo el Peje según El Universal:
“Yo le propongo que presentemos frente a frente los papeles, yo tengo más información acerca de cómo él se ha dedicado a traficar con sus cargos, y esto lo podemos ventilar públicamente en un programa de Televisa o Azteca, donde él decida, con un árbitro, en una mesa para intercambiar puntos de vista”.
López Obrador, ex candidato presidencial del PRD, restó credibilidad a la entrega de contratos que hizo Mouriño a la Procuraduría General de la República (PGR), para que investigue; es una “faramalla”, porque la dependencia protegerá al secretario de Gobernación, dijo el perredista.
“No se ande por las ramas, que no quiera escabullirse con la protección de la PGR que ya sabemos que es una institución al servicio del pelele de Calderón y Mouriño”.
Insisto: dicen los que saben que el Peje tiene bastantes ases bajo la manga con los cuales abrirle boquetes aún más grandes al gobierno ESPURIO por medio del martito. Así que si el martito sigue de necio aferrado a quedarse en gobernación y no renuncia, cada misil que le lance el Peje va a llevarse entre las patas no sólo al PELELE, sino a todo el PAN, ya que el electorado está de plano asqueado con estas marranadas del martito. Y recordemos: medio PAN detesta al martito por transa, déspota y culebra.
Calderón afronta la primera crisis de su Gobierno en México
FRANCESC RELEA - México - 14/03/2008
Vota Resultado 78 votos
"No renunciaré", ha dicho tajante Juan Camilo Mouriño, el colaborador más estrecho del presidente mexicano, Felipe Calderón, acusado de tráfico de influencias. Pese a la rotundidad de sus palabras, la vida política del joven ministro de Gobernación de México, de 36 años, se extingue a fuego lento.
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
La fiscalía ha abierto una investigación para determinar si violó la ley, el Congreso se dispone a hacer lo propio, la presidenta de la Cámara de Diputados ha pedido su dimisión, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, busca defenestrarle a cualquier precio. El caso se ha convertido en la primera crisis del Gobierno conservador de Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional (PAN).
La popularidad de Mouriño está por los suelos, según la empresa de encuestas María de las Heras. El 85% de mexicanos consultados en un sondeo opina que lo que hizo es moralmente incorrecto, y el 68% piensa que debería dimitir. Pero, ¿qué hizo el ministro nacido en Madrid e hijo de un emigrante gallego, Carlos Mouriño Atanes, presidente y propietario del club de fútbol Celta de Vigo? Como apoderado legal de la empresa familiar Transportes Especializados Ivancar firmó siete contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex), el gigantesco monopolio estatal, entre 2000 y 2003. El detalle que ha desatado el escándalo es que en aquella época Juan Camilo Mouriño era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y, posteriormente, alto funcionario de la Secretaría de Energía, cuando el titular de este ministerio era Felipe Calderón.
Esta delicada información cayó en manos de Andrés Manuel López Obrador, líder del PRD y candidato presidencial derrotado en las controvertidas elecciones de 2006. Y éste ha ido suministrando en pequeñas dosis detalles de los contratos firmados por el empresario convertido en político, lo que le ha permitido recuperar protagonismo político en plena disputa interna en su partido, que el domingo próximo elegirá al nuevo presidente.
El renacer de López Obrador, que considera a Calderón como presidente ilegítimo producto de un fraude electoral, tiene que ver con la pésima política de comunicación del Gobierno, que ha reaccionado con una lentitud pasmosa. Mouriño ha puesto en manos de la fiscalía de la nación la documentación de los contratos, con la esperanza de salir airoso de la investigación. Tal vez lo logre, pero la opinión parece por ahora reacia a exonerarlo.
FRANCESC RELEA - México - 14/03/2008
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"No renunciaré", ha dicho tajante Juan Camilo Mouriño, el colaborador más estrecho del presidente mexicano, Felipe Calderón, acusado de tráfico de influencias. Pese a la rotundidad de sus palabras, la vida política del joven ministro de Gobernación de México, de 36 años, se extingue a fuego lento.
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La fiscalía ha abierto una investigación para determinar si violó la ley, el Congreso se dispone a hacer lo propio, la presidenta de la Cámara de Diputados ha pedido su dimisión, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, busca defenestrarle a cualquier precio. El caso se ha convertido en la primera crisis del Gobierno conservador de Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional (PAN).
La popularidad de Mouriño está por los suelos, según la empresa de encuestas María de las Heras. El 85% de mexicanos consultados en un sondeo opina que lo que hizo es moralmente incorrecto, y el 68% piensa que debería dimitir. Pero, ¿qué hizo el ministro nacido en Madrid e hijo de un emigrante gallego, Carlos Mouriño Atanes, presidente y propietario del club de fútbol Celta de Vigo? Como apoderado legal de la empresa familiar Transportes Especializados Ivancar firmó siete contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex), el gigantesco monopolio estatal, entre 2000 y 2003. El detalle que ha desatado el escándalo es que en aquella época Juan Camilo Mouriño era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y, posteriormente, alto funcionario de la Secretaría de Energía, cuando el titular de este ministerio era Felipe Calderón.
Esta delicada información cayó en manos de Andrés Manuel López Obrador, líder del PRD y candidato presidencial derrotado en las controvertidas elecciones de 2006. Y éste ha ido suministrando en pequeñas dosis detalles de los contratos firmados por el empresario convertido en político, lo que le ha permitido recuperar protagonismo político en plena disputa interna en su partido, que el domingo próximo elegirá al nuevo presidente.
El renacer de López Obrador, que considera a Calderón como presidente ilegítimo producto de un fraude electoral, tiene que ver con la pésima política de comunicación del Gobierno, que ha reaccionado con una lentitud pasmosa. Mouriño ha puesto en manos de la fiscalía de la nación la documentación de los contratos, con la esperanza de salir airoso de la investigación. Tal vez lo logre, pero la opinión parece por ahora reacia a exonerarlo.
sábado, 8 de marzo de 2008
AY SEÑOR!!! DONDE ESTAN LOS PAPELITOS QUE SON LOS QUE HABLAN!!!
´PORQUE LOS MEXICANOS YA VIMOS QUE ES UD UN VERDADERO ESPAÑOL QUE NUNCA HA RENUNCIADO A SU NACIONALIDAD Y DEBIO HABERLO HECHO!! AGUAS!!! PORQUE HA VIVIDO ENGAÑADO SI CREE QUE LOS MEXICANOS SON TONTOS, NI LOS GALLEGOS LO SON PERO A UD LE CORRESPONDE ESTAR EN SU PAIS, CON ELLOS, VALE???
La planilla No. 167 es encabezada por Ferrer Galván en el D.F. y por Lorena Sosa en el Estado de México (Liga Nacional de Comités Ciudadanos en Resistencia)
Planilla de la Resistencia y de la
Casa Obradorista
La planilla No. 1 es de Izquierda Democrática Nacional IDN, Equipo de Dolores Padierna,
La planilla No. 25 es de Izquierda Social, equipo de Marti Batres
La planilla No. 228 es encabezada por Gerardo Fernández Noroña
Si estas registrado en el PRD, podrás votar el próximo domingo 16 de Marzo.
Que ningún voto vaya para los chuchos, es momento de limpiar al PRD de los traidores y vendepatrias.
Planilla de la Resistencia y de la
Casa Obradorista
La planilla No. 1 es de Izquierda Democrática Nacional IDN, Equipo de Dolores Padierna,
La planilla No. 25 es de Izquierda Social, equipo de Marti Batres
La planilla No. 228 es encabezada por Gerardo Fernández Noroña
Si estas registrado en el PRD, podrás votar el próximo domingo 16 de Marzo.
Que ningún voto vaya para los chuchos, es momento de limpiar al PRD de los traidores y vendepatrias.
viernes, 7 de marzo de 2008
jueves, 6 de marzo de 2008
EditorialPemex: ¿privatización de clóset?
El pasado 17 de febrero comenzó a circular en Internet un video promocional, cuya factura fue atribuida inicialmente al gobierno federal, en el cual se justificaban las “alianzas” de Petróleos Mexicanos (Pemex) con empresas extranjeras, a fin de explotar los yacimientos de hidrocarburos que se encuentran en aguas profundas. Días más tarde, el 28 de ese mes, las autoridades negaron haber participado en la fabricación de ese material y arguyeron que había sido elaborado por una agencia de publicidad que trabaja para la paraestatal, como parte de una campaña que se hallaba aún en fase experimental. Finalmente, anteayer se empezó a difundir en televisión –en horario estelar y con la firma de Pemex– una versión terminada de ese video, de la que se eliminó la palabra “alianza”, aunque se subraya la necesidad de “aprovechar la tecnología y la experiencia de quienes ya extraen el petróleo” de grandes profundidades. En sintonía, la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, planteó ayer a diputados panistas la necesidad de empezar a explotar los yacimientos situados en aguas profundas, con el argumento de que los recursos calculados de esos depósitos “podrían equivaler a otro Cantarell” y “podríamos estar perdiendo la oportunidad de aprovechar lo que nos corresponde”.
En los últimos meses, la administración que encabeza Felipe Calderón Hinojosa ha negado sistemáticamente que tenga lista una reforma en materia energética. El titular del Ejecutivo federal dijo incluso, durante su gira reciente por Estados Unidos, que había “tres opciones” respecto de qué hacer con Pemex: dejar la empresa como está, destinarle más recursos –que, propuso, saldrían de recortes al gasto social– o analizar lo que han hecho otras petroleras estatales en el mundo. Sin embargo, la existencia y difusión del video referido, en sus distintas versiones, ya sea que lo firme el gobierno federal o Pemex, y con o sin la palabra “alianza”, pone en evidencia que el gabinete calderonista ha tomado ya su decisión en esa materia: intercambiar con empresas extranjeras propiedad o copropiedad del subsuelo por tecnología para su explotación.
No hay razón para ceder parte o la totalidad de la propiedad de los hidrocarburos al capital foráneo, ni para hipotecar los recursos naturales del país en contratos que, en plazos no tan largos, resultan lesivos para la soberanía nacional, como ilustra la disputa judicial que la transnacional Exxon presentó contra Venezuela. La misma explotación actual de crudo aporta recursos suficientes, y hasta sobrados, para adquirir la tecnología necesaria para extraerlo de aguas profundas. La dificultad técnica esgrimida constantemente por el gobierno federal parece, pues, un mero pretexto para abrir a particulares una industria que pertenece en forma exclusiva, y por mandato constitucional, a la nación.
Sea o no cierta la consigna de que “México tiene un tesoro escondido debajo del mar”, la difusión del promocional referido deja en claro que el gobierno federal practica una indeseable política de clóset: en vez de recabar el punto de vista de la sociedad para fijar una postura, toma decisiones en lo oscuro y luego busca imponerlas a la opinión pública. Las razones de esta táctica vergonzante saltan a la vista: elaborar una iniciativa formal de reformas legales para hacer partícipe al capital privado de la riqueza petrolera del país tendría un altísimo costo político y social para el gobierno calderonista y generaría el rechazo mayoritario de la población. Adicionalmente, el episodio exhibe la criticable tendencia de los gobernantes panistas a buscar, por la vía de los espots y de su impacto en la opinión pública, lo que sería muy oneroso conseguir por medio de los caminos institucionales.
Por lo demás, las maniobras para privatizar a trasmano no beneficiarán al actual régimen; por el contrario, es de suponer que esa estrategia agravará, en general, su déficit de legitimidad de origen y, en particular, dará combustible adicional al escándalo en curso por los señalamientos en contra del actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien presuntamente se ha beneficiado de cargos pasados para obtener contratos petroleros para sí y sus familiares.
En suma, el gobierno federal debe llamar a las cosas por su nombre y admitir, de cara a la sociedad y de manera honesta, sus propósitos reales. El grupo en el poder está políticamente obligado a la transparencia; debe, por tanto, asumir sus intenciones, someterlas al debate público, arriesgarse a perderlo y buscar medios de pago de sus facturas políticas que no pasen por cesiones inaceptables en materia de soberanía y de la propiedad de los recursos naturales.
El pasado 17 de febrero comenzó a circular en Internet un video promocional, cuya factura fue atribuida inicialmente al gobierno federal, en el cual se justificaban las “alianzas” de Petróleos Mexicanos (Pemex) con empresas extranjeras, a fin de explotar los yacimientos de hidrocarburos que se encuentran en aguas profundas. Días más tarde, el 28 de ese mes, las autoridades negaron haber participado en la fabricación de ese material y arguyeron que había sido elaborado por una agencia de publicidad que trabaja para la paraestatal, como parte de una campaña que se hallaba aún en fase experimental. Finalmente, anteayer se empezó a difundir en televisión –en horario estelar y con la firma de Pemex– una versión terminada de ese video, de la que se eliminó la palabra “alianza”, aunque se subraya la necesidad de “aprovechar la tecnología y la experiencia de quienes ya extraen el petróleo” de grandes profundidades. En sintonía, la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, planteó ayer a diputados panistas la necesidad de empezar a explotar los yacimientos situados en aguas profundas, con el argumento de que los recursos calculados de esos depósitos “podrían equivaler a otro Cantarell” y “podríamos estar perdiendo la oportunidad de aprovechar lo que nos corresponde”.
En los últimos meses, la administración que encabeza Felipe Calderón Hinojosa ha negado sistemáticamente que tenga lista una reforma en materia energética. El titular del Ejecutivo federal dijo incluso, durante su gira reciente por Estados Unidos, que había “tres opciones” respecto de qué hacer con Pemex: dejar la empresa como está, destinarle más recursos –que, propuso, saldrían de recortes al gasto social– o analizar lo que han hecho otras petroleras estatales en el mundo. Sin embargo, la existencia y difusión del video referido, en sus distintas versiones, ya sea que lo firme el gobierno federal o Pemex, y con o sin la palabra “alianza”, pone en evidencia que el gabinete calderonista ha tomado ya su decisión en esa materia: intercambiar con empresas extranjeras propiedad o copropiedad del subsuelo por tecnología para su explotación.
No hay razón para ceder parte o la totalidad de la propiedad de los hidrocarburos al capital foráneo, ni para hipotecar los recursos naturales del país en contratos que, en plazos no tan largos, resultan lesivos para la soberanía nacional, como ilustra la disputa judicial que la transnacional Exxon presentó contra Venezuela. La misma explotación actual de crudo aporta recursos suficientes, y hasta sobrados, para adquirir la tecnología necesaria para extraerlo de aguas profundas. La dificultad técnica esgrimida constantemente por el gobierno federal parece, pues, un mero pretexto para abrir a particulares una industria que pertenece en forma exclusiva, y por mandato constitucional, a la nación.
Sea o no cierta la consigna de que “México tiene un tesoro escondido debajo del mar”, la difusión del promocional referido deja en claro que el gobierno federal practica una indeseable política de clóset: en vez de recabar el punto de vista de la sociedad para fijar una postura, toma decisiones en lo oscuro y luego busca imponerlas a la opinión pública. Las razones de esta táctica vergonzante saltan a la vista: elaborar una iniciativa formal de reformas legales para hacer partícipe al capital privado de la riqueza petrolera del país tendría un altísimo costo político y social para el gobierno calderonista y generaría el rechazo mayoritario de la población. Adicionalmente, el episodio exhibe la criticable tendencia de los gobernantes panistas a buscar, por la vía de los espots y de su impacto en la opinión pública, lo que sería muy oneroso conseguir por medio de los caminos institucionales.
Por lo demás, las maniobras para privatizar a trasmano no beneficiarán al actual régimen; por el contrario, es de suponer que esa estrategia agravará, en general, su déficit de legitimidad de origen y, en particular, dará combustible adicional al escándalo en curso por los señalamientos en contra del actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien presuntamente se ha beneficiado de cargos pasados para obtener contratos petroleros para sí y sus familiares.
En suma, el gobierno federal debe llamar a las cosas por su nombre y admitir, de cara a la sociedad y de manera honesta, sus propósitos reales. El grupo en el poder está políticamente obligado a la transparencia; debe, por tanto, asumir sus intenciones, someterlas al debate público, arriesgarse a perderlo y buscar medios de pago de sus facturas políticas que no pasen por cesiones inaceptables en materia de soberanía y de la propiedad de los recursos naturales.
EditorialPemex: ¿privatización de clóset?
El pasado 17 de febrero comenzó a circular en Internet un video promocional, cuya factura fue atribuida inicialmente al gobierno federal, en el cual se justificaban las “alianzas” de Petróleos Mexicanos (Pemex) con empresas extranjeras, a fin de explotar los yacimientos de hidrocarburos que se encuentran en aguas profundas. Días más tarde, el 28 de ese mes, las autoridades negaron haber participado en la fabricación de ese material y arguyeron que había sido elaborado por una agencia de publicidad que trabaja para la paraestatal, como parte de una campaña que se hallaba aún en fase experimental. Finalmente, anteayer se empezó a difundir en televisión –en horario estelar y con la firma de Pemex– una versión terminada de ese video, de la que se eliminó la palabra “alianza”, aunque se subraya la necesidad de “aprovechar la tecnología y la experiencia de quienes ya extraen el petróleo” de grandes profundidades. En sintonía, la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, planteó ayer a diputados panistas la necesidad de empezar a explotar los yacimientos situados en aguas profundas, con el argumento de que los recursos calculados de esos depósitos “podrían equivaler a otro Cantarell” y “podríamos estar perdiendo la oportunidad de aprovechar lo que nos corresponde”.
En los últimos meses, la administración que encabeza Felipe Calderón Hinojosa ha negado sistemáticamente que tenga lista una reforma en materia energética. El titular del Ejecutivo federal dijo incluso, durante su gira reciente por Estados Unidos, que había “tres opciones” respecto de qué hacer con Pemex: dejar la empresa como está, destinarle más recursos –que, propuso, saldrían de recortes al gasto social– o analizar lo que han hecho otras petroleras estatales en el mundo. Sin embargo, la existencia y difusión del video referido, en sus distintas versiones, ya sea que lo firme el gobierno federal o Pemex, y con o sin la palabra “alianza”, pone en evidencia que el gabinete calderonista ha tomado ya su decisión en esa materia: intercambiar con empresas extranjeras propiedad o copropiedad del subsuelo por tecnología para su explotación.
No hay razón para ceder parte o la totalidad de la propiedad de los hidrocarburos al capital foráneo, ni para hipotecar los recursos naturales del país en contratos que, en plazos no tan largos, resultan lesivos para la soberanía nacional, como ilustra la disputa judicial que la transnacional Exxon presentó contra Venezuela. La misma explotación actual de crudo aporta recursos suficientes, y hasta sobrados, para adquirir la tecnología necesaria para extraerlo de aguas profundas. La dificultad técnica esgrimida constantemente por el gobierno federal parece, pues, un mero pretexto para abrir a particulares una industria que pertenece en forma exclusiva, y por mandato constitucional, a la nación.
Sea o no cierta la consigna de que “México tiene un tesoro escondido debajo del mar”, la difusión del promocional referido deja en claro que el gobierno federal practica una indeseable política de clóset: en vez de recabar el punto de vista de la sociedad para fijar una postura, toma decisiones en lo oscuro y luego busca imponerlas a la opinión pública. Las razones de esta táctica vergonzante saltan a la vista: elaborar una iniciativa formal de reformas legales para hacer partícipe al capital privado de la riqueza petrolera del país tendría un altísimo costo político y social para el gobierno calderonista y generaría el rechazo mayoritario de la población. Adicionalmente, el episodio exhibe la criticable tendencia de los gobernantes panistas a buscar, por la vía de los espots y de su impacto en la opinión pública, lo que sería muy oneroso conseguir por medio de los caminos institucionales.
Por lo demás, las maniobras para privatizar a trasmano no beneficiarán al actual régimen; por el contrario, es de suponer que esa estrategia agravará, en general, su déficit de legitimidad de origen y, en particular, dará combustible adicional al escándalo en curso por los señalamientos en contra del actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien presuntamente se ha beneficiado de cargos pasados para obtener contratos petroleros para sí y sus familiares.
En suma, el gobierno federal debe llamar a las cosas por su nombre y admitir, de cara a la sociedad y de manera honesta, sus propósitos reales. El grupo en el poder está políticamente obligado a la transparencia; debe, por tanto, asumir sus intenciones, someterlas al debate público, arriesgarse a perderlo y buscar medios de pago de sus facturas políticas que no pasen por cesiones inaceptables en materia de soberanía y de la propiedad de los recursos naturales.
El pasado 17 de febrero comenzó a circular en Internet un video promocional, cuya factura fue atribuida inicialmente al gobierno federal, en el cual se justificaban las “alianzas” de Petróleos Mexicanos (Pemex) con empresas extranjeras, a fin de explotar los yacimientos de hidrocarburos que se encuentran en aguas profundas. Días más tarde, el 28 de ese mes, las autoridades negaron haber participado en la fabricación de ese material y arguyeron que había sido elaborado por una agencia de publicidad que trabaja para la paraestatal, como parte de una campaña que se hallaba aún en fase experimental. Finalmente, anteayer se empezó a difundir en televisión –en horario estelar y con la firma de Pemex– una versión terminada de ese video, de la que se eliminó la palabra “alianza”, aunque se subraya la necesidad de “aprovechar la tecnología y la experiencia de quienes ya extraen el petróleo” de grandes profundidades. En sintonía, la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, planteó ayer a diputados panistas la necesidad de empezar a explotar los yacimientos situados en aguas profundas, con el argumento de que los recursos calculados de esos depósitos “podrían equivaler a otro Cantarell” y “podríamos estar perdiendo la oportunidad de aprovechar lo que nos corresponde”.
En los últimos meses, la administración que encabeza Felipe Calderón Hinojosa ha negado sistemáticamente que tenga lista una reforma en materia energética. El titular del Ejecutivo federal dijo incluso, durante su gira reciente por Estados Unidos, que había “tres opciones” respecto de qué hacer con Pemex: dejar la empresa como está, destinarle más recursos –que, propuso, saldrían de recortes al gasto social– o analizar lo que han hecho otras petroleras estatales en el mundo. Sin embargo, la existencia y difusión del video referido, en sus distintas versiones, ya sea que lo firme el gobierno federal o Pemex, y con o sin la palabra “alianza”, pone en evidencia que el gabinete calderonista ha tomado ya su decisión en esa materia: intercambiar con empresas extranjeras propiedad o copropiedad del subsuelo por tecnología para su explotación.
No hay razón para ceder parte o la totalidad de la propiedad de los hidrocarburos al capital foráneo, ni para hipotecar los recursos naturales del país en contratos que, en plazos no tan largos, resultan lesivos para la soberanía nacional, como ilustra la disputa judicial que la transnacional Exxon presentó contra Venezuela. La misma explotación actual de crudo aporta recursos suficientes, y hasta sobrados, para adquirir la tecnología necesaria para extraerlo de aguas profundas. La dificultad técnica esgrimida constantemente por el gobierno federal parece, pues, un mero pretexto para abrir a particulares una industria que pertenece en forma exclusiva, y por mandato constitucional, a la nación.
Sea o no cierta la consigna de que “México tiene un tesoro escondido debajo del mar”, la difusión del promocional referido deja en claro que el gobierno federal practica una indeseable política de clóset: en vez de recabar el punto de vista de la sociedad para fijar una postura, toma decisiones en lo oscuro y luego busca imponerlas a la opinión pública. Las razones de esta táctica vergonzante saltan a la vista: elaborar una iniciativa formal de reformas legales para hacer partícipe al capital privado de la riqueza petrolera del país tendría un altísimo costo político y social para el gobierno calderonista y generaría el rechazo mayoritario de la población. Adicionalmente, el episodio exhibe la criticable tendencia de los gobernantes panistas a buscar, por la vía de los espots y de su impacto en la opinión pública, lo que sería muy oneroso conseguir por medio de los caminos institucionales.
Por lo demás, las maniobras para privatizar a trasmano no beneficiarán al actual régimen; por el contrario, es de suponer que esa estrategia agravará, en general, su déficit de legitimidad de origen y, en particular, dará combustible adicional al escándalo en curso por los señalamientos en contra del actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien presuntamente se ha beneficiado de cargos pasados para obtener contratos petroleros para sí y sus familiares.
En suma, el gobierno federal debe llamar a las cosas por su nombre y admitir, de cara a la sociedad y de manera honesta, sus propósitos reales. El grupo en el poder está políticamente obligado a la transparencia; debe, por tanto, asumir sus intenciones, someterlas al debate público, arriesgarse a perderlo y buscar medios de pago de sus facturas políticas que no pasen por cesiones inaceptables en materia de soberanía y de la propiedad de los recursos naturales.
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