Dinero

La señora presidenta en su laberinto // Contiene México nuevos préstamos; se endeudaba con un billón al año

Enrique Galván Ochoa

▲ La multinacional busca evitar las sanciones que le impiden concursar en licitaciones.Foto Afp

E

l gobierno de Bolivia –usurpador, golpista, de facto, transitorio, le vienen bien todos los calificativos– está tratando de hacerse de una buena imagen frente al pueblo boliviano –como defensor de la soberanía, nacionalista, patriota– y ha decidido pasarle la factura a los gobiernos de Mexico y España. Hay un riesgo: que la tragicomedia que ha montado alrededor de los asilados en la embajada de nuestro país se salga de control y tenga un desenlace impredecible. Por ejemplo, que elementos armados invadan la sede diplomática para llevárselos por la fuerza. No se ven funcionarios con experiencia en diplomacia en el gobierno boliviano y, sí, en cambio, a personajes rudos e impreparados como la propia presidenta, Jeanine Áñez. Estos son los últimos acontecimientos de la inesperada crisis de fin de año.

1. El gobierno boliviano declaró persona non grata a la embajadora de México María Teresa Mercado y a otros dos diplomáticos españoles. Les dio 72 horas para abandonar el país.

2. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, respondió con guante blanco diciendo que el gobierno de México no tiene intenciones de romper relaciones con el de Bolivia. La funcionaria está a cargo del changarro mientras el presidente López Obrador disfruta de unas vacaciones en su quinta de nombre picaresco.

3. AMLO no ha anunciado que interrumpirá su descanso. Sigue pensando reintegrarse hasta los primeros días de enero. El canciller, Marcelo Ebrard, está manejando la crisis en lo que toca a Relaciones Exteriores y lo está haciendo con profesionalismo y prudencia. Tienen contacto telefónico permanente.

4. El Ministerio de Asuntos Exteriores español dijo que expulsará a tres diplomáticos bolivianos de España como respuesta a la decisión del régimen de La Paz de sacar a los funcionarios españoles. ¿Cómo fue que se involucraron? La canciller boliviana, Karen Longaric, denunció que personal diplomático de España atropelló la soberanía de su país al intentar ingresar a la residencia oficial mexicana acompañado por elementos encapuchados. Los hispanos dijeron que se trató de una visita de cortesía.

¿Cuál será el desenlace? Los acontecimientos por venir darán la razón a los gobiernos de México y España.

La deuda

La Secretaría de Hacienda dio a conocer su reporte al mes de noviembre de las finanzas públicas y la deuda. El país, en manos del prianismo, venía endeudándose a razón de un billón de pesos por año. El nuevo gobierno logró contener el proceso.

A noviembre, el saldo de la deuda, en su concepto más amplio, incluyendo gobierno central, empresas y bancos estatales, ascendió a 10 billones 758 mil millones de pesos. Se compone de esta manera: deuda interna, 6 billones 909 mil millones; deuda externa, 197 mil millones de dólares (equivalente a 3 billones 849 mil millones de pesos). Cifras redondeadas. El pago de intereses este año será cercano a 700 mil millones de pesos. ¿Qué se hicieron esos casi 11 billones de pesos de préstamos? Piensen ustedes: si se hubieran invertido en drenaje, fuentes de energía verde, carreteras, educación, México sería otro país.

¡Bienvenido 2020!

Esta es la última columna del año 2019. Volteo hacia el tiempo ido y me emociona que son ya 25 años los que he venido acompañándolos todos los días. Muchas gracias por su paciencia y generosidad. Nos espera un gran 2020.

Ombudsman Social

Asunto: discrepancia fiscal

Tengo muchas dudas del uso de las tarjetas de débito y crédito en mi familia; yo tengo tarjeta de crédito. Si no tenemos para comprar de contado, la usamos. Ejemplo, la lavadora demi mamá: ella pone su parte; la TV de mi hijo, igual; la motoneta de mi hermana, etc. Pero obviamente la tarjeta está a mi nombre. Entonces porque está a mi nombre aunque cada quien paga lo que le corresponde, ¿a mí me pueden multar por no justificar ese dinero? Ojala me dé su opinión, porque creo que en vez de mejorar estamos peor.

Flor Velázquez /San Luis de la Paz, Guanajuato

R: Desde hace tiempo el SAT viene poniendo el ojo en las discrepancias fiscales, cuando una persona gasta más de lo que gana, e intenta deducir más impuestos de lo que corresponde. Pero lo hace con grandes operaciones, no en compras como las que usted menciona.

Twiteratti

Reconozco la valiosa actuación de la embajadora María Teresa Mercado en Bolivia, quien ha cumplido cabalmente representando a México y su causa en favor del asilo y la paz. Será siempre timbre de orgullo su entereza y apego a la mejor tradición de política exterior de nuestro país.

Marcelo Ebrard C. / @m_ebrard

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Periódico La Jornada
Martes 31 de diciembre de 2019, p. 22

Como parte de las revisiones al ejercicio fiscal 2018, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) detectó 41 acciones que pudieran derivar en sanciones administrativas o penales por posibles daños al erario.

Al momento el organismo continúa con el análisis del monto de lo que representa la afectación económica por supuestos malos manejos de recursos.

Uno de los resultados apunta a que las autoridades no acreditaron que los desarrolladores de los sistemas de actuación por cooperación (SAC) de la Alameda y las Granadas generaran los pagos de mitigación en especie por un monto que asciende a 656 millones de pesos.

En estas revisiones están involucradas las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Obras y Servicios. de Movilidad; así como la Planta de Asfalto, las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa y Milpa Alta, y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones.

Ayer se dio a conocer que la ASCM realiza una investigación en las áreas de Tesorería y Oficialía Mayor de lo que fue la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el manejo irregular de los recursos de la reconstrucción, lo que involucra a los ex diputados Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero.

Deficiencias en la administración

En octubre pasado, cuando se hizo público el último informe parcial de fiscalización de la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2018, se presentaron 10 denuncias, de las cuales tres son penales y siete administrativas; la mayoría están relacionadas con el tema de la reconstrucción.

Por ejemplo, el órgano auditor solicitó a la Contraloría y a la Procuraduría General de Justicia iniciar un procedimiento por irregularidades en un contrato para la reparación de la carpeta asfáltica y rencarpetamiento en la alcaldía de Benito Juárez. Según las investigaciones, la Secretaría de Obras y Servicios entregó información de un laboratorio que realizó el análisis de la mezcla asfáltica, aunque los datos que presentaron no corresponden a ese laboratorio.

Asimismo, se solicitó iniciar diversos procedimientos derivados de expedientes relacionados con la contratación de obra pública, y apoyos económicos para la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

También destaca una solicitud de sanción a servidores públicos de la extinta Agencia de Gestión Urbana, quienes no entregaron información, respaldos ni soporte documental de la operación del Sistema Único de Información de Servicios Públicos Urbanos; así como una solicitud de sanción a funcionarios del Fideicomiso de Recuperación Crediticia por no presentar soporte documental de un contrato firmado con el Instituto de Vivienda.

Además de las denuncias, también se emitieron 531 recomendaciones relacionadas con la falta de documentación que justifique el presupuesto comprometido y devengado, incumplimiento de la normatividad interna aplicable, falta de normatividad, de

Podría haber sanciones penales

Detecta la Auditoría 41 acciones irregulares que dañaron al erario

Involucradas, tres secretarías, la Planta de Asfalto, cuatro alcaldías y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones

▲ Uno de los resultados de las fiscalizaciones de la Auditoría Superior local apunta a que las autoridades no acreditaron que los desarrolladores de los sistemas de actuación por cooperación de la Alameda y las colonias Granadas (esta imagen) generaran los pagos de mitigación en especie por un monto que asciende a 656 millones de pesos.Foto Roberto García Ortiz

Sandra Hernández García

 

Periódico La Jornada
Martes 31 de diciembre de 2019, p. 22

Como parte de las revisiones al ejercicio fiscal 2018, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) detectó 41 acciones que pudieran derivar en sanciones administrativas o penales por posibles daños al erario.

Al momento el organismo continúa con el análisis del monto de lo que representa la afectación económica por supuestos malos manejos de recursos.

Uno de los resultados apunta a que las autoridades no acreditaron que los desarrolladores de los sistemas de actuación por cooperación (SAC) de la Alameda y las Granadas generaran los pagos de mitigación en especie por un monto que asciende a 656 millones de pesos.

En estas revisiones están involucradas las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Obras y Servicios. de Movilidad; así como la Planta de Asfalto, las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa y Milpa Alta, y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones.

Ayer se dio a conocer que la ASCM realiza una investigación en las áreas de Tesorería y Oficialía Mayor de lo que fue la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el manejo irregular de los recursos de la reconstrucción, lo que involucra a los ex diputados Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero.

Deficiencias en la administración

En octubre pasado, cuando se hizo público el último informe parcial de fiscalización de la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2018, se presentaron 10 denuncias, de las cuales tres son penales y siete administrativas; la mayoría están relacionadas con el tema de la reconstrucción.

Por ejemplo, el órgano auditor solicitó a la Contraloría y a la Procuraduría General de Justicia iniciar un procedimiento por irregularidades en un contrato para la reparación de la carpeta asfáltica y rencarpetamiento en la alcaldía de Benito Juárez. Según las investigaciones, la Secretaría de Obras y Servicios entregó información de un laboratorio que realizó el análisis de la mezcla asfáltica, aunque los datos que presentaron no corresponden a ese laboratorio.

Asimismo, se solicitó iniciar diversos procedimientos derivados de expedientes relacionados con la contratación de obra pública, y apoyos económicos para la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

También destaca una solicitud de sanción a servidores públicos de la extinta Agencia de Gestión Urbana, quienes no entregaron información, respaldos ni soporte documental de la operación del Sistema Único de Información de Servicios Públicos Urbanos; así como una solicitud de sanción a funcionarios del Fideicomiso de Recuperación Crediticia por no presentar soporte documental de un contrato firmado con el Instituto de Vivienda.

Además de las denuncias, también se emitieron 531 recomendaciones relacionadas con la falta de documentación que justifique el presupuesto comprometido y devengado, incumplimiento de la normatividad interna aplicable, falta de normatividad, debilidades del control interno e incumplimiento de disposiciones legales.

Hasta 12 grados bajo cero en Chihuahua

▲ Veinticinco de los 67 municipios de Chihuahua registraron al amanecer temperaturas de hasta menos 12 grados; en 12 demarcaciones nevó y se formaron capas de 10 centímetros de espesor. La Unidad Estatal de Protección Civil alertó a la población a tomar precauciones ante los recientes casos de muertes por hipotermia o inhalación de monóxido de carbono. El frío también afecta a Durango. En las poblaciones serranas de La Rosilla y Navíos se llegó a las temperaturas más bajas (–14 y –13 grados). En la imagen, paso del ferrocarril por Creel, municipio de Bocoyna, Chihuahua. Foto La Jornada. / Rubén Villalpando, corresponsal

DE FRAUDULENTO A GOLPISTA-Rocha

LA EMBAJADORA Y LA BESTIA PELUDA-Fisgón

Ante el plan de la derecha continental, lo más conveniente es no caer en provocación y no alejarnos de pueblos hermanos.

Aumenta el acoso

Lesionaron nuestra soberanía: Jeanine Áñez

Bolivia expulsa a la embajadora de México y al cónsul de España

Policías y activistas generan tensión en los alrededores de la residencia de la diplomática

▲ La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, realizó una conferencia de prensa en La Paz y dio 72 horas para abandonar ese país a la embajadora de México y a funcionarios de España.Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada
Martes 31 de diciembre de 2019, p. 2

La Paz. Bolivia ordenó expulsar a diplomáticos de México y España, tras la controvertida visita del fin de semana de personal español a la embajada mexicana, donde están asilados ex ministros de Evo Morales, desencadenando una medida de expulsión recíproca de bolivianos por Madrid.

La presidenta interina Jeanine Áñez Chávez declaró personas no gratas a la embajadora de México, María Teresa Mercado; a la encargada de Negocios de España, Cristina Borreguero; al cónsul español, Álvaro Fernández, y al grupo de presuntamente diplomáticos encapuchados y armados relacionados en el incidente del pasado viernes.

Jeanine Áñez dijo en una declaración de prensa en el Palacio Quemado que ellos han lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia y ordenó que abandonen el país en un plazo de 72 horas.

En la residencia mexicana, situada en un exclusivo barrio en el sur de la ciudad de La Paz, se encuentran de nueve a 10 ex colaboradores de Evo Morales desde que éste dimitiera el 10 de noviembre, tras casi 14 años en el poder, luego de una convulsión social por las elecciones generales del 20 de octubre, declaradas fraudulentas por observadores internacionales de la OEA.

Entre los asilados están los ex ministros Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, con órdenes de detención, y otros bajo investigación. Todos están denunciados por los delitos de sedición y terrorismo, por lo que La Paz les niega salvoconductos para salir del país.

El gobierno boliviano denunció que la encargada de negocios y el cónsul de España llegaron a la embajada de México, junto con personal encapuchado y presuntamente armado de seguridad, con el objetivo de evacuar al ex ministro Quintana, brazo derecho de Morales desde que llegó al poder en 2006.

La residencia mexicana continuaba este lunes bajo una nutrida seguridad policial, que vigila a todo automotor que circula por el lugar, mientras una veintena de activistas civiles también se instalaron para protestar de manera pacífica contra el gobierno extranjero, constató la Afp.

López Obrador no es Peña Nieto

John M. Ackerman

L

os casos de la Casa Blanca de Angélica Rivera y las propiedades de Julia Abdalá no tienen similitud alguna. El primero ejemplificó a la perfección la corrupción estructural y la captura del Estado por intereses privados característicos del viejo régimen. El segundo fue un caso fabricado por los intereses más mezquinos con el fin de vengarse tanto por la contundente defensa de la soberanía nacional de Manuel Bartlett como por la valiente cruzada contra la corrupción encabezada por Irma Eréndira Sandoval.

Después de las elecciones de 2012, la esposa de Enrique Peña Nieto, y también Luis Videgaray, aceptaron lujosas residencias a precios fuertemente descontados de parte de un poderoso contratista del gobierno federal que posteriormente recibiría jugosos contratos de los mismos funcionarios a quienes había apoyado. El intercambio corrupto, el cínico quid pro quo, fue evidente para todos y todas.

En contraste, ni el titular de la Comisión Federal de Electricidad ni su pareja sentimental, Abdalá, han recibido residencia o prebenda alguna como resultado del trabajo del primero en la administración pública federal. Es más, ni siquiera existe alguna acusación o denuncia al respecto.

El único pecado de Bartlett durante la actual administración fue su exitosa renegociación de los contratos leoninos y corruptos firmados por el gobierno de Peña Nieto con la empresa transnacional Sempra Energy, cuya filial en México, IEnova, es dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, antiguo secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo. La posición firme de Bartlett logró ahorrar al pueblo mexicano por lo menos 600 millones de dólares, algo que los intereses corruptos simplemente no perdonan.

En venganza, estos intereses recurrieron a su periodista favorito, el experto en montajes Carlos Loret de Mola, para intentar obligar al gobierno de López Obrador a despedir a Bartlett. Lo que presentó Loret no fue un ejemplo deperiodismo de investigación de buena factura (Sergio Aguayo dixit), sino la divulgación por encargo de información recabada por los servicios de espionaje del viejo régimen. Aguayo insulta la inteligencia de la ciudadanía y desprestigia al verdadero periodismo al comparar el sicariato de Loret con las investigaciones del equipo de Carmen Aristegui.

Aun así, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval,comprobó una vez más su compromiso con los más altos estándares profesionales al utilizar todas las herramientas a su alcance para indagar y averiguar cada elemento aportado por el ex empleado de Televisa. Se comprobó fuera de cualquier duda que Bartlett no había mentido en su Declaración Patrimonial ni incurrido en algún acto de corrupción o conflicto de interés durante su cargo actual, tal y como está asentado en el Informe Técnico correspondiente (véase: bit.ly/39xwQkW).

Se procedió sin filias ni fobias y con un absoluto compromiso con el Estado de derecho, de la misma forma en que se había procedido en los casos de otros funcionarios tanto del viejo como del nuevo régimen, incluyendo Rosario Robles, Emilio Lozoya, Carlos Lomelí y Miguel Ángel Lozada Aguilar.

Pero al demostrar su integridad e independencia de los poderes fácticos, al rechazar las presiones mediáticas y negar a prestarse al montaje de Loret, ahora Sandoval es quien se ha convertido en el enemigo público número uno del viejo sistema.

Como dinosaurios heridos, los viejos comentócratas se lanzan con furia en contra de la titular de la SFP porque supuestamente tendría que haber comprobado el origen lícito de las propiedades de Abdalá y sancionado a Bartlett por su participación en el fraude de 1988.

Quienes así opinan evidencian tanto su total ignorancia de la ley como su mezquina complicidad con los intereses más oscuros. La institución responsable de investigar un posible enriquecimiento ilícito de la señora Abdalá es la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de la Función Pública no tiene competencia alguna en asuntos electorales.

Esta indignante cruzada en contra de una de las funcionarias más emblemáticas de la administración actual la promueven las mismas voces antiobradoristas que siempre han insistido que todos son iguales. Son quienes se hicieron de la vista gorda durante el fraude electoral de 2006, promovían el voto nulo en 2012 y hoy buscan desesperadamente desactivar la fuerza de la Cuarta Transformación.

Lo que en realidad no ha cambiado no es el gobierno federal, que hoy está dirigido por un grupo de ciudadanos en las antípodas del régimen anterior, sino la vieja comentocracia que no hace otra cosa que repetir las mismas fórmulas caducas y enclenques de siempre.

Personajes como Aguayo y Denise Dresser, para sólo mencionar un par de ejemplos, creen que se lucen asestando golpes bajos al nuevo régimen democrático, cuando en realidad sólo evidencian su profundo conservadurismo. Pierden legitimidad y rigor al confundir la gimnasia con la magnesia y hacen el juego sucio a los poderes fácticos en su cruzada contra la transformación que hoy se vive en la Nación.

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López Obrador no es Peña Nieto

John M. Ackerman

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os casos de la Casa Blanca de Angélica Rivera y las propiedades de Julia Abdalá no tienen similitud alguna. El primero ejemplificó a la perfección la corrupción estructural y la captura del Estado por intereses privados característicos del viejo régimen. El segundo fue un caso fabricado por los intereses más mezquinos con el fin de vengarse tanto por la contundente defensa de la soberanía nacional de Manuel Bartlett como por la valiente cruzada contra la corrupción encabezada por Irma Eréndira Sandoval.

Después de las elecciones de 2012, la esposa de Enrique Peña Nieto, y también Luis Videgaray, aceptaron lujosas residencias a precios fuertemente descontados de parte de un poderoso contratista del gobierno federal que posteriormente recibiría jugosos contratos de los mismos funcionarios a quienes había apoyado. El intercambio corrupto, el cínico quid pro quo, fue evidente para todos y todas.

En contraste, ni el titular de la Comisión Federal de Electricidad ni su pareja sentimental, Abdalá, han recibido residencia o prebenda alguna como resultado del trabajo del primero en la administración pública federal. Es más, ni siquiera existe alguna acusación o denuncia al respecto.

El único pecado de Bartlett durante la actual administración fue su exitosa renegociación de los contratos leoninos y corruptos firmados por el gobierno de Peña Nieto con la empresa transnacional Sempra Energy, cuya filial en México, IEnova, es dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, antiguo secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo. La posición firme de Bartlett logró ahorrar al pueblo mexicano por lo menos 600 millones de dólares, algo que los intereses corruptos simplemente no perdonan.

En venganza, estos intereses recurrieron a su periodista favorito, el experto en montajes Carlos Loret de Mola, para intentar obligar al gobierno de López Obrador a despedir a Bartlett. Lo que presentó Loret no fue un ejemplo deperiodismo de investigación de buena factura (Sergio Aguayo dixit), sino la divulgación por encargo de información recabada por los servicios de espionaje del viejo régimen. Aguayo insulta la inteligencia de la ciudadanía y desprestigia al verdadero periodismo al comparar el sicariato de Loret con las investigaciones del equipo de Carmen Aristegui.

Aun así, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval,comprobó una vez más su compromiso con los más altos estándares profesionales al utilizar todas las herramientas a su alcance para indagar y averiguar cada elemento aportado por el ex empleado de Televisa. Se comprobó fuera de cualquier duda que Bartlett no había mentido en su Declaración Patrimonial ni incurrido en algún acto de corrupción o conflicto de interés durante su cargo actual, tal y como está asentado en el Informe Técnico correspondiente (véase: bit.ly/39xwQkW).

Se procedió sin filias ni fobias y con un absoluto compromiso con el Estado de derecho, de la misma forma en que se había procedido en los casos de otros funcionarios tanto del viejo como del nuevo régimen, incluyendo Rosario Robles, Emilio Lozoya, Carlos Lomelí y Miguel Ángel Lozada Aguilar.

Pero al demostrar su integridad e independencia de los poderes fácticos, al rechazar las presiones mediáticas y negar a prestarse al montaje de Loret, ahora Sandoval es quien se ha convertido en el enemigo público número uno del viejo sistema.

Como dinosaurios heridos, los viejos comentócratas se lanzan con furia en contra de la titular de la SFP porque supuestamente tendría que haber comprobado el origen lícito de las propiedades de Abdalá y sancionado a Bartlett por su participación en el fraude de 1988.

Quienes así opinan evidencian tanto su total ignorancia de la ley como su mezquina complicidad con los intereses más oscuros. La institución responsable de investigar un posible enriquecimiento ilícito de la señora Abdalá es la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de la Función Pública no tiene competencia alguna en asuntos electorales.

Esta indignante cruzada en contra de una de las funcionarias más emblemáticas de la administración actual la promueven las mismas voces antiobradoristas que siempre han insistido que todos son iguales. Son quienes se hicieron de la vista gorda durante el fraude electoral de 2006, promovían el voto nulo en 2012 y hoy buscan desesperadamente desactivar la fuerza de la Cuarta Transformación.

Lo que en realidad no ha cambiado no es el gobierno federal, que hoy está dirigido por un grupo de ciudadanos en las antípodas del régimen anterior, sino la vieja comentocracia que no hace otra cosa que repetir las mismas fórmulas caducas y enclenques de siempre.

Personajes como Aguayo y Denise Dresser, para sólo mencionar un par de ejemplos, creen que se lucen asestando golpes bajos al nuevo régimen democrático, cuando en realidad sólo evidencian su profundo conservadurismo. Pierden legitimidad y rigor al confundir la gimnasia con la magnesia y hacen el juego sucio a los poderes fácticos en su cruzada contra la transformación que hoy se vive en la Nación.

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La embajadora María Teresa Mercado (@mtmercado2002) ha sido declarada "Persona Non Grata" por el gobierno usurpador de Jeanine Áñez. Debe de sentirse muy orgullosa de ese título. Nosotros sentimos un enorme orgullo por su actuación. https://pic.twitter.com/hf6QVlfYZZ

López Obrador no es Peña Nieto

John M. Ackerman

L

os casos de la Casa Blanca de Angélica Rivera y las propiedades de Julia Abdalá no tienen similitud alguna. El primero ejemplificó a la perfección la corrupción estructural y la captura del Estado por intereses privados característicos del viejo régimen. El segundo fue un caso fabricado por los intereses más mezquinos con el fin de vengarse tanto por la contundente defensa de la soberanía nacional de Manuel Bartlett como por la valiente cruzada contra la corrupción encabezada por Irma Eréndira Sandoval.

Después de las elecciones de 2012, la esposa de Enrique Peña Nieto, y también Luis Videgaray, aceptaron lujosas residencias a precios fuertemente descontados de parte de un poderoso contratista del gobierno federal que posteriormente recibiría jugosos contratos de los mismos funcionarios a quienes había apoyado. El intercambio corrupto, el cínico quid pro quo, fue evidente para todos y todas.

En contraste, ni el titular de la Comisión Federal de Electricidad ni su pareja sentimental, Abdalá, han recibido residencia o prebenda alguna como resultado del trabajo del primero en la administración pública federal. Es más, ni siquiera existe alguna acusación o denuncia al respecto.

El único pecado de Bartlett durante la actual administración fue su exitosa renegociación de los contratos leoninos y corruptos firmados por el gobierno de Peña Nieto con la empresa transnacional Sempra Energy, cuya filial en México, IEnova, es dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, antiguo secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo. La posición firme de Bartlett logró ahorrar al pueblo mexicano por lo menos 600 millones de dólares, algo que los intereses corruptos simplemente no perdonan.

En venganza, estos intereses recurrieron a su periodista favorito, el experto en montajes Carlos Loret de Mola, para intentar obligar al gobierno de López Obrador a despedir a Bartlett. Lo que presentó Loret no fue un ejemplo deperiodismo de investigación de buena factura (Sergio Aguayo dixit), sino la divulgación por encargo de información recabada por los servicios de espionaje del viejo régimen. Aguayo insulta la inteligencia de la ciudadanía y desprestigia al verdadero periodismo al comparar el sicariato de Loret con las investigaciones del equipo de Carmen Aristegui.

Aun así, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval,comprobó una vez más su compromiso con los más altos estándares profesionales al utilizar todas las herramientas a su alcance para indagar y averiguar cada elemento aportado por el ex empleado de Televisa. Se comprobó fuera de cualquier duda que Bartlett no había mentido en su Declaración Patrimonial ni incurrido en algún acto de corrupción o conflicto de interés durante su cargo actual, tal y como está asentado en el Informe Técnico correspondiente (véase: bit.ly/39xwQkW).

Se procedió sin filias ni fobias y con un absoluto compromiso con el Estado de derecho, de la misma forma en que se había procedido en los casos de otros funcionarios tanto del viejo como del nuevo régimen, incluyendo Rosario Robles, Emilio Lozoya, Carlos Lomelí y Miguel Ángel Lozada Aguilar.

Pero al demostrar su integridad e independencia de los poderes fácticos, al rechazar las presiones mediáticas y negar a prestarse al montaje de Loret, ahora Sandoval es quien se ha convertido en el enemigo público número uno del viejo sistema.

Como dinosaurios heridos, los viejos comentócratas se lanzan con furia en contra de la titular de la SFP porque supuestamente tendría que haber comprobado el origen lícito de las propiedades de Abdalá y sancionado a Bartlett por su participación en el fraude de 1988.

Quienes así opinan evidencian tanto su total ignorancia de la ley como su mezquina complicidad con los intereses más oscuros. La institución responsable de investigar un posible enriquecimiento ilícito de la señora Abdalá es la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de la Función Pública no tiene competencia alguna en asuntos electorales.

Esta indignante cruzada en contra de una de las funcionarias más emblemáticas de la administración actual la promueven las mismas voces antiobradoristas que siempre han insistido que todos son iguales. Son quienes se hicieron de la vista gorda durante el fraude electoral de 2006, promovían el voto nulo en 2012 y hoy buscan desesperadamente desactivar la fuerza de la Cuarta Transformación.

Lo que en realidad no ha cambiado no es el gobierno federal, que hoy está dirigido por un grupo de ciudadanos en las antípodas del régimen anterior, sino la vieja comentocracia que no hace otra cosa que repetir las mismas fórmulas caducas y enclenques de siempre.

Personajes como Aguayo y Denise Dresser, para sólo mencionar un par de ejemplos, creen que se lucen asestando golpes bajos al nuevo régimen democrático, cuando en realidad sólo evidencian su profundo conservadurismo. Pierden legitimidad y rigor al confundir la gimnasia con la magnesia y hacen el juego sucio a los poderes fácticos en su cruzada contra la transformación que hoy se vive en la Nación.

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NO SALPIQUEN-Rocha

Se prendieron las luces de alarma. La violencia contra las mujeres alcanzó niveles inauditos. Los ¡ya basta! se escuchan por todo el país. ¡Ya basta!

El Banavim registra más de 507 mil agresiones

Víctimas de algún familiar, 93% de las mujeres que denuncian ataques

Indígenas, las más vulnerables, pero hay casos de atentados contra posgraduadas

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Lunes 30 de diciembre de 2019, p. 3

En México hay registro de más de 507 mil casos de violencia contra la mujer cometidos en 2019, y en más de nueve de cada diez hechos, el agresor es un familiar de la víctima.

De acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) de la Secretaría de Gobernación (SG), el promedio de edad de las mujeres víctimas es de 33 años, y de 36 años el de los agresores, quienes en su mayoría tienen estudios de secundaria.

Este registro muestra que los principales tipos de violencia que se presentaron durante este año son: sicológica, 44 por ciento; física, 26 por ciento, y económica, 16 por ciento.

En información difundida ayer por el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas Rodríguez, se señala que 93 por ciento de las agresiones se dan en el ámbito familiar sin importar el nivel de escolaridad, pues incluso mujeres con estudios de posgrado son violentadas; no obstante, la vulnerabilidad aumenta de manera significativa cuando las mujeres pertenecen a alguna comunidad indígena.

El reporte agrega que las escuelas, los jardines, los parques y el transporte público resultan espacios inseguros para las mujeres.

El subsecretario Encinas apuntó que para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es una prioridad contar con información sobre casos de violencia contra las mujeres para diseñar las políticas públicas necesarias, a fin de erradicar este problema. Pero se admite que muchas víctimas no denuncian por temor a represalias.

De ahí, agregó, la relevancia del Banavim, que es una herramienta que permite a las autoridades conocer el perfil de las víctimas y de los agresores, para delinear estrategias públicas a escala federal, estatal y municipal.

En todo el país se tiene registro de 507 mil 353 casos de violencia contra las mujeres. Los agresores son 341 mil 726 hombres, 17 mil 356 mujeres y en 96 mil 366 casos no se tiene el dato del género del victimario.

Las entidades con el número más alto de casos de violencia son: estado de México, con 78 mil 37; Jalisco, 44 mil 61; Quintana Roo, 39 mil 789; Michoacán, 39 mil 451; Hidalgo, 29 mil 311 mujeres víctimas de violencia; San Luis Potosí, 27 mil 816; Chiapas, 27 mil 172; Nuevo León, 24 mil 967; Aguascalientes, 21 mil 318.

Siguen en el registro Yucatán, con 18 mil 263 casos de violencia hacia ese sector; Zacatecas, 17 mil 453; Tabasco, 14 mil 536; Morelos, 14 mil 26; Tlaxcala, 13 mil 872; Colima, 13 mil 60; Chihuahua, 11 mil 698 casos; Guanajuato, 9 mil 562; Sinaloa, 8 mil 794; Durango, 7 mil 660; Guerrero, 5 mil 16; Oaxaca, 3 mil 393; Nayarit, 3 mil 198; Tamaulipas, 2 mil 985; Coahuila, 2 mil 215; Baja California, 2 mil 14; Campeche, mil 473, y Baja California Sur, con mil 325.

Las entidades donde de acuerdo con este registro hay menos casos reportados son: Veracruz, con 690; Sonora, 408; Ciudad de México, 199; Puebla, 108 y Querétaro, con cuatro.

Encinas indicó que fiscales y jueces en todo el país han emitido casi 50 mil órdenes de protección para las mujeres víctimas de violencia gracias a los registros del Banavim, lo que ha sido fundamental para garantizar su integridad y la de sus familias.

El subsecretario planteó que el desafío que enfrenta el país para erradicar esta problemática exige la participación activa y permanente de todas las autoridades responsables de garantizar que las mujeres accedan a una vida libre de violencia, así como el fortalecimiento del Banavim, fundamental para la aplicación de estrategias.

Con más de medio millón de casos registrados (en 2019), algunas entidades han diseñado acciones de vigilancia policiaca en las calles, plazas o espacios públicos, donde colocar una lámpara de alumbrado público o cámaras de vigilancia ha significado la diferencia entre la vida y la muerte de decenas de mujeres, advirtió Encinas en su informe de un año de gestión al frente de la subsecretaría.

El Banavim contiene información de niñas, adolescentes y mujeres que han sufrido violencia física, sicológica, sexual, económica y patrimonial bajo las modalidades de violencia familiar, institucional, laboral y docente, de la comunidad, incluida la violencia feminicida y de género, así como de la delincuencia organizada y de trata de personas.

Forma parte del Sistema Único de Información Criminal, dentro de Plataforma México, que se encuentra conformado por más de 40 bases de datos que sirven para la investigación de conductas delictivas, para la aprehensión de las personas responsables y en su caso, enjuiciamiento y sanción, con la finalidad de que se cuente con todos los elementos de información confiable y oportuna, con el propósito de realizar las acciones de investigación y política criminal que correspondan.

🇲🇽 José Ramón 🇲🇽 y Hugo Sadh indicaron que les gusta

Pedro Miguel

@Navegaciones

Lo que ya se vio es que tú estás instalado en la traición, a favor de los golpistas bolivianos y en contra de los pueblos de México y Bolivia.

Gracias por la franqueza,

Felipe Calderón

El conflicto con Bolivia ha ido demasiado lejos. Preocupa la carencia de la tradicional imparcialidad diplomática mexicana. Urge restablecer espacios de diálogo y negociación respetuosa con el gobierno boliviano. Ya se vio que descalificar sale caro si se recibe la misma moneda

Por supuesto que no somos iguales. https://pic.twitter.com/J3wQrXUkaf

Por supuesto que no somos iguales.

1:21 a. m. · 30 dic. 2019·Twitter Web App

Revolución 3.0

@Revolucion3_0

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En últimas horas, se ha vuelto a incrementar hostigamiento policial en Embajada de México en Bolivia

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Desde este lunes, el Gobierno mexicano denunció que su Embajada en La Paz, Bolivia, ha estado sobre vigilada por decenas de agentes de seguridad. Además,

revoluciontrespuntocero.mx

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