La guerra del glifosato: actores y drama

Víctor M. Toledo

T

res de las mayores batallas que libra la humanidad son: la pandemia del Covid-19, la crisis del clima, que amenaza cada vez más la supervivencia de la especie, y contra las gigantescas superficies de soya, maíz y algodón transgénicos y el veneno que les acompaña, el glifosato, que han sido implantadas a sangre y fuego por seis poderosas corporaciones agroalimentarias. Para que el lector tenga una idea, el mayor proyecto de muerte de que se tenga noticia: los cultivos y el glifosato se extienden por unos 192 millones de hectáreas, un territorio del tamaño de México, encabezados por gigantescas superficies en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá e India. Entre 1974 y 2014 se rociaron en el mundo 8 mil 600 millones de kilogramos de glifosato. Como ha sido repetido hasta el cansancio (ver mi Oda al glifosato: https://www.jornada.com.mx/2020/ 05/19/opinion/018a1pol), el glifosato es un veneno químico inventado en 1970, mata plantas (hierbas y arbustos), es decir, es un herbicida, cuyo nombre más conocido es el de Roundup, producido por Bayer/Monsanto. En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al glifosato como posible cancerígeno para los seres humanos, y la quinta edición de la Antología toxicológica del glifosato, de E. Martín Rossi (2020), ofrece una lista de ¡mil 108 artículos científicos que dan fe de los efectos nocivos del plaguicida! Por ello el glifosato ha sido prohibido o restringido en innumerables países (principalmente de Europa).

¿Y en México? En nuestro país, bajo el amparo de los gobiernos neoliberales, Monsanto dispuso del apoyo incondicional de la Secretaría de Agricultura y de la Semarnat, la Academia Mexicana de Ciencias, El Colegio Nacional, la rectoría de la UNAM, y de decenas de biotecnólogos encabezados por Francisco Bolívar Zapata, editor y autor de un bochornoso libro en favor de los transgénicos. A ellos tuvimos que enfrentar los 53 ciudadanos y 20 organizaciones campesinas que logramos detener legalmente la entrada del maíz transgénico.

Debe entenderse que una compañía tan poderosa (la Bayer/Monsanto tuvo ingresos por 51 mil millones de dólares) posee un ejército de científicos, técnicos, publicistas, agentes de ventas, cabilderos, espías y promotores, y en cada país desarrolla campañas muy efectivas de cooptación de investigadores, academias, empresas, productores, periodistas, legisladores y gobiernos. Ello explica su dominio sobre 24 países, incluidos los llamados gobiernos progresistas de Brasil, Argentina e incluso Bolivia. También debe citarse que estas compañías trabajan con los medianos y grandes productores agropecuarios (latifundistas), no con los pequeños productores campesinos e indígenas, que son la mayoría.

Tras una feroz batalla, en México el gobierno de la 4T expidió el 31 de diciembre pasado un decreto presidencial para el retiro gradual del glifosato y la prohibición del maíz transgénico. Para alcanzar este logro, la Semarnat tuvo que enfrentar diversos embates, como una carta del subsecretario de Agricultura de Estados Unidos, un encuentro con una decena de embajadores que exigían no avanzar en ello, la llegada de unas 40 cartas de organizaciones agropecuarias del centro y norte del país pidiendo lo mismo, todas ellas filiales del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), y quizás lo más importante: la férrea y obcecada oposición al interior del gabinete de tres funcionarios: Alfonso Romo (Presidencia), Víctor Villalobos (Sader) y Julio Scherer (Consejería de la Presidencia), quienes en dos ocasiones, en pleno desacato, generaron decretos espurios mediante acciones fraudulentas, que afortunadamente pudieron ser detenidos.

La pasada semana circularon ampliamente y se hicieron virales un par de documentos del CNA, que es la organización que aglutina a la burguesía agropecuaria del país y que fue ampliamente favorecida ($) por los gobiernos neoliberales, en la que Juan Cortina Gallardo, su nuevo presidente, lanza una convocatoria a iniciar una agresiva campaña para echar abajo el decreto presidencial, para lo cual solicita apoyos por un total de 12 millones de pesos. La campaña incluye acciones legales (cascada de amparos), internacionales y de comunicación para lo cual se han contratado despachos especializados.

Hoy, en esta guerra del glifosato, las mexicanas y mexicanos de todo el país debemos cerrar filas y defender por todos los medios posibles este logro, que contribuye a una alimentación sana y al bienestar, así como a la salud del ambiente y del resto de los seres vivos. El decreto presidencial vino a sumarse a otras acciones como la Ley para la Protección del Maíz Nativo, el nuevo Museo del Maíz en Chapultepec, el etiquetado de los alimentos industriales, y varios programas agroecológicos, todo ello dentro del marco de la soberanía alimentaria. ¡Detengamos este nuevo embate de los suicidas del planeta!