–En Oaxaca están pendientes muchos casos emblemáticos, como el del ataque policiaco a Nochixtlán, la desaparición forzada del joven Israel Moreno, la agresión a la saxofonista María Elena Ríos, ¿qué va a pasar con estos casos?
–Estamos valorando la posibilidad de reorientar las investigaciones. En algunas ocasiones por omisión, en otras por no generarle un daño a la imagen del Estado, se desvían las pesquisas con un criterio político. Esta reorientación, además de poner en el centro a la víctima, tendría tres objetivos: verdad, justicia y reparación.
“Hay que ver las omisiones de la procuraduría estatal cuando investigó cada caso. Ejemplo (del caso Nochixtlán): qué manejo se le dio a todos los hallazgos de indicios criminales, como las ojivas que se encontraron. Lo otro es ver cómo se trasladó la investigación del nivel estatal a la (entonces) Procuraduría General de la República. Revisando esos dos aspectos, podríamos ver cuáles son las anomalías para remitirlas al Poder Judicial federal para que se les valore.
Hay que recordar que el caso de Nochixtlán inauguró el sistema acusatorio que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto. El sistema penal moderno se estrenó con una matanza. Todas las investigaciones judiciales que se siguen haciendo, siguen pensando que la teoría del caso de la Fiscalía sigue siendo la única y que las fiscalías tienen el monopolio de la investigación. Y no es así, las víctimas pueden construir su propia teoría del caso. Y las investigaciones que llegan a hacer las víctimas pueden ser, en ocasiones, más efectivas, más profundas.
–En su nombramiento hubo consenso entre las autoridades estatales y federales…
–Es una ventaja que esta Fiscalía, por las razones y los momentos en los que se elige al fiscal, su servidor, dibuja la posibilidad de una mejor relación y una mejor interacción de las fuerzas federales del orden público y encargados de la seguridad con instancias locales de la procuración de justicia. Lo más conveniente es que el fiscal, que va a proveer justicia, más que a procurarla, tenga una mejor relación con la federación, lo que permite, entre otras cosas, un mejor aprovechamiento de los recursos.
Peimbert Calvo, que antes y después de ejercer como defensor de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (antes Comisión Estatal de DH) fue activista de organizaciones civiles, cita la realidad Oaxaca, donde hay 575 municipios, de los que más de 400 se rigen por usos y costumbres y 12 naciones indígenas conviviendo.
Casi todas las denuncias penales se hacen en castellano y realmente no sabemos si en todos los casos hubo acceso a la justicia con acceso a un traductor. Con estas condiciones, ahora vamos a tener acceso a instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México o al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, para contar con verdaderos servicios de traducción.
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