¿Ex gobernantes a juicio?

Pedro Miguel

Q

uienes quieran adherirse a la petición para realizar una consulta nacional sobre el juicio a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto tienen la primera quincena de septiembre para hacerlo. Se debe reunir un número de firmas equivalente a 2 por ciento del padrón electoral. El documento deberá ser presentado ante la Suprema Corte de Justicia, la que, a su vez, dictaminará sobre su constitucionalidad y, en caso de aprobarla, la turnará al Instituto Nacional Electoral para que organice la consulta.

En numerosas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a la necesidad de contar con un respaldo popular documentado para emprender procesos penales a los que él, también lo ha dicho, se opone, aunque estaría dispuesto a acatar la decisión mayoritaria expresada en la consulta.

Estamos ante una de esas disyuntivas en las que están en juego y contrapuestas la razón legal, la razón de Estado y la voluntad del pueblo.

Desde la primera de esas perspectivas, todo presumible delito debe ser sometido a proceso, a menos que haya prescrito la acción legal, como es el caso de la mayor parte de los ilícitos atribuidos a los ex gobernantes, particularmente los de índole patrimonial con afectación a las finanzas públicas. Por acción o por omisión, los mencionados incurrieron en delitos de sangre: Salinas dejó pasar o propició el homicidio de cientos de opositores; Zedillo permitió o indujo masacres de campesinos; Fox mandó a la policía a actuar a sangre y fuego en Lázaro Cárdenas, Atenco y Oaxaca; Calderón fue promotor de un genocidio y Peña Nieto toleró que subordinados suyos participaran en matanzas en Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Iguala y Asunción Nochixtlán, entre otros sitios.

Por lo que hace a los crímenes contra la seguridad de la nación y traición a la patria, el sentido común indica que los cometieron todos los referidos: Salinas desmanteló la propiedad pública, Zedillo endeudó al país por muchas generaciones con el Fobaproa, Fox inició la entrega de los recursos naturales a los intereses extranjeros, Calderón sumió al país en una guerra y Peña consumó la entrega del sector energético a manos privadas. Todos ellos fueron, además, impulsores principales de un modelo económico que multiplicó el número de pobres, concentró la riqueza en unas cuantas manos, incrementó la desigualdad y se tradujo para millones en hambre, enfermedad y carencias educativas.

Estos hechos son conocidos por todo mundo y explican por qué 89.4 por ciento de las personas apoya un juicio contra Peña, 88.5 respalda llevar a tribunales a Salinas, 82.1 piensa que se debe hacer otro tanto con Calderón, 78 quiere que se enjuicie a Fox y 74.3 considera que sedebe imputar a Zedillo (https://is.gd/Kq7DmH). Pero hay muchísima distancia entre ese repudio abrumador a los jefes políticos de la mafia neoliberal y la integración de expedientes, la recolección de pruebas y la formulación de imputaciones que correspondan con delitos existentes en el marco legal, en el cual no existen figuras como privatización de bienes nacionales, impulso a la pobreza extrema, inducción de guerra interna, destrucción del tejido social o ejercicio frívolo y dispendioso del poder público.

Como se ha dicho aquí, los candidatos a los juicios y sus secuaces tuvieron a su cargo durante varias décadas la redacción de las leyes, la designación de jueces y magistrados, el mando de procuradurías y el resguardo de archivos y pruebas, y es razonable suponer que usaron sus posiciones para construirse un espeso blindaje legal para garantizarse la impunidad. Ello, sin considerar que disponen hasta la fecha de cuantiosos recursos –diversos testigos han señalado, por ejemplo, que Salinas se robó la mitad de la llamada partida secreta presidencial– y de los bufetes de abogados fundados por sus amigos y colaboradores.

En suma, la perspectiva de llevar a estos individuos ante los tribunales conlleva el riesgo de procesos anticlimáticos que desemboquen en respectivas exoneraciones y que consumirían, para colmo, preciosos recursos humanos y económicos que pueden ser orientados a la transformación del país. Ese riesgo explica en buena medida la reticencia presidencial a actuar como parte promotora de los juicios, su propuesta de limitar el ajuste de cuentas entre la nación y sus sátrapas del pasado reciente al ámbito del repudio social generalizado y el castigo garantizado de pasar a la historia como un recuerdo infame; de ahí su determinación de dejar la última palabra a la sociedad.

Desde luego, lo anterior no es prueba de un supuesto pacto entre el mandatario y su inmediato antecesor en el cargo ni expresa voluntad alguna de encubrimiento: la Fiscalía General de la República está obligada a actuar hasta las últimas consecuencias ante la cloaca destapada por la denuncia de Lozoya y las que se acumulen, con o sin consulta ciudadana.

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