La tragedia del pueblo tabasqueño no empezó con las recientes inundaciones que devastaron los sectores productivos, sino desde que Roberto Madrazo Pintado y su camarilla “asaltaron” el poder en 1992.

Así lo consideran líderes opositores que lamentan el “criminal” manejo que, desde ese año y hasta 2006, dieron al presupuesto cuatro gobernadores durante el “cacicazgo madracista” que, durante 15 años, empobreció a los tabasqueños.

En ese periodo, en el que dispusieron de más de 190 mil millones de pesos, sin embargo, los tabasqueños terminaron a la cola del desarrollo nacional, no obstante que la entidad ocupó el primer lugar en recibir participaciones federales por habitante de 1990 a 2005, de acuerdo con cifras oficiales.

Con menos de 10% de ese exorbitante presupuesto manejado por la “camarilla madracista”, asegura el diputado local del PAN, José Antonio de la Vega, se pudieron construir siete veces las obras del Proyecto Integral Contra Inundaciones (PICI), y evitar la catástrofe que dejó en la ruina a la mitad de los tabasqueños.

Según el exgobernador Manuel Andrade, el PICI tendría un costo de 2 mil 260 millones de pesos, pero no se culminó porque el Congreso federal no aprobó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el presupuesto total requerido. Sólo se invirtieron mil 331 millones, alegó el exmandatario en un comunicado.

Tras una larga campaña de golpeteo periodístico e intrigas palaciegas en contra del gobernador Salvador Neme Castillo --aprovechando el pleito de éste con el naciente líder estatal del Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador--, Madrazo y su mentor, el profesor Carlos Hank González –secretario de Turismo y de Agricultura durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari--, lograron derribar a Neme, que sólo gobernó de enero de 1989 a enero de 1992.

Neme fue sustituido por el subsecretario de Agricultura, Manuel Gurría Ordóñez, “hermano” del profesor Hank y tío de Madrazo quien, a partir de esa fecha, se convirtió en el poder tras el trono e inició un largo cacicazgo político de 15 años.

En enero de 1995, el sobrino sustituyó al tío en la gubernatura y, en el segundo semestre de 1998, Roberto Madrazo promovió y el Congreso reformó la fracción 41 del artículo 36 constitucional para que las cuentas públicas de los tres poderes y de 17 municipios se aprobaran trimestralmente, en lugar de cada año.

“Madrazo tenía temor de que el PRD ganara la gubernatura y, con esa maniobra, se protegía y sólo respondería por los gastos de octubre a diciembre de 2000”, recuerda el dirigente estatal del PRD, Juan Manuel Fócil.

Al final de su gobierno (1995-2000), Madrazo había ejercido 51 mil millones de pesos en seis años, de acuerdo con los dictámenes aprobatorios de sus cuentas públicas que, previamente, “limpiaba” su amigo Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora y actual líder de los diputados federales del Revolucionario Institucional.

El 19 de marzo de 2000, nueve meses antes de terminar su sexenio, el gobierno de Madrazo y “MFB y Asociados SC” firmaron un contrato por 9 millones 200 mil pesos (un millón de dólares al tipo de cambio de la época) por concepto de consultorías sobre “información confidencial” en materia financiera, técnica, operacional y de cualquier naturaleza “que no se haya hecho del conocimiento público”, según se desprende del documento en poder de Apro.

El convenio fue rubricado por el secretario de Finanzas, Leopoldo Díaz Aldecoa, y el director de administración de esa dependencia, Oscar Sáenz Jurado, así como por Jesús Alberto Cano Vélez, representante de “MFB y Asociados SC” y, posteriormente, socio fundador de la empresa “Aregional” junto con Beltrones, en diciembre de 2000, con 50% de las acciones cada uno.

El primer pago de la consultoría de “MFB y Asociados SC” lo realizó el gobierno de Madrazo en marzo de 2000 por 575 mil pesos; el segundo, en abril, por 2 millones 156 mil 250, e igual suma en mayo, junio y julio, incluido el IVA.

La décima cláusula del contrato establecía que el “prestador de servicios”, empleados, consejeros o representantes convenían expresamente con el Ejecutivo del estado en proteger “y mantener en secreto toda la información financiera, técnica, operacional y de cualquier naturaleza que no se haya hecho del conocimiento público (“información confidencial”) y que la parte revelante revele a la parte receptora”.

En 2000, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló el triunfo del priista Manuel Andrade Díaz a la gubernatura. El TEPJF determinó que los comicios fueron fraudulentos por la utilización de recursos públicos por parte del gobierno de Madrazo, en apoyo del abanderado del PRI.

El diputado federal Enrique Priego Oropeza sustituyó a Madrazo y gobernó, de manera interina, durante 2001 mientras se preparaban nuevas elecciones, las que volvió a ganar Andrade al perredista Raúl Ojeda en agosto de ese año.

En enero de 2002, Andrade inició un gobierno de cinco años y, 11 meses después, en noviembre, impulsó otra reforma a la fracción 41 del artículo 36 constitucional para que el Congreso aprobara las cuentas públicas cada año, en vez de cada tres meses como lo estableció la reforma madracista de 1998.

Sin embargo, logró que se anexara un párrafo para que el ese artículo constitucional quedara como sigue: “Siempre que las condiciones administrativas lo permitan, la cuenta pública podrá revisarse y calificarse por periodos inferiores a los establecidos a este artículo”.

“Andrade tenía miedo de que la oposición ganara la mayoría en el Congreso en la segunda mitad de su gobierno y le desaprobara su cuenta pública, principalmente al final de su administración”, dice el diputado panista José Antonio de la Vega.

Y no le faltaba razón. En los comicios intermedios de 2003, PRD, PAN y PVEM lograron la mayoría en el Congreso con 17 diputados, tres y uno más, respectivamente, contra 14 del PRI.

En noviembre de 2004, en su tercer informe, y ante crecientes denuncias de corrupción, Andrade Díaz elogió “la transparencia fiscal y financiera” de su gobierno, certificada, destacó, “por la firma independiente Aregional”.

Resaltó que, de acuerdo con el Índice de Transparencia 2004, publicado ese año por la empresa Aregional de Beltrones, Tabasco obtuvo 82.5 puntos de 100 posibles, ocupando el noveno lugar nacional, lo que representó “un gran avance” en relación con 2002, cuando la entidad logró 38 puntos y se colocó en la 21 posición.

Sin embargo, un mes después, en diciembre, la cuenta pública 2003 del Ejecutivo fue reprobada por los diputados.

Los 17 legisladores de PRD y dos de los tres diputados del PAN votaron en contra; los 14 del PRI, uno del PVEM y otro del PAN votaron a favor, pero sólo sumaron 16 sufragios contra 19.

Entre las irregularidades detectadas sobresalía mil 700 millones de pesos “desaparecidos” del gobierno estatal entre el 31 de diciembre de 2002 y la misma fecha de 2003, así como un sobregiro presupuestal de más de 3 mil 147 millones de pesos.

Para 2003, el Congreso autorizó 16 mil 720 millones de pesos y Manuel Andrade terminó gastando 19 mil 544 millones.

Como era un hecho inédito, los diputados se hicieron “bolas” sobre el procedimiento a seguir en la reprobada cuenta pública 2003 del Ejecutivo, por “lagunas” constitucionales y, finalmente, el PRI logró mayoría en el Congreso recurriendo a la “compra” de diputados opositores; finalmente la aprobó en 2005.

En las elecciones de 2006, el PRI ganó la gubernatura con Andrés Granier Melo, pero volvió a perder la mayoría en el Congreso ante el PRD y el PAN, que obtuvieron 17 y dos diputados, respectivamente, contra 16 legisladores priistas.

Sin embargo, el gobernador Manuel Andrade se “apanicó” y, el 28 de diciembre, a tres días para dejar el cargo, la mayoría priista de la pasada Legislatura le aprobó anticipadamente su cuenta pública, correspondiente a los tres primeros trimestres de 2006 (enero-septiembre), aprovechando el párrafo introducido en la reforma constitucional de 2002.

Sólo quedó pendiente el último trimestre (octubre-diciembre) de ese año, el cual fue finalmente aprobado el pasado 14 de noviembre con los votos de 20 diputados priistas, incluidos cuatro legisladores (tres del PRD y una diputada del PAN) que fueron “comprados” por el PRI para asegurar el control de la Cámara de Diputados desde el inicio de la actual 59 Legislatura, en enero pasado.

Al final, Andrade Díaz gastó más de 112 mil millones de pesos en cinco años de gobierno, 30 mil 677 de ellos sólo en su último año, en 2006.

En 2002, primer año de gobierno, erogó 16 mil 230 millones de pesos; en 2003, 19 mil 544; en 2004, 20 mil 265, y en 2005, 25 mil 287 millones.

De los 189 mil 283 millones de pesos que el gobierno de Tabasco dispuso de 1993 a 2006, en 14 años, Roberto Madrazo y Manuel Andrade derrocharon más de 160 mil millones



“Criminal”, lo hecho con el presupuesto: Núñez

Tabasco cayó al nada honroso cuarto lugar en pobreza a escala nacional, sólo después de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, no obstante haber ocupado durante 16 años, de 1990 a 2005, el primer lugar de participaciones federales por habitante, con 6 mil 487 pesos con 60 centavos por tabasqueño, seguido por el Distrito Federal con 4 mil 28 pesos con 70 centavos por habitante.

De acuerdo con el "Diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas estatales y municipales 2006", elaborado por la Secretaría de Hacienda, en 2005 Chiapas ocupó el lugar 18 en participaciones; Oaxaca el 31 y Guerrero el 32, mientras que el promedio nacional de participaciones por habitante fue de 2 mil 632 pesos con 80 centavos.

El despilfarro en gasto corriente de los gobiernos de Madrazo y Andrade se observa con mayor crudeza en la década 1994-2004 que, según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), creció 194.4%, ocupando Tabasco el octavo lugar en crecimiento nacional.

En la misma década, el gasto en servicios personales creció 79.5% en promedio en las 32 entidades federativas, mientras que en Tabasco aumentó 664.2%, ocupando el segundo lugar nacional.

En 2004, había en Tabasco 40 mil 940 empleados públicos lo que, comparado con la población, representaba 48 habitantes por cada burócrata, contra 301 en Hidalgo; 284 en Coahuila; 291 en Querétaro, y 188 en Tlaxcala, estados con rangos de población cercanos al de Tabasco.

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en calidad de la educación para alumnos de primaria y secundaria, sobre habilidades en matemáticas, Tabasco ocupó el penúltimo lugar después de Oaxaca, y en habilidades en lectura, el antepenúltimo, después de Oaxaca y Chiapas.

En 1998, Tabasco aportaba 1.21% al producto interno bruto (PIB) nacional; en 2003 cayó a 1.15%.

En el periodo 2000-2004, el PIB por habitante también disminuyó, al pasar de 9 mil 689 pesos a 9 mil 31 pesos, menos 6.8% en los cinco años, mientras que a escala nacional creció 1.7% en el mismo periodo.

Lo peor, lamenta el diputado De la Vega, es que los gobernadores tabasqueños puedan actuar con total impunidad porque, constitucionalmente, están excluidos de ser sujetos de juicio de procedencia por parte del Congreso local, por mal manejo de la administración pública, y sólo son responsables de juicio político ante el Congreso federal.

Incluso, la ley estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no menciona al gobernador como tal.

“O sea que en el estado no existe ninguna posibilidad de enjuiciar a un gobernador. Toda la responsabilidad es para los secretarios y funcionarios menores. El gobernador no puede ser tocado para nada. Tienen impunidad constitucional”, dice.

El senador perredista, Arturo Núñez Jiménez, que dio a conocer las anteriores cifras oficiales durante su informe de labores en el Senado para demostrar el desastre financiero y económico de Tabasco durante el “cacicazgo madracista”, resumió:

“Es criminal lo que han hecho con el presupuesto de Tabasco en los últimos 15 años”.