viernes, 23 de noviembre de 2007


Lo que viene
Carmen Aristegui F.
23 Nov. 07

La última reforma electoral en México, como se sabe, se dio en el marco de la polémica y el enfrentamiento. Finalmente son ley los ejes de las nuevas reglas: la prohibición de los spots pagados; el uso de los tiempos del Estado en radio y televisión para las campañas; regulación de precampañas; impedimento a gobernantes para promover su imagen en la información gubernamental; fin de las campañas negras; recorte al tiempo de campañas y unificación de fechas electorales; prohibición a sindicatos para formar partidos políticos; nuevas fórmulas para financiamiento público y eliminación de secretos bancario, fiscal y fiduciario; una nueva -y controvertida- contraloría y la salida escalonada de consejeros, entre lo principal. Lo que viene ahora es una tanda de reformas a diferentes leyes para darle operatividad a la reforma. Lo principal estará en el Cofipe. Ya se lanzó la convocatoria para integrar al consejo del IFE. Se abrió la puerta por 10 días -del 21 al 30 de noviembre- para que grupos y organizaciones ciudadanas propongan candidatos o que personas se postulen a sí mismas cumpliendo requisitos básicos. Los grupos parlamentarios, a través de la Junta de Coordinación Política, "determinarán por el más amplio consenso posible la propuesta del nombre del candidato a consejero presidente y de los dos candidatos a consejeros electorales del IFE". Del 4 al 7 de diciembre la Comisión de Gobernación entrevistará a los candidatos en sesiones públicas televisadas por el Canal del Congreso. Se sorteará el orden de las comparecencias y se enviará un informe a la Junta de Coordinación Política para perfilar las candidaturas idóneas. Tienen hasta el 13 de diciembre. El pleno votará a más tardar el 14 de diciembre en votación secreta. Van en juego la credibilidad y confianza que debe emanar de quien va a ser el árbitro de las contiendas federales. Nadie puede olvidar el lamentable proceso de hace cuatro años, de donde surgió la actual autoridad que enfrentó, sin fortuna, el traumático proceso del año pasado. El consenso hoy, después de lo ocurrido, es un imperativo. Con mayor razón ahora, que el descabezamiento de la actual autoridad electoral se dio en medio de una fuerte polémica sobre el significado de terminar por anticipado el mandato de los consejeros actuales cuya condición se establecía como inamovible. Contra eso también van los legisladores y quienes lleguen como autoridad. Imperdonable sería que la premura y la tentación terminen el asunto en la repartición de cuotas. Inaceptable que quienes lleguen lo hagan sin plena capacidad y autonomía para hacer valer el marco normativo que está en construcción. Los legisladores deben ser especialmente escrupulosos, máxime cuando existe otro foco de crítica más que justificado: la existencia de una nueva contraloría que está siendo vista como una amenaza a la actuación independiente de los consejeros. Hay muchas dudas sobre sus eventuales funciones y la verdadera intención de los legisladores al sumarla a la reforma. ¿Si ya existían mecanismos de fiscalización para el IFE -como la Auditoria Superior de la Federación- para qué crear este nuevo órgano vinculado al Legislativo? ¿En serio se quiere una espada de Damocles sobre los consejeros para atarle las manos o por lo menos inhibirlos en sus tareas de fiscalización y sanción a los partidos? Aquí sí hay una alerta roja. Han circulado informes sobre un presunto proyecto de atribuciones para la contraloría que dicen cosas como que: "los consejeros pueden ser 'apercibidos', 'suspendidos', 'inhabilitados' o 'destituidos' por llevar a cabo conductas que 'atenten contra la independencia de la función electoral o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto a terceros'", o bien por "tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deba realizar". Que una facultad tan amplia y, sobre todo, genérica quede en manos de un contralor del Legislativo deja en entredicho, efectivamente, el tema toral de la independencia de los consejeros.

El Congreso corre contra el tiempo. Están en curso los 30 días de que dispone. No se extrañe si conocemos primero los nombres y después las reglas. En el camino se han visto varias cosas ya. Un desplegado, por ejemplo, de los empresarios agrupados en la Coparmex que cuestionan el proceso que se vive. Exigieron -sin éxito- que el proceso se sometiera a la supervisión y verificación del capítulo México de Transparencia Internacional. Más allá de sus señalamientos, que deben reconocerse como válidos dentro de un debate democrático aunque no se compartan, lo que resultaba chocante es que un organismo como éste se muestre tan crítico del proceso, cuando es más que sabido que su indebida intervención en las elecciones del año pasado ayudó a descarrilar las condiciones de la contienda. Se necesita cara dura para publicar ese desplegado. En estos días, hasta que se conozca el texto final, seguramente veremos de todo: desde la chunga por la convocatoria abierta para consejeros, hasta bolas de humo que conspiran contra la reforma. Grandes titulares que alertan sobre la amenaza de "dar línea a los noticieros" con información que a horas de publicada resulta desmentida. Lo que viene apenas empieza.

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