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 Ciudad perdida

La labor de Rosa Icela Rodríguez // Trayectoria con impacto social // Collins, en la mira

Miguel Ángel Velázquez

R

osa Icela Rodríguez, propuesta como secretaria de Seguridad Ciudadana, es con absoluta seguridad, una política-política, no de los que se dicen políticos para alimentar el ego y sus bolsillos con escaños, curules o carteras en el gabinete, sino de quien se conduce siempre como servidora pública, cosa que le queda muy clara al Presidente de la República.

Sin reflectores ni altavoces, Rodríguez ha encabezado tareas de seguridad pública en las que ha sabido empatar y entretejer los programas de seguridad social con los trabajos contra la delincuencia, proyecto con el que logró, en su momento, meter paz en el barrio de Tepito, pero además en las colonias Buenos Aires, Doctores y Obrera, consideradas de alto riesgo, esto mientras gobernaba Andrés Manuel López Obrador en la CDMX.

Entender a la pobreza y la marginación como factores detonantes en la inseguridad le valió poder remediar una buena parte del crimen desde la raíz, por eso hay certeza en que lo que viene estará sostenido en la comprensión de los factores que ocasionan la violencia y la atención que se debe dar.

Hay quien asegura que los tiros, las decisiones del Presidente como en mesa de billar, siempre serán de tres bandas, es decir, además de lo simple del nombramiento, con todas sus complejidades, seguramente dice mucho más, sobre todo si nos atenemos a que en los movimientos que se dan desde Palacio Nacional se expresan símbolos que entrañan proyectos en proceso de consolidación.

Rosa Icela Rodríguez tiene buena izquierda, sabe muñequear, pero también es de decisiones firmes y ha sorteado con base en esos atributos las tareas, muchas de ellas de alto grado de dificultad que se le han impuesto. La última en el calendario para encontrar justicia entre los derechos del Estado y los intereses privados en la marina mercante.

Esto prueba, además, por qué se le impone como la jefa del Gabinete de Seguridad, donde hay que lidiar con verdes y azules, pero además con las ambiciones de muchos, aunque sabe cómo hacerlo. En el turno de López Obrador como jefe de Gobierno, Rodríguez fue directora de Participación Ciudadana y encabezó el área de Concertación Política; luego, con Marcelo Ebrard, coordinó el gabinete de Gobierno y Seguridad. Nada fácil.

En general la noticia ha tenido buena recepción; Claudia Sheinbaum, quien es la mandataria de la Ciudad de México, saludó el nombramiento con una felicitación –hay que recordar que fue su secretaria de Gobierno–, y salvo algunos ignorantes que poco o nada conocen de su trabajo, y que como ya casi es costumbre, reaccionan con encono más que con el resultado del análisis del hecho; hay buenas señales para el futuro de la secretaria, así lo expresan también los parabienes que ha recibido desde casi todos los ámbitos de la política.

El tiempo nos dirá qué más se nos quiere decir con su nombramiento al mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero por lo pronto el hecho, que se ha considerado también como un golpe de audacia, seguramente encierra incógnitas y, como dicen en Tabasco: andando la carreta se acomodan las calabazas. No hay que comer ansias.

De pasadita

Ayer fue la casa de Raymundo Collins Flores, en el estado de Morelos, la cateada y muchas las sorpresas que recibieron quienes hurgaron en la residencia del ex funcionario del gobierno de la Ciudad de México.

Hace unos cuantos días se dio a conocer que Julio César Serna, que había sido el coordinador general de la Central de Abastos, junto con Erick Pons Álvarez, ex director jurídico; José Luis Cortés, subdirector de asuntos jurídicos, y Alejandro Santiago Palomares, director ejecutivo de desarrollo y atención integral de ese lugar, habían sido inhabilitados por los próximos 10 años para desempeñar cualquier cargo en la administración pública.

En cuanto a Collins no se sabe aún cuál sería su paradero o si se unió al grupo de prófugos que laboraron en la administración pasada. Aguas.

 Para la víspera

Han emprendido el viaje; ya se siente

en el el aire, en el pan y entre las cosas:

Los muertos van saliendo de las fosas

y al ritmo germinal de la simiente

se acercan desde el fondo del olvido

con llanto de bebé recién nacido.

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• Fernando Santiago

  No salen de las fosas, sus almas son etéreas y esas almas son las que regresan, naaa, regresan las calaveras.

 Dinero

Calaveras 2020

Enrique Galván Ochoa

C

omo todos los años en la conmemoración del Día de Muertos, esta sección presenta sus calaveras; es la edición número XX. El autor es el profesor Benjamín Cortés Valadéz.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

La flaca fiel como pocas
en su postrer conferencia
le respeta su renuencia
de salir sin cubrebocas:
-”¿Por qué mi muerte provocas?”
le grita él con grande ira
pero ella que lo admira
lo convence cariñosa
de que no se va a la fosa
sino que se va de gira.

 Ciudad perdida

La labor de Rosa Icela Rodríguez // Trayectoria con impacto social // Collins, en la mira

Miguel Ángel Velázquez

R

osa Icela Rodríguez, propuesta como secretaria de Seguridad Ciudadana, es con absoluta seguridad, una política-política, no de los que se dicen políticos para alimentar el ego y sus bolsillos con escaños, curules o carteras en el gabinete, sino de quien se conduce siempre como servidora pública, cosa que le queda muy clara al Presidente de la República.

Sin reflectores ni altavoces, Rodríguez ha encabezado tareas de seguridad pública en las que ha sabido empatar y entretejer los programas de seguridad social con los trabajos contra la delincuencia, proyecto con el que logró, en su momento, meter paz en el barrio de Tepito, pero además en las colonias Buenos Aires, Doctores y Obrera, consideradas de alto riesgo, esto mientras gobernaba Andrés Manuel López Obrador en la CDMX.

Entender a la pobreza y la marginación como factores detonantes en la inseguridad le valió poder remediar una buena parte del crimen desde la raíz, por eso hay certeza en que lo que viene estará sostenido en la comprensión de los factores que ocasionan la violencia y la atención que se debe dar.

Hay quien asegura que los tiros, las decisiones del Presidente como en mesa de billar, siempre serán de tres bandas, es decir, además de lo simple del nombramiento, con todas sus complejidades, seguramente dice mucho más, sobre todo si nos atenemos a que en los movimientos que se dan desde Palacio Nacional se expresan símbolos que entrañan proyectos en proceso de consolidación.

Rosa Icela Rodríguez tiene buena izquierda, sabe muñequear, pero también es de decisiones firmes y ha sorteado con base en esos atributos las tareas, muchas de ellas de alto grado de dificultad que se le han impuesto. La última en el calendario para encontrar justicia entre los derechos del Estado y los intereses privados en la marina mercante.

Esto prueba, además, por qué se le impone como la jefa del Gabinete de Seguridad, donde hay que lidiar con verdes y azules, pero además con las ambiciones de muchos, aunque sabe cómo hacerlo. En el turno de López Obrador como jefe de Gobierno, Rodríguez fue directora de Participación Ciudadana y encabezó el área de Concertación Política; luego, con Marcelo Ebrard, coordinó el gabinete de Gobierno y Seguridad. Nada fácil.

En general la noticia ha tenido buena recepción; Claudia Sheinbaum, quien es la mandataria de la Ciudad de México, saludó el nombramiento con una felicitación –hay que recordar que fue su secretaria de Gobierno–, y salvo algunos ignorantes que poco o nada conocen de su trabajo, y que como ya casi es costumbre, reaccionan con encono más que con el resultado del análisis del hecho; hay buenas señales para el futuro de la secretaria, así lo expresan también los parabienes que ha recibido desde casi todos los ámbitos de la política.

El tiempo nos dirá qué más se nos quiere decir con su nombramiento al mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero por lo pronto el hecho, que se ha considerado también como un golpe de audacia, seguramente encierra incógnitas y, como dicen en Tabasco: andando la carreta se acomodan las calabazas. No hay que comer ansias.

De pasadita

Ayer fue la casa de Raymundo Collins Flores, en el estado de Morelos, la cateada y muchas las sorpresas que recibieron quienes hurgaron en la residencia del ex funcionario del gobierno de la Ciudad de México.

Hace unos cuantos días se dio a conocer que Julio César Serna, que había sido el coordinador general de la Central de Abastos, junto con Erick Pons Álvarez, ex director jurídico; José Luis Cortés, subdirector de asuntos jurídicos, y Alejandro Santiago Palomares, director ejecutivo de desarrollo y atención integral de ese lugar, habían sido inhabilitados por los próximos 10 años para desempeñar cualquier cargo en la administración pública.

En cuanto a Collins no se sabe aún cuál sería su paradero o si se unió al grupo de prófugos que laboraron en la administración pasada. Aguas.

 Celebrando 17 mil atenciones en hospitales privados

Gustavo Leal F.*

L

ejos del foro médiático que facilitó el canciller Marcelo Ebrard en la mañanera del 30 de abril, la Iniciativa Juntos por la Salud presentó sus resultados finales –sólo cinco meses después, el 24 de septiembre– en un desolado acto celebrado en la vieja Escuela de Medicina (UNAM) con la participación de un solitario canciller.

¿Qué saldo presentó Héctor Valle –su coordinador– desde la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) con el apoyo de la Fundación BBVA (Eduardo Osuna), Tecsalud (Guillermo Torre) y la Facultad de Medicina de la UNAM (Germán Fajardo)? Al sector privado se convocó a participar en cuatro retos: habilitar con más camas al sistema de salud, equipo de protección para el personal sanitario, acceso a ventiladores e impulsar la manufactura nacional de cubrebocas/ventiladores.

¿Resultados de la participación de 579 empresas e instituciones privadas?: 4 mil 673 respiradores (223 de terapia intensiva) distribuidos en hospitales públicos, incluyendo la capacitación para operarlos; 226 nosocomios, de todos los tamaños, brindaron servicios al costo, disponiendo 3 mil 427 ca-mas. Por la iniciativa se destinaron a hospitales privados 17 mil 413 pacientes no Covid-19 para atención médica, 80 por ciento de los cuales fueron partos y cesáreas.

El mayor apoyo hospitalario lo recibieron derechohabientes del IMSS: 86 por ciento de los atendidos, seguido del Issste con 11 por ciento. Y, en menor proporción aparecen Insabi, Sedena, Semar y Pemex. Derivar a todos estos pacientes facilitó al sector público disponer de 6 mil camas destinadas a pacientes Covid-19.

Además, independientemente de los responsables privados en la coordinación hospitalaria, un millón 500 mil personas respondieron al llamado para donar mil 500 millones de pesos, que incluyeron equipo de protección (Cámara Nacional de la Industria Textil), agua potable, transporte, alimentación y hospedaje para personal de salud.

Para el canciller Ebrard las donaciones representan 30 veces más las que México ha recibido a escala internacional para el combate de la pandemia. Misión cumplida.

El doctor Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General, reconoció que tocó a ese organismo asegurar que los hospitales adheridos tuvieran capacidad y elementos mínimos para atender las intervenciones incluidas. De los 430 que solicitaron adhesión, sólo fueron aceptados 226. Además de la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, participaron agrupaciones de Tijuana, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Cancún. Finalmente, sólo 76 entraron a la alianza. En las colaboraciones futuras, estima, hay oportunidad de bajar costos para que sea posible.

Esta singular alianza público-privada se aprecia también en el Hospital del Centro CitiBanamex para atender temporalmente pacientes con Covid-19 referidos por la red sanitaria de la Ciudad de México.

El Grupo de espectáculos CIE, acompañado por 16 empresas y fundaciones aportantes (Fundación Carlos Slim, Telmex, Telcel, Inbursa, WalMart, Bimbo y la Facultad de Medicina de la UNAM, patrocinaron el plan en colaboración con el gobierno capitalino, y al cual luego se sumaron Barcel, Sertull, CitiBanamex, Alfredo Harp Helú, Coca-Cola, Femsa, Codere, HSBC, Coppel, Infra y Takeda.

Con un presupuesto de 700 millones de pesos y operado por mil 900 colaboradores desde mayo pasado, fue planeado para laborar tres meses, que se extendieron a seis. El plan contempló 850 camas que quedaron finalmente en 550, 32 de terapia intensiva con una ocupación de 60 por ciento. Al no recibir pacientes directos, el plan los aguardaba desde hospitales públicos de especialidades de la zona metropolitana o de los centros de valoración (Triage) diseñados en seis alcaldías y el municipio de Naucalpan (Edomex). Aunque también llegaron de Puebla y Tlaxcala. En total se valoraron –en seis meses– cerca de 5 mil pacientes e ingresaron 3 mil, evitando que progresaran a niveles graves (con oxigenoterapia, anticoagulantes o antinflamatorios, más el control de las comorbilidades: hipertensión arterial y diabetes mellitus, y con un nivel de mortalidad de 1.3 por ciento. Los frecuentes casos graves fueron referenciados a otros hospitales. Todo ello bajo la dirección de un médico pagado por la farmaceútica Pfizer. Finalmente, la Fundación Slim donó 90 millones de pesos para ampliar el plan hasta diciembre próximo.

Por otra parte, el IMSS comunicó el pasado 11 de octubre que –entre abril y septiembre– atendió por Covid-19, sólo en sus instalaciones, a 27 mil 245 personas que no son derechohabientes del instituto. De ellas, 35 por ciento tiene de 19 a 39 años; 37 por ciento, de 40 a 60 años y 26 por ciento de 60 a 80 años y más; 61 por ciento son hombres y el resto mujeres. La mayor carga de atención ocurrió en la Ciudad de México, con 8 mil 425 personas; seguida del Edomex, con 3 mil 387; Veracruz, con mil 690; Nuevo León, con mil 28; Coahuila, con 991, y Sinaloa, con 870.

¿Misión cumplida?

*Universidad Autónoma Metro- politana-Xochimilco

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 Confirman deficiencias contables y administrativas del Seguro Popular

Roberto Garduño y Enrique Méndez

 

Periódico La Jornada
Sábado 31 de octubre de 2020, p. 7

El desaparecido Seguro Popular concluyó con deficiencias en su operación, entre las más relevantes la del Fideicomiso Contra Gastos Catastróficos no contó con la integración de los beneficiarios de 95 mil 445 intervenciones financiadas y sólo proporcionó la base de datos de 58 mil 950.

Los datos se refieren a 2018 y, en la presentación del informe de resultados de la Cuenta Pública 2019 entregado ayer a la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que las debilidades halladas en el control interno de la extinta Comisión Nacional de Protección en Salud, hoy Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) continúan.

“No se proporcionó evidencia de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del estatuto orgánico ni de los avances de la estructura orgánica, de los manuales de organización y procedimientos del Insabi.”

Agregó que las reglas de operación del que a partir de 2019 es el Fondo de Salud para el Bienestar se encontraban en proceso, hasta agosto, de obtener la opinión por parte de la Secretaría de Hacienda y de la autorización del Comité Técnico del fondo, no obstante de que concluyó el plazo establecido.

Entre las irregularidades que se heredaron del Seguro Popular, la ASF señaló: No se contó con evidencia de la aceptación y comprensión del Código de Conducta de la comisión y tampoco se consideran los riesgos en la operación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (hoy Fondo de Salud para el Bienestar). De manera específica, no se proporcionó evidencia de la pla-neación estratégica y de la matriz de riesgos en el registro, validación, autorización y seguimiento del trámite de pago de las intervenciones financiadas; la información de las intervenciones autorizadas, pagadas y por pagar no está integrada en una sola base dedatos, lo que representa riesgo de errores de cálculo y pérdida de la información, y, finalmente, no contó con un procedimiento para la supervisión de la operación.

La auditoría explicó que la anterior comisión no contó en 2019 con la integración por beneficiario de 59 mil 571 casos de intervenciones con estatus de pagado y sólo proporcionó la base de datos de las que fueron autorizadas de manera global para su liquidación.

Además, no se formalizó el acta de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Convenio Modificatorio formalizado con la Fundación de Cáncer de Mama.

Al mes de agosto, el Insabi tenía pendiente de transferir a las unidades médicas y prestadores de servicios médicos 12 mil 726 intervenciones por 324 millones 731 mil 600 pesos.

 TIENEN MUCHAS-Helguera

 

La Jornada

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2:26 PM · Oct 31, 2020·TweetDeck