Trasnacionales pusieron en jaque a Venezuela

No es un problema del aparato productivo o del precio del crudo

La situación económica que vive el país sudamericano abrió la oportunidad, que se discute actualmente en la Asamblea Nacional Constituyente, de modificar un modelo rentista petrolero por uno diversificado, afirma la experta

Hay manipulación para afectar la situación del país, asegura la economista durante la charla con este diario, la cual se llevó a cabo en la embajada venezolana en MéxicoFoto Cristina Rodríguez

Roberto González Amador

 

Periódico La Jornada
Miércoles 30 de agosto de 2017, p. 21

La economía de Venezuela fue puesta en jaque por la gran dependencia que tiene de un puñado de trasnacionales para la importación de medicinas y alimentos. Lo que está ocurriendo ahorita no es tanto un problema del aparato productivo o de la caída del precio del petróleo como tal. Eso afecta, pero lo que tiene en jaque a la economía venezolana ahorita, en un contexto de agresiones como el que se da, es la gran dependencia de las grandes trasnacionales, manifestó Pasqualina Curcio, académica de la Universidad Simón Bolívar de ese país.

En el contexto de una visita a México para sostener encuentros con representantes de organizaciones civiles, académicos e intelectuales, planteó que la situación económica que pasa su país abrió la oportunidad, que se discute actualmente en la Asamblea Nacional Constituyente, de modificar lo que llama “un modelo rentista petrolero –la exportación de crudo aporta 95 por ciento de ingresos de divisas del país– por uno diversificado, tanto en los bienes que produce como en el origen y destino de las mercancías que intercambia con el exterior.

Curcio define su trabajo académico de años recientes como una tarea en la que busca entender lo que pasa en su país desde el punto de vista económico. Pero, agrega, en el entendido de que esa perspectiva guarda mucha relación con lo político y lo social. He identificado algunos aspectos que no pueden ser entendidos sólo desde el punto de vista económico, sino como parte de agresiones al pueblo venezolano, expresó.

Se dice en los medios de comunicación que estamos en la peor crisis económica, respondió cuando se le comentó que la información que prevalece sobre la situación de su país es la que habla de una catástrofe.

Desde 2013, efectivamente, ha habido una caída del producto interno bruto (PIB), porque tenemos cuatro años consecutivos con una disminución del precio del petróleo, apuntó.

Sin embargo, el nivel actual del PIB, incluso en términos per cápita medido en bolívares, la moneda local, y aplicado el efecto inflacionario, es superior en 9 por ciento al del promedio de los 30 años previos, aseguró.

Los datos disponibles más recientes para la medición del PIB corresponden a 2015, apunta.

Por otro lado, añadió, la tasa de desocupación es de 6.6 por ciento de la población activa, nivel relativamente bueno comparado con los de años pasados. En Venezuela hay empleo. Pero con estas variables, la de producción y empleo, que miden si una economía está bien o no, no se puede decir que estamos en la peor crisis económica, reconociendo que ha habido una disminución, aseveró.

Aquí es donde entra en escena la inflación, el deterioro del poder de compra de los salarios, que es uno de los datos más controvertidos sobre la economía venezolana. Las cifras oficiales más recientes son de 2015; para 2017, el Fondo Monetario Internacional pronosticó una tasa de 750 por ciento.

En cuanto a los precios, la inflación, hay un elemento importante, y es parte de lo que hemos analizado, mencionó al hablar sobre uno de sus temas de estudio, la llamada guerra económica.

Los precios desde 2013 en Venezuela se han incrementado de manera importante y repentina, expuso. Y en esa dinámica, añadió, juegan un papel definitivo la especulación, el acaparamiento y el juego con la manipulación del tipo de cambio, indicador que, en un país altamente dependiente de importaciones, termina por determinar los precios al consumidor final.

La inflación que ahora registra el país no corresponde con una caída abrupta en la producción –que no ha ocurrido– que disminuya la oferta de productos y, por tanto, eleve los precios que están dispuestos a pagar los consumidores, explicó.

La inflación en Venezuela es explicada por una manipulación del tipo de cambio de la economía en mercados ilegales que operan desde páginas electrónicas albergadas fuera del país, aseguró.

Venezuela tiene un alto nivel de importaciones, que son realizadas por grandes compañías trasnacionales que tienen el poder de fijar precios, anotó. Esas compañías reciben dólares del Estado, generados de la actividad petrolera, a un tipo de cambio preferencial de 10 bolívares por dólar.

Pero estos agentes económicos que reciben dólares a 10 bolívares, cuando compran el producto fuera y lo llevan al mercado local, no usan el tipo de cambio al que recibieron la moneda, sino el del mercado ilegal, que llega a ser de 16 mil bolívares por dólar, expuso.

La gran pregunta es de dónde sale ese valor de 16 mil bolívares por dólar. Lo que hemos observado es que, de agosto de 2012 a la fecha, ese valor del mercado ilegal ha sido arbitrariamente manipulado, se publica diariamente en páginas web alojadas fuera del país. Es un valor que no corresponde en lo absoluto con las condiciones económicas: el valor de una moneda está muy relacionado con dos variables fundamentales: la cantidad de liquidez monetaria y la cantidad de reservas. Para que haya habido ese aumento a 16 mil bolívares tuvieron que haber caído las reservas de manera importante y aumentado la demanda de liquidez monetaria de manera importante, dijo.

Puso un ejemplo práctico: un productor de plátano no tendría que ser afectado, en apariencia, por la manipulación cambiaria que se hace desde el exterior, dado que sus productos son locales. Pero si requiere una refacción, que es importada, la situación cambia. El vendedor de la refacción recibe del Estado (único proveedor de divisas) dólares a un tipo de cambio de 10 bolívares por dólar. Compra la pieza, por decir, en 10 dólares. Y al venderla al productor de plátano no lo hace en 100 bolívares, que sería el equivalente al tipo de cambio que recibió la moneda, sino utiliza el tipo de cambio del mercado ilegal, de 16 mil bolívares por dólar. El productor de plátano, entonces, debe trasladar ese precio de la especulación monetaria al consumidor final.

Lo que explica el valor del tipo de cambio y su efecto en el precio de alimentos y medicinas no son variables económicas, sino políticas, y tienen un patrón de comportamiento muy relacionado con eventos políticos, aseguró. Los cambios más abruptos, añadió, se dieron el año pasado, cuando hubo una iniciativa de la oposición para pedir la renuncia del presidente Nicolás Maduro –el tipo de cambio se disparó y, en correlación, subió el precio de alimentos y medicinas– y este año, en el contexto de la convocatoria a elección de la Asamblea Nacional Constituyente.

El objetivo no es un tema económico, sino político, de afectar la economía, de afectar al pueblo venezolano utilizando la economía. Esa manipulación del tipo de cambio ilegal es una de las principales armas de la guerra económica contra el pueblo venezolano, porque la variación del tipo de cambio ilegal repercute de inmediato en los precios. El objetivo de esa manipulación no es distorsionar el mercado cambiario, sino los precios, porque eso afecta a 97 por ciento de la población que vive de un salario.

La coyuntura abrió la oportunidad para buscar un cambio estructural en la economía venezolana, hasta ahora dependiente de la renta petrolera, planteó.

Se debe reconocer que en productos estratégicos, como alimentos y medicinas, no se puede depender de 10 o 20 empresas trasnacionales, que hay que diversificar la producción interna y el origen de las importaciones. Esto, de alguna manera, se ha venido haciendo.

Uno de los puntos que discute la Asamblea Nacional Constituyente, subrayó, es la superación del modelo rentista petrolero, no sólo en depender o no del petróleo, recurso que Venezuela va a tener por mucho tiempo, sino superar el modelo en la medida en que los recursos que provienen de la venta de crudo o de cualquiero otro recurso natural se incorporen al proceso productivo a través del Estado y no dependiendo de esas grandes corporaciones que han captado la renta petrolera, expresó.

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