Entre la propaganda negativa y la difamación, una delgada línea

E

n el debate entre aspirantes presidenciales efectuado el pasado domingo en Tijuana, Baja California, el abanderado priísta, José Antonio Meade Kuribreña, caracterizó como una secuestradora que quedó libre por una falla en la justicia a Nestora Salgado, ex comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Guerrero y actual candidata al Senado por Morena, con base en un testimonio que en su momento fue invalidado por las autoridades judiciales. Salgado fue detenida por elementos del Ejército y la Marina en agosto de 2013, acusada de haber secuestrado a decenas de personas y de delincuencia organizada, y estuvo encarcelada durante dos años y siete meses, hasta que en marzo de 2016 fue puesta en libertad. En ese lapso, diversas instituciones y organizaciones de derechos humanos de México y del extranjero –entre ellas, el Grupo de Trabajo sobre detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas– caracterizaron a la activista como presa política y exigieron su liberación y exoneración.

Tras el dicho de Meade, Nestora Salgado señaló que el aspirante presidencial priísta está exponiendo a mis hijas, a mi familia, denunció que la casa de una de sus hijas fue atacada a balazos y anunció su determinación de demandar penalmente al ex secretario de Hacienda y de Desarrollo Social por difamación. Ayer, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Horacio Duarte, formalizó una queja en esa institución por violencia política de género y pidió la activación del protocolo de protección en favor de la ex policía comunitaria, toda vez que, dijo, las expresiones del aspirante presidencial oficialista desataron actos de violencia que ponen en riesgo la vida e integridad de la candidata y de su familia, todo ello en momentos en que las autoridades federales se han abstenido de brindar protección adecuada a la caravana que acompaña a Salgado por varios puntos de Guerrero.

De acuerdo con los expedientes judiciales, Meade formuló en el curso del debate una acusación infundada en contra de una ciudadana inocente y exonerada por la justicia, lo cual constituye una falta severa en sí, y más si se tiene en cuenta que el encuentro de Tijuana fue objeto de una enorme cobertura mediática –se calcula que fue observado en vivo por más de 12 millones de personas– y que cualquier señalamiento negativo allí vertido podría tener consecuencias desastrosas para la seguridad y la honorabilidad de cualquier persona señalada; como agravante adicional, Nestora Salgado desarrolla su campaña en un entorno social dominado por grupos de la delincuencia organizada y caracterizado por un agudo deterioro del estado de derecho y de la seguridad pública. El no haber considerado tal circunstancia constituye una muestra adicional de preocupante irresponsabilidad. Para rematar, Meade porfió ayer en su actitud y, por medio de un tuit, se negó a retractarse y a ofrecer disculpas.

Es una práctica indebida pero tal vez inevitable que, en el afán por promover su causa y debilitar las de sus contrincantes, los aspirantes a cargos de elección popular recurran a señalamientos personales poco rigurosos y hasta mendaces. Pero en el episodio comentado, las expresiones del candidato priísta parecen haber ido más allá de la propaganda negativa; en otros términos, es posible que Meade haya cruzado la delgada línea que separa a las campañas sucias de la difamación.

Lo cierto es que esa clase de actos, lejos de contribuir a un proceso electoral civilizado, pacífico y democrático, introduce factores de polarización y violencia. Por lo demás, en vez de fortalecer su posición para los comicios del próximo primero de julio, el ex secretario de Hacienda se presentó como un político irreflexivo y carente de actitudes propositivas, que son la forma recomendable y deseable de buscar el voto ciudadano. Por su propio interés y por la salud del proceso democrático, cabe esperar que rectifique.