La constitución en vilo

Bernardo Bátiz V.

E

l torbellino, a ratos enfermizo, de las campañas enturbian el ambiente público y la convivencia; tanta publicidad, debates, discusiones en redes sociales, cafés, hogares, clubes, cantinas y cualquier sitio de reunión de personas. El proselitismo político oculta otros temas, postergan asuntos socialmente importantes y sólo se salva (y ya no tanto) el futbol. Aquí en la capital, el fenómeno toca a la Constitución Política de la Ciudad, publicada el 5 de febrero de 2017 y que entrará en pleno vigor, si es que esto sucede, el 25 de septiembre de este año; cuando, así lo esperamos, las controversias poselectorales hayan amainado y tengamos nuevos y mejores gobernantes.

Mientras tanto, una cortina de humo rodea a nuestra Carta Magna local. Los constituyentes y un muy amplio sector del politizado pueblo capitalino, estamos orgullosos de ella, sostenemos que es una verdadera carta fundacional, una constitución original y no sólo una especie de ley orgánica de la capital. Nos llena de satisfacción que la ONU haya reconocido muy especialmente el capítulo en el cual se acepta la personalidad jurídica, la autonomía y los derechos de pueblos y barrios originarios.

Podemos presumir que en la Constitución se recogieron principios y derechos de avanzada, es una conquista de libertades y herramientas para defenderlas; derechos más amplios, más protegidos, más explícitos que los reconocidos en otras constituciones, incluida la federal.

Expresamente nuestra constitución proclama el principio de progresividad en materia de libertades y derechos, lo que vaya hacia adelante bien venido, nunca pasos atrás o menoscabo en esta materia.

El derecho al agua fue una conquista difícil, quedó clara su universalidad y que es un bien público, en cuya gestión no cabe ni la iniciativa privada ni el mundo de las empresas y esa gestión será sin fines de lucro. Somos una ciudad pluricultural, democrática y los ciudadanos y habitantes tenemos, entre otros, derecho a la buena administración pública. Y más: ciudad sustentable, ciudad habitable, una economía distributiva y, en todo, estructuras y mecanismo jurídicos de defensa.

Quizá lo más importante está en el quiebre que la carta magna local significó en el proceso de más de 30 años, en los cuales todas las reformas constitucionales que se aprobaron en el país fueron restrictivas de derechos, limitaron libertades y significaron verdaderos atracos al pueblo, como la educativa y la laboral o los despojos a la Nación so pretexto de la energética. Nuestra Constitución es un quiebre hacia la justicia social y la libertad.

Lamentablemente lo novedoso, lo justiciero y democrático de ella asustó a muchos, a los de siempre, los guardianes del cómodo statu quo, a los beneficiarios en grande de la corrupción y la ambigüedad de la legislación y la impugnaron; se interpusieron ante la Suprema Corte acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales; algunas ya se resolvieron, pero las más importantes mantienen en vilo a nuestra carta magna.

La acción intentada por la hoy descabezada Procuraduría General de la República es la más intransigente; el procurador interpuso su recurso y se esfumó; pero nos dejó el litigio pendiente, la constitución en vilo. Por fortuna, grupos de ciudadanos, algunos abogados, organizaciones defensoras de derechos humanos, espacios plurales como el CUC y el Observatorio de Defensa de la Constitución, están pendientes, se acercan a los ministros que resolverán, actúan como amicus curiae y argumentan, litigan, ante el más alto tribunal del país. La Corte tiene fama de conservadora, le alza pelo al derecho social, pero es la que tendrá que resolver. Los cambios recientes, nuevos ministros menos comprometidos con los partidos, hacen que los defensores de la Constitución confíen en una resolución sólida, justa y de avanzada.