NAICM: La primera consulta de Andrés Manuel

Enrique Calderon Alzati

E

n estos días se realiza la primera consulta nacional sobre el NAICM, convocada por Andrés Manuel López Obrador antes del inicio de su gobierno, en virtud del dinero público que se sigue gastando en su construcción, sin tomar en cuenta la opinión de la sociedad. Ello ha dado motivo a una serie de críticas que es necesario analizar para entender la importancia de la consulta misma. En primer lugar está el hecho de que sólo serán mil 78 mesas en todo el país ubicadas en 530 municipios, cifra muy pequeña si se compara con el número de casillas utilizadas en las pasadas elecciones. ¿No sería más conveniente esperar a que se dé el cambio de gobierno, de manera que la consulta se haga con más recursos y una mejor organización?

La respuesta a esta pregunta, es que ello implicaría que se siguieran gastando grandes cantidades de dinero en algo que después podría ser cancelado, lo cual representaría una perdida adicional que tendría que ser solventada con recursos de la nación, los cuales podrían ser utilizados para cubrir otras necesidades. El problema de hacer la consulta ahora, implica que sólo una parte muy reducida de las y los ciudadanos podrá participar en ella. Esto es cierto, sin embargo quienes así opinan, no se conoce que hayan cuestionado, o estado en contra de las decisiones tomadas sólo por unos cuantos. Los presidentes Zedillo, Calderón y Peña Nieto, con sus amigos y colaboradores más cercanos, cuando el primero decidió cargar la enormes deudas y fraudes de los bancos al Fobaproa, que los mexicanos seguimos pagando hasta hoy, ni cuando el segundo decidió con sus amigos sacar al ejército a las calles para combatir el crimen organizado, generando cientos de miles de muertos del pueblo mexicano; de manera similar en el sexenio actual, el Presidente y sus cómplices decidieron entregar los yacimientos y la industria petrolera a espaldas de la nación.

Se ha mencionado igualmente que la operación conjunta de la base militar de Santa Lucía con el aeropuerto actual, representa un riesgo de accidentes aéreos por su cercanía (35 kilómetros) sin embargo existen muchas ciudades estadunidenses y europeas donde existe el mismo problema y no se han dado tales accidentes. Un caso particular es el de la ciudad de Nueva York, en donde operan los aeropuertos Kennedy, LaGuardia y Newark incluso con mucho más tráfico que la Ciudad de México. Desde luego si este proyecto es el seleccionado, se deberán realizar los estudios necesarios, antes de iniciar las obras.

Un aspecto que por ahora no ha sido tomado en cuenta, es el hecho de la cantidad de vuelos innecesarios al aeropuerto de la Ciudad de México, causados por la centralización exagerada de las rutas que convergen a la Ciudad de México ¿Cuál es la razón de que los pasajeros que vuelan del puerto de Veracruz a Tampico, Monterrey, Coatzacoalcos, Villahermosa o Oaxaca, tengan que volar a la Ciudad de México y de allí a sus destinos, ante la ausencia de vuelos directos? Pero este es sólo un ejemplo entre muchos, cuya única explicación está en las ganancias que de esta manera logran obtener las líneas de aviación. ¿No tienen acaso derecho los ciudadanos a opinar en cuestiones que les afectan a su salud y economía?

En las pasadas dos semanas, las críticas a la consulta sobre el nuevo aeropuerto han sido muy diversas, incluyendo la validez y legalidad misma de la consulta misma, por lo que he decidido emplear este espacio para contestar las que considero más representativas. Además de quienes critican el pequeño número de mesas, son muchos quienes consideran que quienes debieran opinar son sólo los expertos, incluyendo a pilotos, controladores aéreos, ingenieros relacionados con la construcción de aeropuertos y con los problemas hidrológicos, sin embargo la esencia de la democracia es el derecho del pueblo a participar en las decisiones que le afectan de alguna manera y este es el caso del proyecto aeroportuario. Hasta ahora la mayor crítica proviene de algunos grupos empresariales, políticos y medios de comunicación asociados al PRI y al PAN, quienes insisten que la consulta es un acto ilegal que terminara afectando la economía del país. La Constitución de la Republica señala sin ambigüedad alguna la libertad de expresión, y la consulta convocada por nuestro futuro presidente, es un acto que le permite conocer, nuestra opinión, ¿En qué consiste la ilegalidad?

Respecto a la posible afectación a la economía del país por una supuesta desconfianza de posibles inversionistas, la cual generaría una posible fuga de capitales e incluso una caída de la moneda mexicana, en el caso de que se suspendieran las obras de la terminal de Texcoco, a partir de las respuestas de la consulta, ello pareciera conformar una estrategia para provocar el miedo de un sector de la población, sin embargo conviene recordar que nada de esto sucedió, cuando Peña Nieto decidió cancelar el proyecto del tren rápido a Querétaro, en virtud del escándalo de la casa blanca que lo involucraba en un conflicto de intereses, con el grupo Higa.

En estos días, un articulista del Excélsior, tuvo a bien preguntar cuál era la razón para hacer una consulta sobre el aeropuerto y no hacerla sobre el proyecto del tren Maya, ignorando que este último es un esquema que recién se ha iniciado y está en fase de estudio, para el cual ya habrá tiempo para someterlo a la opinión ciudadana, de manera similar durante los pasados días, la mayor parte de los medios de comunicación nacionales han planteado que los 538 municipios seleccionados para colocar las mesas de la consulta, constituyen una muestra del sesgo de la misma, en virtud de que se ha dado mayor importancia a las regiones y municipios donde Morena tiene más simpatizantes, pensando seguramente que la sociedad ha olvidado, que en la gran mayoría de municipios, el triunfo de López Obrador fue arrollador.

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