Reforma de seguridad y justicia
miércoles, 19 diciembre 2007
Por Ricardo Monreal Avila
I
No puede haber libertad y democracia sin seguridad. Es por ello que nuestro país necesita un sistema de seguridad y justicia que garantice ambos valores a todos los mexicanos.
Sin embargo, la libertad y la democracia también pueden ser negados en el otro extremo: cuando la seguridad se convierte en el principal bien público a tutelar por el Estado, convirtiendo en variables dependientes o secundarias lo que son valores fundamentales de la sociedad y la ciudadanía.
La semana pasada fue aprobado en lo esencial un paquete de reformas constitucionales que crean un estado policiaco de excepción y no un Estado excepcional de seguridad democrática. Por su lesivo y dañino contenido para las garantías individuales, los derechos humanos y civiles, el juicio de amparo, el llamado “debido proceso” y la soberanía judicial de la nación mexicana, es importante glosar estas reformas constitucionales que salieron adelante en el Congreso con el voto aplanadora del PAN y el PRI.

El problema fundamental que yo encuentro en esta reforma es, que simplemente crea un sistema autoritario, con amplísimas posibilidades de avasallar a los ciudadanos y sin ninguna posibilidad efectiva de combatir el crimen; dejando abierta la puerta para combatir con extrema violencia a los enemigos políticos, para decirlo en otros términos, da la impresión que se quieren legitimar las estrategias usadas en casos como el de San Salvador Atenco, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), o el del Chino-mexicano Zhen Li Ye Gon.
A continuación abordaré los temas de mayor preocupación de esta reforma que fue aprobada de manera rápida, sin consulta alguna con los especialistas y organizaciones de derechos humanos y sin un debate parlamentario serio y responsable.

1) ARRAIGO

El arraigo que se incluiría en la Constitución contiene una serie de extremos que francamente son contrarios en su sentido al resto del texto constitucional.
Esta figura debe ser vista como una detención arbitraria, pues queda al arbitrio de la autoridad valorar si considera oportuno privar de su libertad a un individuo o grupo de individuos para posteriormente hacer una investigación. Es evidente que así como se aprehenderán culpables, también se arraigarán inocentes, a los cuales posteriormente se les pedirá una disculpa, sin importar los daños sicológicos, morales y materiales que le ocasione a un individuo ser secuestrado por una autoridad por un plazo de hasta 80 días.
Dice el texto de la reforma constitucional que todo acusado debe ser puesto a disposición de un juez inmediatamente, pero para el caso de los arraigados, se establece una excepción, ya que sólo se requiere que la autoridad acuse a tres personas, culpables o inocentes para cometer una aberración jurídica. La falta de definición de la delincuencia organizada, permitirá que se cometan grandes arbitrariedades en nombre de este delito, ya que la disposición constitucional que se pretende, deja a la legislación secundaria la definición de este tipo de organización delictiva.
Los centros de arraigo han roto la idea original del arraigo, que era mantener a un individuo sospechoso en una situación en la que no pudiera moverse para evadir la justicia. Sin embargo, la inventiva mexicana deformó la idea y creó una serie de cárceles clandestinas donde se hace prisioneros a los sospechosos para investigarlos, se les aprisiona porque no se tienen pruebas de su culpabilidad, aun cuando la Constitución diga que se debe partir del principio de presunción de inocencia.
Reconocer el arraigo a nivel constitucional no es otra cosa que reconocer y legitimar la incapacidad del Ministerio Público para realizar una averiguación previa, pues resulta extraordinariamente cómodo detener arbitrariamente a más de tres individuos, sin ninguna responsabilidad de por medio, pero haciendo pedazos los derechos humanos con el pretexto de que, si no se llevan a cabo dichas prácticas, el sistema no funcionará.
En todas las democracias occidentales avanzadas el principio de legalidad establece que hay que investigar para detener a una persona, salvo en los casos de flagrancia. Ahora en nuestro país será a la inversa: primero arraigar y luego averiguar, siguiendo la máxima villista de “mátenlos y después verigüen”.

2) DELINCUENCIA ORGANIZADA

Este tema me lleva a expresar una preocupación de los hombres y mujeres de la izquierda en el mundo. La deformación que se hace por parte de la autoridad a partir de una redacción equívoca, mal intencionada, o en todo caso mal redactada ya que simplemente se presta a interpretaciones abiertas y de partido.
La definición de delincuencia organizada que se pretende imponer en la Constitución, cuyo principal y único requisito es que se reúnan tres personas para cometer un delito, sin que se hable de premeditación, ni del tipo de conductas punibles o cualquier otra característica que permita separar a los delincuentes del verdadero crimen organizado de los simples ciudadanos, provocará que aquellos mexicanos que en aras de la defensa de sus ideales políticos se acaben trasformando en reos políticos, con un potencial de peligrosidad que justifica su encarcelamiento en los centros de alta peligrosidad del país.
Una legislación tan ambigua es una patente de corso para que un régimen autoritario como aquel que combate a los criminales con tanques de guerra y soldados, pero sin ninguna eficacia, puedan justificar todas sus violaciones de derechos humanos contra sus enemigos políticos.
Solicito respetuosamente ajusten el texto constitucional de una manera racional y definan los casos en que se deba estar frente a delincuencia organizada como son el narcotráfico, los secuestros, el abigeato etc. Y no simplemente tirar un escopetazo que pegará seguramente en ciudadanos que luchen por sus derechos civiles.
Un segundo elemento que no podemos dejar pasar es que se compruebe la relación entre los tres inculpados por crimen organizado, pues en la actualidad las arbitrariedades que se han cometido con este pretexto son proverbiales en las Comisiones y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Mientras no se entienda que la “delincuencia organizada” es ante todo y sobre todo una delincuencia protegida desde, por y para el poder, las guerras que libre el Estado contra este tipo de delincuencia terminará golpeando a la sociedad y no al crimen organizado. La primera guerra que debe librar el gobierno de Calderón es contra sí mismo, es decir, contra la corrupción, la ineficiencia, la descoordinación y la venta de protección a las bandas de criminales. (Continuará).

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mxThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it