CTM y CCE frente a las pensiones

Gustavo Leal F.*

E

n enero de 2012, último año del calderonismo, un informe de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) –elaborado por Fernando Salgado– comunicaba que, ante el cúmulo de trámites para cobrar una pensión, el desconocimiento de ese derecho por los trabajadores, problemas de homonimia, errores en nombres, en Curp, fechas de nacimiento y otros: miles de millones de pesos no han sido cobrados. Se los queda el gobierno. Hay que agregar, señalaba, que de los más de un billón 500 mil millones de pesos acumulados por los trabajadores desde 1997 (en 2017 redondean ya cerca de 3 billones), casi uno ha sido prestado al gobierno mediante papel gubernamental. Es decir: 60 por ciento de los fondos están en manos de las autoridades y otro 15 por ciento corresponde a recursos que los trabajadores no han reclamado por diversos problemas.

Según la CTM, el país enfrentaba, entonces, el gran problema social de las pensiones. Con su masa actual, subrayaba, los obreros tendrán que laborar 40 años para alcanzar una jubilación de apenas 50 por ciento de su último salario (los últimos estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –2015– lo sitúan apenas en 26 por ciento). Por tanto, proseguía la CTM, cuando en 2025 se pensione el primer trabajador con la ley-Zedillo-IMSS-1997 podría generar una crisis social. Como la que ya brotó en Chile y Uruguay durante 2016 y, antes, en Argentina.

Además, puntualizaba, las autoridades capitalizan el desorden imperante. Hay trabajadores que no saben dónde están sus cuentas. En la construcción, por ejemplo, laborando en cuatro o cinco obras al año, ignoran el monto de sus descuentos y a cuánto ascienden sus ahorros. En otras ramas sus números están mal, pero los trabajadores ya no tienen los comprobantes.

Como si no fuera suficiente, el informe cerraba reconociendo la baja densidad en las aportaciones de los trabajadores: eso, porque cuando consiguen un empleo, están cotizando, pero luego les quitan el contrato, los corren y dejan de hacerlo hasta que consiguen uno nuevo. Pero a lo mejor en éste ya no tienen prestaciones.

Frente a este inquietante panorama, muy poco después, Enrique Peña Nieto sólo pudo ofrecer una insuficiente e inviable estrategia sexenal: su Seguridad Social Universal. Mientras que –sin asumir el patente fracaso de las reformas IMSS-Zedillo (1997)-Issste-Calderón-Beltrones (2007)– la Consar-Videgaray recurría a la OCDE (octubre de 2015) para tratar de paliar los altos costos fiscales derivados de este tipo de reformas fallidas, sacrificando nuevamente las expectativas pensionarias de los trabajadores dueños de los recursos pensionarios: casi 3 billones de pesos en manos de las Afore.

La última campanada correspondió al secretario José Antonio Meade desde la SHCP operando –ahora– con el FMI ( International Monetary Fund, Country Report No. 16/359, MEXICO, November, 2016), justo en el mismo sentido que antes lo hiciera la Consar-OCDE-Videgaray: sólo que los trabajadores vuelvan a poner, sin atreverse a evaluar la pobre dinámica del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) después de 20 años de controversial operación.

Como declara el director general José Reyes Baeza: la inversión en el pago de pensiones es la más importante en el Issste. En 2017 ascenderá a 190 mil millones de pesos, casi el mismo monto que representaba el subsidio anual a las gasolinas. El reto, prosigue, es que ese gasto crece 10 por ciento en promedio anual, a un ritmo que se mantendrá hasta 2037, por la cantidad de servidores públicos que tienen derecho a jubilarse con base en la ley que estuvo vigente hasta 2007. Y por el tipo de costosa reforma (copia de la del IMSS) que impusieron Calderón-Beltrones en 2007, le faltó agregar.

Teniendo como marco la reunión de la fracción parlamentaria priísta en la Cámara de Diputados, apenas el 30 de enero 2017, el actuario Juan Pablo Castañón –ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)–, ahora al frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se animó a plantear una reforma al sistema de pensiones que incremente de 6.5 a 13.5 por ciento el monto de los trabajadores para su ahorro destinado al retiro. ¿Y ellos, el CCE, qué ponen?

Porque, según Castañón: nos interesa a los empresarios porque pagamos los impuestos y tenemos la visión de que se requiere esta red mínima de protección para los mexicanos.

Es claro que el desafío pensionario mexicano sólo puede reducirse a un asunto fiscal (como lo hace el Centro de Estudios Espinosa Yglesias), en la misma medida en que se asuma que el fracaso de las reformas Zedillo- Calderón son las responsables y razón por la cual se trasladada la fuerte carga impositiva que hoy día pesa sobre los contribuyentes. Porque, ¿cuántos millones de pesos, de los 507 mil 255 destinados al pago de pensiones durante 2015 ( Criterios Generales de Política Económica 2017, límite máximo de gasto corriente estructural, gasto neto pagado Cuenta Pública 2015, p. 72), derivan directamente del fracaso de ese tipo de reformas adoptadas?

Peña debe dedicar el resto de su administración sólo a evitar que el secretario Meade complique más el asunto público y, al no estorbar, facilite las tareas del gobierno entrante (2018). Entre ellas, muy destacadamente, la impostergable evaluación del SAR para ajustarlo de raíz e identificar a cabalidad las varias bombas que laten al interior del sistema pensionario, abriendo una oportunidad real y digna para quienes pasarán al retiro, así como, muy especialmente, a los jóvenes. Mientras más pronto, ¡mejor!

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

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