El “decretazo” del agua, último gran negocio de los peñistas
Pipas de agua en la delegación iztapalapa. Foto: @Del_Iztapalapa
El “decretazo” del agua, último gran negocio de los peñistas
CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- En 2015, tras la aprobación de la batería de leyes sobre la reforma energética, en el Congreso se atoró la llamada Ley Korenfeld que pretendía una modernización de la Ley de Aguas. En 2016 y en 2018, el último intento se dio en la Cámara de Diputados, a través de la llamada Ley Pichardo, impulsada por el hijo del exgobernador del Estado de México.
La cultura del negocio privado de los bienes públicos, tan aprendida con Carlos Hank González por la cleptocracia mexiquense, no pudo consumarse mediante una ley.
De manera subrepticia, en plena campaña presidencial, el presidente Enrique Peña Nieto decidió que, si no se podía por la vía de una nueva ley, el gran negocio del agua tenía que hacerse mediante decreto presidencial. Y así fue que el pasado miércoles 6, en el Diario Oficial de la Federación, Peña Nieto firmó un decreto que autoriza el “reordenamiento” de 295 de un total de 757 cuencas hídricas del país, que representan el 55% de las aguas superficiales.
El decreto permite modificar las “vedas existentes” para la explotación de estas cuencas hídricas y abre prácticamente la modificación para las concesiones de la explotación del agua en estos lugares. Según la coalición Agua Para Todos, se trata de una privatización de facto porque al levantar la veda se abren las puertas para comercializar el 55% del agua existente, a través de organismos y operadores empresariales que pueden operar a nivel municipal (el espacio político que pretenden defender los priistas en las elecciones del 1 de julio) y entregarlas a empresas mineras, de hidrocarburos, turísticas y, sobre todo, inmobiliarias.
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