Pablo Gómez

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La libertad de difusión es de todos

La vieja libertad de publicar escritos se denomina ahora libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Ese artículo 7º constitucional, reformado en 2013 (único cambio desde 1917), no se refiere sólo a los periodistas, sino a todas las personas. Sin embargo, se pretende que en los hechos no sea así, pues se invoca como garantía de unos cuantos, los profesionales de la comunicación.

La llamada libertad de prensa solía entenderse como de aplicación restringida porque hasta hace poco sólo el periodismo comunicaba masivamente. Es por ello que no es lo mismo que un comunicador profesional publique algo sobre un político, artista, empresario, clérigo, etcétera, a que eso lo divulgue cualquier otra persona. Se le confiere mayor libertad al profesional de la difusión.

En sentido convergente, la Suprema Corte tiene el criterio de que una persona públicamente expuesta, un gobernante por ejemplo, puede ser indicada con mayor severidad, incluso con intromisión en su vida privada, sin que el señalado pueda fundadamente reclamar.

Los límites constitucionales de la libertad de difusión de las ideas por cualquier medio (Art. 7) son los mismos que los de la libertad de manifestación de las ideas (Art. 6). Quizá por eso se siguen confundiendo esas dos libertades. Además de cuestiones de orden público, tales limitaciones versan sobre los contornos de la vida privada y los derechos de terceros.

Ahora bien, los dueños de los medios de comunicación nunca están personalmente involucrados en las discusiones. Quienes se meten en toda clase de problemas relacionados con la difusión de ideas e informaciones son los periodistas propiamente dichos, es decir, trabajadores de los medios. Sólo cuando se abren procesos judiciales comparecen también las empresas como tales. Sin embargo, son los dueños quienes señalan la línea editorial.

El ejercicio de la libertad no protege sólo lo que publican los medios de comunicación sino también lo que les responden los aludidos. Existe, además, el derecho de réplica en la Constitución y en la ley. Así, está previsto el diálogo en la Carta Magna. Sin embargo, la crítica a los periodistas suele analizarse como un atentado a la libertad de difusión de ideas e informaciones. Más duro resulta que el poder político, sujeto de la crítica persistente de los periodistas, sea señalado como enemigo de la libertad de difusión cuando responde y, más aún, cuando lo hace igual de fuerte que los mensajes de los comunicadores profesionales, en especial los llamados editorialistas, articulistas, columnistas o conductores.

Gran parte del problema estriba en que la prensa mexicana es notoriamente deficiente si se le compara con la de muchos otros países grandes. No sólo se trata de la falta de conocimientos generales, lo cual es muy fácil de observar, sino de aquello que puede referirse a lo propiamente profesional.

El debate sobre los medios no está en el campo de la ética, como algunos lo han querido arrinconar. Es un problema tanto de responsabilidad social como de ejercicio de la profesión. En México han existido periodistas muy distinguidos y admirados, pero muy pocos. Han sido maestros sin discípulos, quizá por eso aquéllos han brillado durante tanto tiempo.

Para las generaciones que vivieron el oscurantismo político priista, la prensa era vendida, así se le conocía. Mas quien la compraba era el gobierno y, en lo individual, los políticos del poder, siempre con recursos públicos. Aquellos pocos periodistas ejemplares sí eran socialmente responsables porque denunciaban y criticaban sin mentir ni deformar. Sabían indagar y discernir, además de que eran cultos y conocían la artesanía de la redacción.

Muchos periodistas de aquellos tiempos de la intolerancia priista sufrieron represalias, sí, mas dejaron un legado. Pregunten por Julio Scherer, entre otros.

Después, bajo la libertad de prensa, también hubo hostigamiento. Entre mejor periodista se era, mayores bloqueos se sufrían. Pregunten a Carmen Aristegui entre varios.

El gobierno actual no va a reprender a ningún periodista. Por eso ya no existe el chayote, instrumento ignominioso de la falta de libertad de información y crítica. Por eso también la publicidad institucional es menor y tiene otros parámetros. El gobierno no pide que se le apoye ni que se le deje de criticar.

Pero no es un exceso demandar que la prensa se diga lo que está ocurriendo y sus implicaciones verdaderas.
Algunos siempre hemos criticado a los medios. ¿Por qué no hacerlo hoy también si acaso se considera necesario? La aspiración a tener una prensa mucho mejor no es nueva ni es espuria.

Mas existe otro elemento. Nadie puede pedir una prensa neutral. Eso no existe. Consulten el tema con Carlos Payán, maestro de buen periodismo profesional, comprometido y honrado. Los medios mexicanos son más o menos variados pero predomina la derecha. Quien niegue esto vive en otro planeta, aunque la mayor parte de la derecha no admite serlo. Le da pena, pero ese es otro problema.

No debería verse como anormal o indebido debatir aun desde el gobierno con esa derecha que tiene un poder de comunicación efectivo, es decir, la propiedad de importantes medios de comunicación social.

Tampoco debería verse anómalo que, cuando se alteran los hechos y sus contextos o se informa francamente mal, se critique a toda publicación que lo hace, incluyendo a las muy minoritarias de izquierda, las cuales parece que se desorientan con mayor facilidad.

La prensa es terreno de lucha política. Hubo tiempos en el siglo XIX que un periódico era un partido. Nuevos intentos se produjeron en el siglo XX.

El debate con la prensa no es para descalificarla. Ella acaso se descalifica sola. Pero eso no quiere decir que el debate sea innecesario. Dice Andrés Manuel que el pueblo mexicano ya no es manipulable. Tiene razón en tanto que esa expresión consigna un hecho histórico, un cambio en la conciencia popular, pero en cada caso, a cada tropiezo de la vida, ante cada acontecimiento, sí se pueden distorsionar los hechos y ponerlos en un contexto inexistente. Sí puede haber manipulación social inducida desde la prensa. De hecho la hay.

Muchos consideran que un gobernante no debe criticar a nadie porque "representa a todos". Esa subjetividad no predomina en ninguna otra parte del mundo. Los mandatarios gobiernan a todos pero no lo hacen por igual. Si así fuera, no tendría caso convocar a elecciones y votar. Es falsa aquella idea priista de neutralidad social del poder promovida durante los tiempos neoliberales, luego adoptada por el PAN. Los partidos expresan ideas e intereses diferentes y por ello buscan gobernar. No existe tampoco ningún principio jurídico que limite la libertad de expresión ni la de difusión de las ideas por el hecho de estar en el ejercicio del poder político. El presidente de la República es responsable ante la ley por sus expresiones propias. La inmunidad sobre lo dicho sólo la tienen los legisladores, con base en el artículo 61 constitucional, para proteger sus expresiones críticas de los otros dos poderes y de personas o corporaciones poderosas.

Algo que caracteriza a la mayor parte de la prensa mexicana es su desdén o ignorancia del sistema democrático y sus leyes. Esto es normal en un país donde éste ha sido precario. No se analiza el carácter universal de la libertad de difusión de ideas e informaciones. El ejercicio de alguna profesión, oficio o mandato público no la puede restringir, ya que todas sus limitaciones están expresamente consignadas en la Constitución.

Que el presidente critique a la prensa, como siempre lo hemos hecho quienes no ejercimos el poder durante muchas décadas y no estamos arrepentidos de nada al respecto, es un acto sincero que no podría considerarse como autoritarismo. Ya vivimos otra situación política aunque, a cada paso, la prensa analiza al gobierno actual a la luz de la forma en la actuaban los anteriores. Están desorientados porque les conviene.

El carácter inviolable de la libertad de difusión en las benditas redes sociales es un tema más amplio que comprende la neutralidad de la red internacional, internet. Esa también se encuentra garantizada en el mismo artículo 7º constitucional. Al tiempo, está cambiado el periodismo como profesión y también como negocio.