GATO POR LIEBRE.

La nueva Ley Reglamentaria del artículo 122, llamada ahora Constitución de la Ciudad de México ha concluido una etapa.
Producto de un constituyente viciado de origen, 40 designados por dedazo, este documento no alcanza a reconocer la soberanía de los habitantes de la Ciudad en su relación con la Federación. Solo entonces, cuando se reconozcan los derechos plenos de los capitalinos tendremos una Constitución.
¿Que hay de nuevo en esta Ley Reglamentaria, con relación a los derechos ya establecidos en la capital?
Tal vez valga la pena puntualizar lo que ya teníamos solo para que no nos lo cuenten doble.
Desde 2007 es vigente el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), legislación que por cierto tuve el honor de votar a favor.
De igual manera, el reconocimiento legal a las relaciones entre personas del mismo sexo, encontraron en 2007 en la figura de las Sociedades de Convivencia un primer piso, y a partir de 2010, es vigente el matrimonio igualitario en la Ciudad.
En 2008 se publicó la Ley de Voluntad Anticipada, por lo cual se reconoce el derecho de las personas a tener una muerte digna.
Ni que decir de la política social que desde 2004 alcanzó el carácter de universal y obligatoria en temas como adultos mayores, jóvenes y escolares en condición de horfandad.
La Ciudad de México ha sido una isla en materia de derechos. El contar con un Estatuto de Gobierno, no significó un dique para establecer una legislación de avanzada en muchísimos temas.
¿Que es lo realmente nuevo?
Por ejemplo, se incorporó la figura de revocación de mandato entre los derechos ciudadanos
 Se aprobó del uso medicinal de marihuana.
También contempla los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
En la Constitución se establece la configuración de alcaldías, que estarán obligadas a destinar al menos el 22 % de su presupuesto a proyectos en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos, de forma gradual a partir del ejercicio del presupuesto de 2019.
Se eleva a a rango constitucional la cláusula de conciencia en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
Y un conjunto de modificaciones en el diseño territorial y electoral que estarán a elaborarse en los próximos meses y que en todo caso, entrarán en vigor hasta después del 2018. Entre ellas la división de las delegaciones y la desaparición de 7 distritos electorales y el aumento de 7 pluris. Esto último, como un candado concedido a la oposición.
Como se ve, demasiado poco para celebrar.
El que este proceso constituyente haya carecido de interés ciudadano, no es un asunto menor.
A diferencia de otros momentos en que las reformas fueron producto de un intenso debate en la sociedad, expresadas incluso en movilizaciones, este documento no despertó el involucramiento ciudadano.
El instrumento que propusimos para dotar de un mínimo de legitimidad a la constitución naciente, el someterla al Referéndum de la ciudadanía, no fue aceptado.
En conclusión, está constitución no es la última palabra. La gente en el 2018, establecerá la nueva correlación de fuerzas en la Ciudad y en el País. Solo entonces tendremos certeza del rumbo que tome la Nación y su correspondencia con el marco Legal.
A propósito, López Obrador ya planteó, que ganando, someterá a Plebiscito las reformas del Pacto por México. Esta es una de ellas.

Agustín Guerrero Castillo.