EPN, ¿con 6% de aprobación?
Para la libertad
Por Alfredo Lecona
Algo muy extraño pasó en torno a una supuesta encuesta que el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP) habría encargado realizar telefónicamente entre el 14 y 15 de enero pasado, titulada “Prospectiva Electoral 2018”.
Después del gasolinazo que recibió al 2017, diversas encuestas sobre la inconformidad ciudadana con el gobierno de Enrique Peña Nieto, empezaron a difundirse. Sobresalió la encuesta nacional en vivienda de Reforma, realizada entre el 11 y 15 de enero (y publicada el 18), que reportó un 12% de aprobación al trabajo de Peña Nieto, algo ya muy grave, que a muchos nos ha hecho cuestionarnos qué más hace falta para que un presidente deje su cargo.
Desde que se aplicó la encuesta de Reforma, a la fecha, mucho ha pasado en la arena pública y no es ingenuo pensar que la popularidad del presidente ha descendido aún más, en medio de la crisis diplomática con Estados Unidos.
En ese contexto, cinco días después de la toma de protesta de Donald Trump, la supuesta encuesta telefónica del CESOP (realizada dentro del lapso de tiempo que la de Reforma), reportó un 6.3% de aprobación a la gestión del gobierno de Peña Nieto y fue difundida en redes sociales. El 26 de enero, la Cámara de Diputados emitió un comunicado asegurando que la encuesta no fue elaborada por el CESOP, toda vez que ese órgano no publica estudios sobre prospectivas electorales y que sus estudios de opinión son realizados a través de diversas casas encuestadoras, para utilidad del trabajo legislativo de la Cámara y versan “sobre temas económicos, políticos, sociales, de seguridad y de temas coyunturales”.
A pesar del comunicado -que no desmintió la existencia de una encuesta elaborada para el CESOP, limitándose a explicar que ese órgano no las realiza y que estudios de esa naturaleza no se publican- la encuesta fue nuevamente difundida en días recientes y el CESOP colocó el comunicado en la entrada de su micrositio.
De lo anterior, son pertinentes un par de preguntas: ¿Es importante saber si la encuesta la realizó un órgano de la Cámara de Diputados? ¿Por qué sería relevante una encuesta telefónica realizada en el mismo lapso de tiempo que otra encuesta nacional en vivienda?
A pesar de que el CESOP afirma que no publica estudios sobre prospectivas electorales, su reglamento lo faculta para llevar a cabo “investigaciones y estudios sobre las relaciones Estado-sociedad, movimiento social organizado y emergente, pobreza, migración, género, grupos étnicos, salud, vivienda, entre otros, que enriquezcan el trabajo parlamentario”.(artículo 10), así como la obligación de publicar y divulgar los resultados de los estudios que realiza (artículo 23).
Podría estar a debate si una encuesta que incluye preferencias electorales enriquece el trabajo legislativo, pero no queda duda que si la encuesta se realizó, debe de publicarse y difundirse. Si la encuesta se realizó por encargo del CESOP y se dio la instrucción de ocultarla, quienes lo hayan hecho, están cometiendo una falta grave al usar recursos públicos para fines políticos. Hay que decir que la encuesta también reporta una aprobación muy baja a las grandes reformas de este sexenio y aventaja por 2.5 puntos a Morena sobre el PAN y por 16.4 sobre el PRI, colocando en tercer lugar a un candidato independiente.
Lamentablemente, no sería extraño el uso de recursos públicos para fines partidistas desde el Congreso, ¿o a dónde cree usted que van a parar muchos de los millones de pesos que los partidos en las cámaras “administran” en opacidad? Basta revisar en el recién publicado Informe de la Cuenta Pública 2015, de la Auditoría Superior de la Federación, la opacidad con la que el Senado maneja cerca de 1,200 millones de pesos.
Por otro lado, puede creerse que una encuesta telefónica con metodología cuestionable -como la que le da 6.3% de aprobación al presidente– no tiene el mismo valor que las encuestas en campo, pero si se encargó y pagó con recursos del Congreso, debe hacerse pública, pues corresponde valorar su credibilidad y pertinencia a la sociedad. El gobierno y sus cómplices ya deben desistir de sus intentos por administrar la indignación.
Con frecuencia trasciende información sobre encuestas encargadas por la presidencia, que sin duda son herramientas políticas financiadas con dinero público, que no llegan a ser conocidas por la población. A pesar de la baja credibilidad de muchas encuestas (producto de los errores inexplicables, principalmente en periodos electorales) esas mediciones orientan la toma de decisiones con impacto a la ciudadanía, desde el poder.
Peña Nieto ha minimizado las encuestas que le dan baja popularidad. En agosto pasado declaró no haber llegado a la presidencia “para ganar una medalla de popularidad”. Si el presidente en verdad creyera que la aceptación ciudadana es un asunto de vanidad, podríamos encontrar en su error una de las causas que van restándole credibilidad y mellando la gobernabilidad del país, pero la realidad es que las conoce; que por las mismas sabe que es imposible que su partido mantenga la presidencia en 2018 y los pactos realizados en torno a esa realidad, afectarán a la sociedad en su conjunto.
En el caso de la encuesta del CESOP, dos fuentes de la Cámara de Diputados -una cercana a la Junta de Coordinación Política y otra del propio CESOP- me han confirmado que la encuesta sí se realizó por encargó del órgano legislativo, pero que, por los resultados, diputados del PRI y el PAN gestionaron su ocultamiento. A pregunta expresa, el director del CESOP “se deslindó por completo” de la realización de la encuesta.
Por voluntad o por consecuencia de una solicitud de acceso a la información pública, la Cámara de Diputados deberá aclarar la situación con elementos más convincentes que el comunicado del 26 de enero, pero también deberíamos preguntarnos si no es grave, per se, el hecho de que sea creíble que el presidente tenga popularidad de un dígito o cercana. ¿O de verdad resulta inverosímil tras el conflicto con La Casa Blanca y el fracaso total en los llamados a la unidad? ¿Será imposible si cada día que pasa, Javier Duarte y los otros gobernadores corruptos siguen en libertad? ¿No resulta factible si la impunidad se negocia todos los días, como con el intento de imposición de la Ley Cienfuegos? ¿No es escandaloso que con 6% o 12%, Donald Trump tenga cerca de 7 o 3 veces más aprobación que Enrique Peña Nieto y que el 96% de los mexicanos crea que vamos en la dirección incorrecta?
Son preguntas que no caben en ninguna encuesta.
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