Está acusado de daño al erario por casi 294 mdp

Detienen, ingresan en el penal norte y vinculan a proceso a Vásquez Reyes

Fue ubicado en una residencia de Jardines del Pedregal

▲ Miguel Ángel Vásquez Reyes, operador financiero del gobierno anterior, fue detenido en la madrugada del jueves y presentado ante un juez de control.Foto La Jornada

Elba Mónica Bravo, Alejandro Cruz Flores y Laura Gómez Flores

 

Periódico La Jornada
Viernes 28 de febrero de 2020, p. 31

En menos de 17 horas, Miguel Ángel Vásquez Reyes, operador financiero del gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa, fue detenido, ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y delitos cometidos por servidores públicos.

La aprehensión se ejecutó ayer en la madrugada en un domicilio particular de la calle Cráter número 524, colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón.

Por la tarde, un juez de control dictó a Vásquez Reyes prisión preventiva justificada, tras ser señalado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México por causar daño a la hacienda pública por 293 millones 812 mil 544 pesos.

El 3 de marzo un juez de control definirá la situación jurídica del ex funcionario, quien tenía el cargo de director general de Administración y Desarrollo de Personal de la entonces Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal. Por conducto de su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

Vásquez Reyes fue detenido por segunda ocasión en el lapso de 77 días, pero a diferencia del pasado 12 de diciembre, esta vez no exhibió ante los elementos de la Policía de Investigación un amparo para evitar su captura.

Los agentes, indicó la FGJ, realizaron la aprehensión sin causar daños a terceros, sin uso de la fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos de Vásquez Reyes, y aunque se mantiene vigente el amparo que presentó el año pasado para evitar su detención, ayer se le detuvo por supuestos daños al erario capitalino.

La orden de captura que se cumplió ayer, así como una orden de cateo en el inmueble de Jardines del Pedregal, es por su presunta responsabilidad en la suspensión de los pagos por concepto de cuotas de los jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de abril de 2016 a diciembre de 2017, lo que generó daños a la hacienda pública por más de 293 millones de pesos.

La FGJ indaga la ruta de los recursos que se dejaron de entregar, luego de que Vásquez Reyes fungió como directivo de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México (Caprepol), en lugar del entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, cuya función era programar y organizar las sesiones, someter a votación las resoluciones a tomar y convocar a las sesiones que se requirieran, pero sin tener atribuciones para suspender los pagos.

Respecto de la investigación que llevó a su detención, fuentes de la FGJ señalaron que esta se originó por 10 denuncias presentadas por la Contraloría General por irregularidades que detectó en la Caprepol, además de que dicha dependencia aún tiene abiertos cuatro expedientes contra el ex funcionario.

Asimismo, en diciembre pasado se le inició una investigación por presuntas irregularidades detectadas en la Caja de Previsión para Trabajadores de la Lista de Raya del Distrito Federal (Captralir).

Vásquez Reyes, quien fue detenido en una propiedad cuyo costo se calcula en más de 30 millones de pesos, está relacionado por lo menos con otras dos carpetas de investigación, señalaron fuentes de la FGJ.

Al ex funcionario, quien inició en el servicio público como jefe de unidad departamental hasta llegar a controlar la nómina de la administración pública local, que asciende a 2 mil millones de pesos mensuales, en promedio, también se le indaga por la creación de un tabulador especial en beneficio de 58 familiares y personas cercanas, así como por un presunto fraude por más de 190 millones de pesos en la compra de tarjetas de identificación para los trabajadores del gobierno local.

Asimismo, fue quien supuestamente operó la contratación de más 32 mil trabajadores eventuales y voluntarios con el esquema de Nómina 8 (contratos anuales con seguridad social limitada) con fines clientelares.

S iguiente

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