Luis Javier Garrido

La denuncia
¿Puede un grupo gobernante, que ha sido señalado por su complicidad con el crimen organizado —lo mismo con el narcopoder que con mafias de tráfico trasnacional de influencias–, y que da muestras además de una evidente ineptitud, seguir gobernando al país cuatro años más?

1. La crisis política latente que vive México por el cuestionamiento generalizado de la sociedad a la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, señalado tanto por venalidad y corrupción como por su incapacidad inocultable para ejercer el cargo, ha ahondado el escenario de descomposición de la vida pública, que está culminando con las cada vez mayores expresiones de rechazo a la gestión del segundo presidente panista, de parte tanto del pueblo como del sector privado, que no parecen tener una salida institucional.

2. La sugerencia hecha hace unas semanas en el curso de una entrevista por Porfirio Muñoz Ledo en el sentido de que debería buscarse la vía para sustituir a Calderón utilizando los mecanismos constitucionales (como se hizo en 1932 con Pascual Ortiz Rubio) fue respondida airadamente por el senador Manlio Fabio Beltrones, quien afirmó que el PRI prefería buscar establecer en la Constitución el principio de la ratificación obligatoria de los colaboradores del Ejecutivo (a fin de paliar la ineptitud) mientras los voceros del gobierno hablaron indignados de golpismo.

3. El descontento de las organizaciones cúpulas del sector empresarial no ha dejado en tanto de manifestarse, con el arrepentimiento sin duda del sector privado de haber contribuido, al imponer a Calderón por la vía del fraude, al desastre institucional, en la que sí fue una actitud golpista, pero con un renovado encono contra el michoacano por su ineptitud ante los problemas de la economía y de la seguridad pública, que él ha agravado con su campaña fascistoide de sacar al Ejército a las calles a amedrentar a la población, lo que ha multiplicado la violencia al desertar decenas de miles de soldados y agentes policiales, y pasarse al crimen organizado.

4. El descontento popular en tanto, que raya ya en la desesperación por la carestía y el desempleo que no dejan de aumentar, se hace cada vez mayor al constatar los mexicanos que no hay otra respuesta del gobierno panista ante los problemas populares que una demagogia cada vez mayor en las campañas permanentes de la propaganda oficial, que rebasan de lejos cualquier manejo de desinformación en los años del PRI, y que no logra ocultar sus políticas antipopulares y antinacionales.

5. La acusación más grave contra el panista que ocupa de facto el Ejecutivo es, sin embargo, la de estar buscando entregar a la industria petrolera mexicana, que es patrimonio estratégico de la nación, al capital trasnacional al estar enredados su colaborador Mouriño y él mismo y otros protegidos en una serie de actividades ilícitas y de compromisos ilegales.

6. La denuncia penal contra Felipe Calderón Hinojosa, presentada el miércoles 10 por los abogados y catedráticos universitarios Jesús González Schmal y Jaime Cárdenas Gracia, ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de “traición a la patria” y por “ataques a las instituciones constitucionales” (que está respaldada por muchos otros juristas), pidiéndole que investigue y proceda en su contra por pretender éste violar la Constitución al presentar sus iniciativas en materia petrolera que son abiertamente contrarias a la misma (lo que de paso obliga al Senado a actuar conforme al 111), constituye en este contexto un acontecimiento de la mayor gravedad.

7. La denuncia pone una vez más a prueba a las instituciones, pues la PGR y su titular Eduardo Medina Mora –vinculado a los intereses de Televisa– han sido objeto de reiterados señalamientos tanto por subordinar sus funciones y la aplicación de la ley a los dictados del Ejecutivo como por ser un nido de corrupción vinculado a los cárteles del narcotráfico, y muy difícilmente podrían actuar encubriendo a Calderón como ya lo hicieron en el pasado reciente con sus cuñados y con la familia Fox.

8. El Senado, a su vez, se va a hallar también ante un predicamento, pues en vez de ser la representación de los estados, cada vez más aparece como una instancia que representa a los partidos, y es un espacio para las componendas de la llamada “clase política”, por lo que mal se vería encubriese a Calderón en un asunto tan grave.

9. La retórica gubernamental y del Partido Acción Nacional sobre los supuestos avances institucionales y democráticos de México está hecha trizas tras los menos de dos años de gestión espuria de Calderón Hinojosa, y este asunto va a ser sin duda el detonador de nuevas acusaciones. El cuestionamiento que se da en el país no es sólo a Calderón, por su encumbramiento ilegal y los presuntos delitos que está cometiendo o por su ineptitud, sino también a un Congreso en manos de las elites partidistas, a la SCJN, el IFE y el TEPJF, que actúan subordinados a Los Pinos como un aval de la ilegalidad prevaleciente, sino prácticamente a todas las instituciones oficiales y a la “clase política” en su conjunto.

10. Los que insiten en no ver la gravedad de la crisis institucional y política por la que atraviesa México no están haciendo más que contribuir al deterioro de toda la situación social, cultural y política del país, que es ya inocultable, y que está conduciendo a que se fragüe una respuesta popular de consecuencias imprevisibles.

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