CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el proceso electoral para elegir al gobernador mexiquense se violentaron al menos 16 artículos de cinco leyes estatales y federales en materia electoral, lo que se suma a las 619 denuncias que se recibieron por irregularidades cometidas en cada una de las etapas, la mayoría de ellas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el fin de favorecer a su candidato y ahora gobernador, Alfredo del Mazo Maza.
Lo anterior se desprende del “Informe Final sobre las elecciones para gobernador del Estado de México”, presentado este jueves por el Observatorio Electoral Ciudadano “Ni Un Fraude Más”.
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Dicho reporte detalla que de las denuncias ciudadanas recibidas y las trasgresiones electorales documentadas por los medios de comunicación se logró establecer que el PRI incurrió en por lo menos nueve acciones ilegales antes, durante y después de la jornada electoral del pasado 4 de junio, entre ellas el rebase de topes de campaña, operativos masivos de acarreo, compra de voto, secuestro y terrorismo electoral.
Sostiene que las irregularidades en cada una de las etapas del proceso electoral (que abarcan el periodo de precampaña, campaña, jornada electoral y postelectoral) demostraron la instrumentación de un mecanismo diversificado por parte del PRI para la comisión del fraude en el Estado de México.
Con base en la información recabada, agrega, se presentaron 53 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y 42 querellas administrativas ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Instituto Nacional Electoral (INE). También dos recursos especiales ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Incluso en este último, subraya el informe, se impugnó la validez de la elección.
Sin embargo, la mayoría de dichos recursos legales fueron desechados en su mayoría, y en el caso particular del que fue promovido ante el TEPJF se consideraron infundadas las alegaciones por “falta de un interés legítimo”, dado que el demandante no fue “afectado directa o indirectamente por el acto reclamado”.
A partir de los elementos que rodearon los comicios de junio pasado en la entidad más poblada del país –con el 13.26% del padrón electoral nacional–, el informe concluye que “se trató de la elección más sucia de la historia contemporánea de México”, en la que el PRI gestó el operativo electoral más grande para preservar el poder en la tierra natal del presidente Enrique Peña Nieto, ahora en la persona de su pariente Alfredo Del Mazo Maza.
“En el Estado de México nos encontramos a todas luces frente a una situación de defraudación generalizada de la soberanía popular y de una violación a los principios rectores en materia electoral de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. En el Estado de México la elección no fue libre ni auténtica”, recalca.
En entrevista, John Ackerman, uno de los 34 integrantes nacionales del Observatorio, dice que el estudio demuestra por qué la elección del 4 de junio pasado tuvo que haberse anulado, pues se evidenció “el mecanismo de fraude sofisticado y que existen unas autoridades electorales cada vez más indolentes, a pesar de que cuentan con más facultades”.