Tarde, pero sin sueño: la @CNDH emite una recomendación acusatoria contra autoridades, en especial la PGR de Murillo Karam, respecto a los 43, cuando le quedan 2 días a @EPN en Los Pinos. Iguala pudo evitarse, pero ninguna autoridad actuó: CNDH 
Ciudad de México. Un crimen de las dimensiones del que se presentó en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de diciembre de 2014 sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de los tres niveles de gobierno, subrayó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al presentar la recomendación 15 VG-2018 sobre violaciones graves a derechos humanos derivado de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, que dejaron seis personas asesinadas, 42 lesionados y 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada, el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló: “en Iguala diversas autoridades tanto a nivel federal como local y municipal, sabían que las cosas estaban descompuestas y contaminadas, pero nadie hizo nada para actuar, con ello se hubiese evitado un desastre como el que se presentó”.
Agregó que la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado; la convivencia o confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia de tales vínculos; la coptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles y ordenes de gobierno, entre otras, son parte de la verdad de la ocurrencia de estos crímenes.
Criticó la actuación desapegada a derecho realizada por la autoridades, en particular por la Procuraduría General de la República que se desarrolló al margen de la ley y fue omisa en diversos puntos.
Es de llamar la atención, criticó, que las acciones penales contra los presuntos responsables no se hayan formulado por el delito de desaparición forzada.
Las ineficiencias de la actuación de la PGR, han generado, entre otras irregularidades, que no haya elementos claros para señalar que en el basurero de Cocula se habrían incinerado los cuerpos de 19 personas, sin que se pueda afirmar o no si se trata de algunos normalistas pues no se analizaron las porciones petrosas de huesos encontradas en las diligencias del río San Juan, con lo que se ha violentado el derecho a la verdad de la víctimas, sus familiares y la sociedad.
“Es indispensable realizar los análisis genéticos a efecto de determinar si dichos fragmentos óseos corresponden a alguno de los estudiantes normalistas desaparecidos o son de otros individuos, tomando en consideración que la incineración y disposición de cadáveres en el basurero antes mencionado, era una práctica frecuente entre los miembros del crimen organizado en la zona”.
El documento consta de millares de hojas y hace 128 recomendaciones dirigidas a 16 autoridades federales, estatales y municipales, entre ellas al titular del ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto
Se trata, dijo González Pérez, de un caso abominable que se volvió emblemático de la descomposición institucional y social que enfrenta nuestro país, así como el momento crítico que atraviesa en materia de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad (…) la verdad no puede sujetarse a intereses o coyunturas políticas”.
La presentación de la recomendación se realiza en estos momentos en el Club de Periodistas de México y continúa la exposición de los argumentos de la ei nvestigación realizada por la CNDH, que éste que en palabras del ombudsperson nacional, “es el caso más ominoso y complejo en la historia de la CNDH. Social y políticamente marcó un antes y un después. México es un país adolorido, en donde la justicia más que ser un derecho es una cuestión que se debe pedir y a la que difícilmente se puede acceder”.
Destacó que el contenido de esta recomendación no representa un punto final para las indagatorias ministeriales y penales realizadas por la PGR, sino que son una base para llegar a la verdad y la justicia.
“Corresponderá a la nuevas autoridades (al gobierno de Andrés Manuel López Obrador) enderezar y continuar las investigaciones penales del caso, para lo cual, la presente recomendación constituye el punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer”.
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