COLUMNAS
La única verdad histórica de los 43 de Ayotzinapa; hasta ahora
Aunque es obvio que Peña desea dejar detrás el asunto (superarlo, no quedarse atrapado en él; es su discurso) pues su legitimidad internacional está por los suelos
La única verdad histórica que puede establecerse en este momento, a más de cuatro meses de los eventos de Iguala, Guerrero, es que sólo uno de los 43 estudiantes que fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 ha sido identificado por medio de estudios científicos realizados en Innsbruck, Austria, y que el fragmento óseo que arrojó el resultado positivo no estaba dentro del grupo seleccionado originalmente por los peritos argentinos dentro de la ya irregular presentación de las bolsas de basura en que se supone se hallaron los quemados y demolidos restos.
Y hay al menos otros dos datos adicionales complementarios que son una “verdad histórica” objetiva: 1. La tardía intervención del gobierno federal y sus múltiples recursos en los acontecimientos. 2. El hecho, verificable por confesión del procurador en su conferencia, de que no se ha podido resolver el caso de manera incuestionable y que a 4 meses se le quiere dar carpetazo.
Cualquier otra pretensión no deja de ser, con más o menos credibilidad, una mera especulación que, naturalmente, no puede arrojar una verdad concluyente. Por tanto, el gobierno de Peña Nieto y su procurador, Murillo Karam, no deben tratar de imponer a los familiares de las víctimas y a la sociedad, vía los medios masivos de comunicación, que SU versión de los hechos ES LA “verdad histórica”, como se ha pretendido en la conferencia del martes pasado dando pie, tras esa presunción, ese golpe de astucia, al cierre del caso.
Con base en declaraciones de auto inculpados (que han manifestado tortura, según los especialistas del asunto) y el único caso probado de fragmento identificado, se pretende hacer una generalización y dar por secuestrados, asesinados, quemados, triturados, desaparecidos y sin identificación para siempre a los estudiantes víctimas de Ayotzinapa.
Y datos que pudieran ser verificables, por ejemplo la intervención de los militares del Batallón 27 en los hechos, por acción u omisión, como han relatado los estudiantes que evadieron la tragedia o la desaparición al denunciar la escena de la clínica “Cristina”, de Iguala, han sido descartados por Murillo.
De allí que no puede llamarse sorprendido el gobierno cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (“…no es un caso superado y no puede hablarse de que se cierre el expediente…), Human Rights Watch (“…bastante negligencia en las investigaciones… no es una verdad histórica, es una versión oficial hasta ahora… es difícil confiar en su palabra, en sus conclusiones, por múltiples razones; primero, porque sabemos que en México se arrancan confesiones sobre la base de apremios, tortura, irregularidades, presiones...”), Amnistía Internacional (“Nos parece preocupante que la teoría sobre lo que pudo haber sucedido con los estudiantes, de acuerdo con los datos presentados públicamente por la Procuraduría, se basa sobre todo en declaraciones de personas imputadas”), y la Oficina de Washington en América Latina (“…es prematuro y alarmante que las autoridades federales hayan dado por concluida la investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes normalistas”), entre múltiples organizaciones, rechacen terminantemente el cierre del caso que pretende el gobierno federal. (Citas, deLa Jornada)
Y aunque es obvio que Peña desea dejar detrás el asunto (superarlo, no quedarse atrapado en él; es su discurso) pues su legitimidad internacional está por los suelos, la nacional en constante declive y se acercan las elecciones, la historia de la tragedia de Ayotzinapa es una historia en proceso, inacabada. Es decir, el gobierno no tiene cómo permitirse la arrogancia de la “verdad histórica”. Y si se empeña en cerrar el caso, la misma historia, que se construye por presentes, lo mantendrá abierto, vivo y reclamando justicia.
Y no por exigir una explicación convincente se está del lado de los tenidos por culpables por la PGR, como fanfarroneó Karam. En todo caso, del lado de los que demandan claridad están los cuatro organismos enunciados arriba y la propia ONU que, a través de su Comité contra las Desapariciones Forzadas, entrará en acción la próxima semana.
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