Carencias, justicia y seguridad

Bernardo Bátiz V.

T

iempos complicados vive la Ciudad de México, en medio de inundaciones, obras inacabables, cierres de calles sin previo aviso, maquinaria enorme propia para carreteras o aeropuertos ocupada imprudentemente en arreglar pequeñas calles urbanas; pasos cerrados, lo mismo en vías secundarias que en grandes avenidas, todo pasado por agua y pavimentado de lodo. No hay tiempo de pensar pero sí de quejarse de los temas que justifican la existencia del Estado, la justicia y la seguridad.

Ambos son fines específicos del derecho y bases de la convivencia colectiva. En ambos asuntos de este entramado de nuestra vida citadina nos topamos con descontento popular y carencias, originadas por malas leyes y por diferentes grados de ineficacia. No tengo elementos para trabajos estadísticos, pero camino por las calles, hablo con la gente, leo periódicos y dedico un rato a los múltiples mensajes de las redes sociales, por ello me hago cargo de lo que pasa en mi ciudad.

Tanto en lo que concierne a la justicia como en lo que toca a la otra cara de la moneda, que es la seguridad, topamos con deficiencias que complican la vida de los capitalinos. En la parte alta del sistema, los tribunales de justicia, jueces y magistrados; en medio, Procuraduría de Justicia, responsable de perseguir los delitos y fungir como representante social, y abajo, a ras de tierra en calles, paraderos del Metro, plazas, paseos y avenidas, nos topamos con la policía preventiva, los uniformados de diversas categorías, desde gendarmes de a pie, pasando por jinetes con casco y bicicleta, hasta robocops en impresionantes vehículos militares. Y todos, jueces, investigadores de delitos y policías, reprobados en cuanto se consulta sobre ellos a los críticos habitantes de la gran urbe.

Hago un paréntesis sobre algo inexplicable (al menos para mí): en la avenida San Antonio Abad, frente a la estación Chabacano del Metro, quienes circulan por ahí en ese medio de transporte, autobús o automóvil, pueden ver con casco y arma larga, haga sol o caiga una tormenta, a un policía preventivo de pie entre el pequeño espacio que separa la malla del Metro y el carril de alta velocidad de la calzada. ¿Qué vigila? ¿Se trata de un castigo por indisciplina? ¿Se teme un sabotaje? ¡Misteeerio!

Vuelvo al tema, los capitalinos nos quejamos de los de la punta de la pirámide: magistrados y jueces, inaccesibles para las mayorías, llenos de trabajo, como podemos comprobarlo quienes tenemos acceso a sus oficinas, sometidos a una especie de patriarcado del presidente del tribunal, imparten justicia a contracorriente por el exceso de trabajo y las presiones políticas, siempre a las carreras. No satisfacen ni a tirios ni a troyanos.

En medio, la Procuraduría, también abrumada de casos; varios cientos se inician, no cada semana ni cada mes, sino cada día, y ahora con las manos atadas por el sistema acusatorio que se nos impuso, mal pensado y peor resuelto, con elementos reducidos para investigar y exigencias procesales difíciles de cumplir. Los fiscales más atentos al que dirán los medios de comunicación y que opinarán sus superiores que a la investigación imparcial de los delitos.

En la base, la policía preventiva, indiferente a la seguridad pero preocupada por cumplir cuotas de puestas a disposición, de vehículos llevados al corralón, de multas impuestas sin importar, como en el viejo juego infantil chipote con sangre, sea chico o sea grande; el objetivo es engordar las arcas públicas y llenar estadísticas.

En la nueva Constitución, artículo 43, se aprobó esta regla, entre otras: Los cuerpos policiacos y sus integrantes, en sus funciones darán prioridad al convencimiento, a la solución pacífica de los conflictos y en su actuación respetarán los derechos humanos, incluidos víctimas, testigos e indiciados. El uso de la fuerza será excepcional, proporcional y último recurso.

Es un planteamiento de un conjunto más amplio en espera de su entrada en vigor.