Puigdemont y cinco de sus consejeros viajan a Bélgica, donde podrían pedir asilo

Fiscalía de España presenta querella criminal contra altos mandos de Cataluña

Partidos independentistas sugieren la formación de un gobierno catalán en el exilio

Oriol Junqueras, vicepresidente catalán destituido, y también líder del partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya, acudió ayer a su antigua oficina en la sede del Parlamento, en BarcelonaFoto Afp

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 31 de octubre de 2017, p. 27

Madrid.

La fiscalía española presentó una querella criminal contra el gobierno catalán y la mesa del Parlamento por los delitos de rebelión, sedición, malversación y cohecho, mientras Carles Puigdemont, presidente destituido de la Generalitat, viajó Bélgica en la semiclandestinidad, acompañado de cinco de sus consejeros (ministros), quienes pretenden pedir asilo político y mantener un gobierno catalán en el exilio.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, criticó a los dirigentes independentistas por la falta de transparencia y les exigió claridad para acabar con la incertidumbre; sin embargo, desde el movimiento nacionalista se sugirió que Puigdemont mantendría un gobierno en el exilio y que este martes, día de la reunión habitual del consejo ejecutivo, se adoptarían los primeros decretos de la nueva república.

Todo esto mientras los despachos de la presidencia, vicepresidencia y consejeros de la Generalitat se encontraban vacíos o, en su caso, vigilados por una pareja de agentes policiales que tienen la encomienda de permitir que los políticos cesados accedan al inmueble para recoger sus cosas.

Desde Madrid, la Fiscalía General cumplió su advertencia y presentó ante los tribunales una serie de querellas contra los principales dirigentes del movimiento independentista, de las que sólo quedarían exentos los 70 diputados que aprobaron la resolución de independencia del pasado viernes, gracias a que la votación se hizo en secreto. El fiscal general, José Manuel Maza, confirmó las acciones legales previstas e informó que ya se han cursado a los respectivos tribunales.

Puigdemont, el también destituido vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de consejeros (ministros) fueron acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos ante la Audiencia Nacional. Los miembros de la Mesa del Parlamento, al conservar el fuero por formar parte de la Diputación Permanente, serán juzgados por el Tribunal Supremo.

Los delitos que se les imputan son de extrema gravedad, por lo que el fiscal los apremió a comparecer urgentemente ante la justicia para que sean interrogados y, en su caso, se adopten las medidas cautelares previstas para este tipo de procesos, que podrían incluir la prisión incondicional y el retiro del pasaporte. La fiscalía resalta la flagrancia de los delitos presuntamente cometidos, la contumacia en la ilegalidad de los mismos y el riesgo de reiteración en la conductas antijurídicas, según consta en las querellas.

En cuanto a la denuncia contra los miembros de la Mesa del Parlamento, el fiscal general dejó en claro que con sus acuerdos posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para el desarrollo y la culminación del proceso independentista.

Hasta el cierre de esta edición, ninguno de los imputados había declarado ante la justicia. Mientras, continúa la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que dio las herramientas al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para destituir al gobierno catalán, cerrar sus oficinas en el exterior, controlar la policía autonómica, disolver el Parlamento y convocar elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre.

Precisamente por tratarse del primer día laboral en la nueva república, todas las miradas estaban puestas en la oficina de Puigdemont, quien por la mañana difundió en las redes sociales una fotografía supuestamente tomada desde la ventana de su despacho, con lo que daba a entender que se encontraba en el Palacio de la Generalitat. Pero no era así. En realidad, la madrugada del sábado salió de manera semiclandestina de Girona, su ciudad natal, para cruzar la frontera con Francia, llegar hasta la ciudad de Marsella, donde finalmente habría tomado un avión rumbo a Bruselas.

Fue un viaje que emprendió con cinco de sus consejeros: Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Antoni Comín, Dolors Bassa y Meritxell Serret, quienes una vez en Bruselas se habrían trasladado al feudo de los nacionalistas flamencos del norte del país, con quienes los líderes catalanes mantienen una estrecha relación y que durante el proceso de secesión los apoyaron.

El secretario de Estado Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA, tuiteó que Puigdemont tiene la opción de solicitar asilo político en Bélgica. Se prevé que en los próximos días, si finalmente logran garantías para que les den asilo político, comparecerán ante los medios de comunicación para fijar su postura sobre su nueva condición. En todo caso deberán acreditar, según el comisario general belga para los refugiados y los apátridas, Dirk Van den Bulcke, que existen señales serias de persecución.

El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso, explicó: no sé si se ha ido por unos días o no. No puedo asegurar nada, al tiempo que criticó la querella interpuesta por la fiscalía: Creo que es una respuesta desproporcionada porque tiene la misma gravedad que el terrorismo.

El destituido vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, también líder de Esquerra Republicana de Catalunya, se encuentra todavía en Barcelona y de hecho acudió por unos minutos a su antigua oficina de gobierno. Así lo hizo también Josep Rull, consejero (ministro) de Territorio, que estuvo unos minutos y se fue, con lo que se puso en evidencia que la administración autonómica ya está bajo el control absoluto del gobierno español, como lo confirmó el ministro de Fomento español, Íñigo de la Serna, quien explicó que las dependencias catalanas están prestando servicio este lunes con absoluta normalidad.

Desde el movimiento independentista ya difunden la idea de que Puigdemont formará un gobierno en el exilio, como lo dijo públicamente el diputado Lluís Llach, quien señaló que el exiliado presidente de la república es una denuncia contra España frente a los estamentos europeos y para conservar la dignidad del primero de octubre, en alusión al referendo de independencia.

Mientras, desde la independentista Candidatura de Unidad Popular, la diputada Mireia Boya insistió en que para ellos la aplicación del artículo 155 es ilegítima y por tanto este martes se deberá reunir el consejo ejecutivo del gobierno aquí, en Bruselas o donde sea, para que se aprueben los primeros decretos que tiene que desarrollar la nueva república.