Francisco Vega de Lamadrid, Gobernador de Baja California, señala que es culpa del Gobierno federal que no se estén pagando los salarios en el Tribunal de Justicia Alternativa, Tribunal Superior de Justicia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia, el Instituto Estatal Electoral, el Cecyte, el Cobach… Pero en la entidad acusan que es corrupción. 

Por Lourdes Loza Romero, Eduardo Villa Lugo y Isabel Mercado
Tijuana/Ciudad de México (Zeta/SinEmbargo).- Nunca en 30 años del Tribunal de Justicia Alternativa se había dejado de entregar el recurso por parte del Gobierno del Estado de Baja California. Hoy día dicen, los tienen hasta el cuello al no pagarles tres catorcenas. Lo mismo sucede en el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia, el Instituto Estatal Electoral, el Cecyte, el Cobach, entre otros. A“Kiko” Vega lo denuncian ante PGR por corrupción.
“El no pago de nómina por parte Francisco Vega de Lamadrid más que un Gobierno en quiebra denota corrupción, indisciplina financiera e ineficacia en ejercicio del gasto, por lo que debe ser denunciado e investigado por las vías legales”, consideró el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.
La falta de liquidez es responsabilidad de quien transfiere los fondos previamente calculados, “no se puede hablar de quiebra o falta de fondos, hay indisciplina en el manejo del gasto público, es una indebida aplicación y control del presupuesto, es ahí donde se tiene que investigar”.
Respecto al argumento del Gobierno del estado de que la falta de fondos federales lo llevó a esta crisis que le impide depositar la nómina de diversos órganos estatales, Solís Farías expuso que entonces el Gobernador “Kiko” Vega “tendría que sumarse a las demandas de los afectados, haciendo un llamado enérgico al Gobierno federal”.
No obstante, advirtió que los gobiernos deberían contar con un fondo de emergencia para atender este tipo de contingencias.
La última catorcena de octubre y la primera de noviembre de 2018, el Gobierno del Estado dejó de enviar los recursos para la administración y operación de seis dependencias y un poder del Estado: Cobach. Cecyte, Instituto estatal Electoral, Instituto de Transparencia, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Tribunal de Justicia Alternativa al Poder Judicial.
Desde pagos por 300 mil pesos hasta por 20 millones de pesos, se dejaron de suministrar con el argumento, por parte de la Secretaría de Finanzas hacia los titulares de las dependencias, que no había dinero porque se utilizó para el pago a maestros –que van a un nuevo paro por las mismas razones-, y porque los recursos extraordinarios por parte del Gobierno federal no habían llegado a las arcas estatales.
Lo cual indica que los recursos ordinarios, etiquetados por el Congreso del Estado para ser ejercidos por el Gobierno del Estado y entregados a las dependencias y poderes, fueron desviados de su propósito original para el pago de otros servicios o productos.
La falta de pago, que no había sucedido en los gobiernos panistas de Baja California y mucho menos en la cantidad económica y de instituciones que se deja de recursos, hizo crisis la última semana de noviembre, cuando en las instancias no tuvieron dinero suficiente para pagar los sueldos de los trabajadores.
De hecho, en dependencias como el ITAIP, el IEE, la CEDH, y en el Poder Judicial, temen que en diciembre no tengan para pagar aguinaldos. Las cifras del recurso mensual a entregar durante el último mes del año, incrementan debido a esa prestación. El secretario de Finanzas, Bladimiro Hernández, no les ha garantizado que el pago llegará, y algunas instituciones sobreviven con ahorros o de la solidaridad de los empleados a quienes no paga, aunque ha sido conocido que muchos de estos trabajadores están buscando abogados para demandar al Gobierno del Estado.
Vía telefónica primera, y por mensajería de celular después, el secretario de finanzas Bladimiro Hernández fue contactado por ZETA, pero no dio respuesta a las preguntas para conocer el porqué de la falta de recurso ordinario y el número de entidades a las cuales dejaron sin dinero, entre otras cuestiones.
ANTE PGR DENUNCIARON POR CORRUPCIÓN A VEGA 
“Estamos en una crisis financiera motivada a partir de la negligente y corrupta utilización de los recursos públicos por parte del Gobierno del Estado”, señaló Carlos Atilano Peña, representante del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), organismo que interpuso el mediodía del jueves 29 de noviembre una denuncia penal en contra del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, por el delito de corrupción.
No es posible que estas alturas siga habiendo adeudos con algunas instituciones del estado y se diga que es por falta de fondos no entregados por la federación, cuando un estudio que de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó “desfalcos, desvíos y ausencia de recursos de la federación que fueron entregados al Estado y que deberán ser motivo de una investigación muy profunda para determinar el monto y, sobre todo acreditar la comisión de estos delitos”.
La querella integrada bajo el número de expediente FED/BC/TIJ/0005116/2018 ante la Procuraduría General de la República (PGR) “es para que se investigue esta situación que contrasta con el enriquecimiento que Francisco Vega de Lamadrid ha logrado siendo servidor público”, dijo.
En la investigación se demandó incluir a Carlos Bonfante, secretario de Desarrollo Económico; Loreto Quintero, Oficial Mayor; así como a los ex secretarios de Finanzas y Desarrollo Urbano y Ecología, Antonio Valladolid y Manuel Guevara, respectivamente; además del ex Gobernador Osuna Millán y el ex director del Seguro Popular, Alejandro Monraz Sustaita.
La denuncia fue integrada con más de 144 fojas en las que se incluyeron documentos de al menos 40 propiedades que “Kiko” Vega tiene registradas a su nombre, así como en las que aparece como socio o son propiedad de su familia, informó el representante de COCI, Carlos Atilano.
También se incluyeron informes, dictámenes, asignaciones de obras, como las entregadas a Víctor Hermosillo y el contrato de las vías de tren concesionado a Fernando Beltrán.
“NOS TIENEN HASTA EL CUELLO”: MAGISTRADO MONTERO
La mañana del viernes 23 de noviembre se acumuló el no pago de la tercera catorcena a los 110 empleados que conforman el Tribunal Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Baja California, informó el presidente del organismo, Carlos Rodolfo Montero Vázquez, situación que generó incertidumbre.
El monto de la nómina catorcenal del Tribunal asciende a un millón de pesos, gasto previamente programado en el presupuesto autorizado de 42 millones de pesos para el actual ejercicio fiscal.
Al retraso en el pago de nómina se suma la falta de depósito, también por tres catorcenas, del gasto operativo. “Esta administración nos tiene hasta el cuello”, dijo al referir que en los 30 años que tiene el Tribunal “no había pasado que se demoraran con el pago de los sueldos por más de un día”.
Fue hasta la tarde del pasado viernes cuando el Gobierno del estado logró depositarle una de las tres catorcenas pendientes, pero la incertidumbre prevalece ya que para el próximo 7 de diciembre no sólo se acumulará una catorcena más, sino que en esa fecha deberá quedar cubierta la primera parte del aguinaldo, pagos que de no ser cubiertos en tiempo y forma podrían afectar la operatividad del Tribunal y “si los juicios se atrasan a la larga a quién le cuesta es al Estado”, advirtió.