ANTILOGIA

A cuatro meses de Iguala

Las versiones están tan enconadas que el mismo expediente judicial da argumentos a ambas partes. Dos interpretaciones judiciales para un mismo hecho consumado.

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La desconfianza, la incredulidad y el reproche privan entre las partes. Por un lado, las autoridades están convencidas del secuestro, muerte e incineración de los 43 normalistas de Ayotzinapa por parte de la banda criminal Guerreros Unidos, coludida con policías y autoridades municipales. No aceptar esta conclusión, según las autoridades, es promover otros fines distintos a la justicia (por ejemplo, socavar, desestabilizar y derrocar al gobierno).

Por su parte, los familiares de los estudiantes consideran que las autoridades ocultan la verdad. Mientras no les presenten evidencia física o científica de que sus hijos y hermanos han muerto, ellos estarían vivos y retenidos en algún lugar del país, muy probablemente en cuarteles militares. ¿Por qué en estas instalaciones? Porque “fue el Estado” el responsable de la desaparición.

Las versiones están tan enconadas que el mismo expediente judicial (más de 50 tomos) da argumentos a ambas partes. Es decir, dos posibles interpretaciones judiciales para un mismo hecho consumado. Peor, imposible.

Por ejemplo, los dos últimos avances de la investigación dejan más dudas que certezas. El dictamen de la Universidad de Innsbruck sobre la creciente imposibilidad científica para identificar los restos, dada la destrucción total de los cuerpos, remite a una interrogante forense: ¿una hoguera al aire libre, con llantas, troncos y basura, en una noche de lluvia, es capaz de lograr ese nivel de incineración?

La aprehensión y declaración de El Cepillo, uno de los cabecillas prófugos, quien relató la forma como recibió y ejecutó a 15 estudiantes, junto con otros cuatro cómplices, cierra un capítulo pero abre otro: ¿cómo se asfixiaron 25 jóvenes, cómo fueron sometidos previamente 40 estudiantes por un grupo no mayor de una decena sicarios (la proporción es de 4 a 1), cómo fue que estos jóvenes aguerridos, conocidos ampliamente por encarar policías federales, estatales y tropas militares, fueron sometidos por un grupo de fuerzas municipales? Los “cómo” siguen horadando el sentido común.

La versión de la PGR se encamina a ser una verdad legal, pero no legítima (entendiendo por legitimidad la aceptación social tácita de la misma). Mientras que la postura para exigir el cabal esclarecimiento de los hechos, de seguir escalando, pasaría de ser legítima de origen a incurrir en métodos y acciones ilegales.

Es importante evitar este punto de no retorno, que abriría escenarios de mayor descomposición y violencia para todos.

Retomamos una propuesta planteada aquí al inicio de año: que la CNDH y organismos internacionales (ONU, OEA y CIDH) propongan a las partes un programa de justicia y reconciliación, en cuatro fases. 1) Una comisión de la verdad, donde se investiguen y agoten todas las hipótesis posibles, desde la oficial de la PGR hasta la permanencia con vida de los estudiantes. 2) Juicio exhaustivo especial, donde se procese y castigue con penas máximas a todos y cada uno de los responsables de la desaparición forzada. 3) Indemnización, en su caso, a los familiares de las víctimas, con estándares e indicadores internacionales. 4) Política de Estado para la atención y prevención integral de desapariciones forzadas y el seguimiento de las 23 mil personas registradas como desaparecidas en los últimos 10 años, conforme a prácticas y protocolos internacionales.

No es la panacea, pero es algo mejor a la situación conflictiva que hoy tenemos a flor de tierra.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

http://twitter.com/ricardomonreala