Salarios justos

John M. Ackerman

L

os salarios estratosféricos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los altos ejecutivos del sector privado no tienen justificación moral, ética o profesional en un país donde por lo menos 53 millones de personas se encuentran bajo la línea de pobreza y 9 millones sobreviven en la miseria.

México es un país rico, la decimoquinta economía más grande del mundo, con un producto interno bruto (PIB) de 1.15 billones de dólares estadunidenses. Si las ganancias de la economía nacional fueran repartidas de manera equitativa entre los mexicanos, todos tendrían ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

El PIB per cápita en México hoy alcanza unos 9 mil dólares, o 180 mil pesos, anuales. Así que en una situación de reparto estrictamente equitativo, una familia de cuatro personas recibiría 720 mil pesos al año, o 65 mil al mes, una cifra que permitiría una vida perfectamente digna para todos.

¿Por qué entonces no ganan todas las familias mexicanas un ingreso de 65 mil pesos al mes?

En principio, los productos de la economía nacional son resultado del trabajo de todos. Los corredores de bolsa, los trabajadores de limpieza, los jueces de distrito, los carpinteros, los pequeños empresarios, los estudiantes, los profesores, los ejecutivos de empresas trasnacionales, los taxistas, los plomeros y las amas de casa, todos contribuimos con nuestro sudor y esfuerzo cotidiano para mantener a flote la economía nacional.

Lamentablemente, el mercado no valora por igual el trabajo de todos. A algunas personas se les asigna un salario muy abultado y a otros un ingreso miserable, aunque ambos laboren exactamente la misma cantidad de horas. Otras personas, como los estudiantes y las amas de casa, no reciben absolutamente nada a cambio de su entrega diaria a la causa social.

En un sistema neoliberal como el que predomina hoy en el mundo, el mercado no trabaja en función de principios éticos o sociales, sino estrictamente en favor de la ganancia máxima.

Andrés Manuel López Obrador respeta absolutamente al sector privado y ha señalado que no implementará ninguna reforma que pudiera implicar una intromisión en la libertad del mercado. También se ha comprometido a respetar la independencia del Banco de México y a no elevar los impuestos.

Sin embargo, el nuevo Presidente ha decidido dar un ejemplo de justicia salarial dentro del sector público. Los 108 mil pesos que recibirá para mantener a su familia son mucho más que el estándar equitativo de 65 mil. Los 43 mil pesos adicionales se justifican, desde luego, por la importancia de su cargo y por las capacidades especiales de liderazgo y de honestidad con las que cuenta.

De la misma manera se pueden justificar privilegios salariales para otras personas. Por ejemplo, quienes cuentan con conocimientos especializados, trabajan horas extras o necesitan protecciones especiales en su trabajo, como los doctores, los jueces, los maestros y los mandos policiacos, merecen, sin duda, un reconocimiento especial por sus importantes labores en favor de la colectividad.

Pero muy difícilmente se puede justificar un ingreso de casi 7 millones de pesos anuales para el ministro presidente de la SCJN. Quienes ganan cantidades similares, o mayores, en el sector privado también se apartan de criterios éticos básicos.

Recordemos que la primera frase del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala sin rodeos que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y que el artículo 27 de la misma Carta Magna establece la vocación colectiva y social de la propiedad al señalar que las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación.

Si los integrantes del Poder Judicial que hoy protestan contra las medidas de austeridad realmente estuvieran interesados en el cumplimiento estricto de la Constitución, demostrarían la misma indignación con respecto al incumplimiento generalizado del artículo 123 para los millones de desempleados del país, así como la inaceptable brecha salarial que existe tanto en el sector público como en el privado en México.

La aplicación estricta del artículo 127 de la Constitución, que determina que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República, a todos los poderes del Estado mexicano no implica de ninguna manera una intromisión en la autonomía del Poder Judicial. Al contrario, el intento de remover el Poder Judicial de la aplicación de esta norma general, de crear un estado de excepción para un solo poder, busca colocar a los jueces por encima del Estado de derecho. Esta defensa de los privilegios de los juzgadores implica una grave afectación a una sana división de poderes basada en un control y equilibrio mutuo entre los diferentes órganos del Estado mexicano.