Julio Boltvinik

■ Hacia una Nueva Economía Moral

■ Propuesta del Ingreso Alimentario Ciudadano Universal


A grandes males, grandes remedios. La crisis será severa y la población sufrirá enormemente. Las aspirinas como la anunciada ayer por el gobierno federal no resuelven el problema. Tenemos que transitar hacia un Estado social que se responsabilice por la vida y la salud de todos sus habitantes. En la entrega del 25/04/08 describí las protestas violentas ocurridas en varios países por el alza en los precios de los alimentos y me pregunté si era el retorno de la economía moral. Contesté que ello no puede ocurrir porque se han adelgazado mucho las normas no monetarias, porque vivimos en la época del triunfo casi absoluto de las racionalizaciones monetarias, de las reglas del mercado. Añadí que las multitudes actuales protestan sin saber bien a bien qué pueden y deben exigir, porque ya no hay claridad sobre las normas y obligaciones sociales, incluyendo las del gobierno. Porque todos se han creído el cuento de las fuerzas anónimas de los mercados. Sin embargo, sostuve que las organizaciones de la sociedad civil han desarrollado en los últimos decenios ideas muy claras al respecto, la más radical de las cuales es que el alimento no es una mercancía común y corriente, e incluso que no debería ser mercancía. Esta idea ha sido más explícita en el caso del agua. Pero si del agua y los alimentos depende de manera directa la reproducción de la vida, es evidente que el acceso a ellos no debería depender de la relación mercantil fortuita entre el poder adquisitivo de los salarios y los precios de los alimentos.

Por tanto, el rasgo esencial de la Nueva Economía Moral sería la desmercantilización de los alimentos, la cual resulta difícil porque, a diferencia de educación y salud, el productor principal no es, y no podría ser, el sector público. Por ello, el único camino disponible es el que parte del hecho que los alimentos se seguirán produciendo como mercancías y busca que su carácter mercantil se elimine en el camino.

Para avanzar en esta dirección propongo aprobar y promulgar el derecho a la alimentación para toda la población en la Constitución (congelado en la Cámara de Diputados) y que el Ingreso Alimentario Ciudadano Universal (IACU) sea el instrumento para hacerlo realidad a través de su ley reglamentaria. El IACU garantizaría a todos los habitantes un ingreso suficiente (en efectivo o en vales impresos o electrónicos) para adquirir alimentos crudos y los medios para cocinarlos (de aquí en adelante alimentos) que le permitan nutrirse bien. En la opción de vales queda más claro el carácter desmercantilizador de la propuesta. Cada persona recibe un monto mensual de vales para alimentos que retira de las empresas que participan en el esquema. Por dar cifras fáciles, digamos que son 100 millones los derechohabientes y que se otorga a cada uno 700 pesos al mes. El monto mensual del IACU sería de 70 mil millones de pesos al mes y de 840 mil millones al año. El lector se preguntará de dónde salen recursos de este tamaño. Abajo exploro algunas vías para ello. Por su enorme magnitud, el IACU tendría que empezar por una cobertura parcial e irla ampliando gradualmente hasta hacerla universal. Habría que trazar una estrategia para su implantación y expansión que garantizara que nadie pase hambre durante la crisis que se avecina.

Los beneficios de un programa así se agigantarían si el gobierno (y el Congreso) lo asumen no como transferencia monetaria para aumentar y estabilizar la demanda, sino como la compra por parte del gobierno de alimentos que éste distribuye igualitariamente a toda la población. La operación consiste en que el gobierno compra las mercancías-alimentos (puestas en lugares y periodos específicos) y entrega alimentos desmercantilizados, valores de uso, a la población derechohabiente del derecho a la alimentación. La alimentación básica se desmercantiliza y el derecho a la alimentación se hace realidad.

El gobierno negocia precios con los productores y comisiones de intermediación con los comerciantes. A los oligopolios como Bimbo, Lala, Bachoco, etcétera, el gobierno opondría su enorme poder de compra. Los precios de los alimentos se abatirían sustancialmente. Una vez convertido el gobierno en un comprador de este tamaño, va obligando a los productores a mejorar la calidad de los alimentos eliminando de ellos, por ejemplo, las sustancias químicas que dañan la salud, y va desarrollando nuevos proveedores (vg. asociaciones de productores).

El programa se financia, entre otras, de las siguientes fuentes: a) eliminación de programas que se vuelven redundantes por el IACU, vg. las pensiones a adultos mayores y las transferencias monetarias del Oportunidades. b) ahorros por reducción de los sueldos de los altos funcionarios del sector público, eliminación de gastos de publicidad gubernamental en medios electrónicos, eliminación drástica de viajes al exterior, etcétera; c) reforma fiscal centrada en el impuesto predial (urbano y rural) y en el impuesto a las rentas monetarias (intereses y ganancias de capital en bolsa), complementada con reformas al ISR para hacerlo muy progresivo.

El impuesto predial se elevaría radicalmente. Sería una función creciente del valor del suelo (lo que lo haría sumamente progresivo) y estaría alineado con la renta de la tierra de tal manera que significaría la expropiación de esta (indebida) renta ya que, siguiendo a Henry George, el planeta es de todos y nadie tiene el derecho a apropiarse algo que no produjo. Será quizás la fuente principal de financiamiento del programa. Con los cambios legislativos necesarios, la recaudación del predial se destinaría totalmente al IACU. Los municipios serían compensados asegurando que en ningún caso disminuyeran sus ingresos. El planteamiento sobre los demás impuestos queda pendiente igual que el posible carácter tripartita del programa (federal-estatal-local).

Con este ingreso alimentario ciudadano universal (IACU) se lograría garantizar a todos una alimentación básica financiada con los ingresos provenientes de rentas y ganancias muy altas, haciendo realidad el derecho a la alimentación.