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Va Morena por reformas a Ley de Delitos Electorales; “urge corregir errores y cerrar el paso a trampas”

Por: Cecilia Balderas / 29 diciembre, 2015

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(29 de diciembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Con el objetivo de evitar “prácticas que impidan el avance democrático”, el diputado federal Cuitláhuac García Jiménez, del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)propuso modificar la Ley General en Materia de Delitos Electorales para especificar que, si en alguna jornada electoral los partidos políticos hacen uso del transporte público para acarrear gente a votar, se cancelará la concesión de la empresa que preste dicho servicio.

El legislador veracruzano recordó que durante las elecciones del pasado siete de junio, se evidenció la necesidad de ajustar el sistema de competencia electoral, para “erradicar conductas que incidan y coaccionen la voluntad popular”.

García Jiménez argumentó que el Congreso de la Unión tiene por obligación atender el reclamo de la ciudadanía e incorporar a la legislación, normas que impidan, combatan, sancionen y prevengan conductas que tengan como propósito alterar la voluntad ciudadana expresada a través de las urnas, por lo que de cara a la llegada del proceso electoral 2016 –en el que se elegirá gobernador en 12 entidades, congresos locales en el mismo número y ediles en 965 municipios- es necesario contar con leyes más fuertes.

“Se hace necesario corregir errores y superar las lagunas de la ley, pero igualmente cerrar el paso a las trampas y argucias de quienes por la fuerza y no por el favorecimiento de votos, pretenden imponer su voluntad por encima de la expresión ciudadana”, sostuvo García.

No más violaciones como las del Verde

El legislador reconoció que si bien hubo un avance en materia electoral tras la reforma constitucional aprobada en 2014, a través de la que se prohíben actos de presión o coacción a los electores, contratar propaganda en cualquier modalidad o que se entregue u oferte algún beneficio a cambio del voto, persisten vacíos legales que, por ejemplo, permitieron al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), violar una y otra vez el modelo de comunicación política, ignorar las medidas cautelares señaladas en su contra y transgredir el principio de igualdad en la contienda.

“La decisión del Instituto Nacional Electoral de mantener su registro, con el argumento de sostener el pluralismo político cuando, ante las reiteradas violaciones, debió decretar la pérdida del registro de dicho partido, debe dar lugar a la revisión de las atribuciones del órgano encargado de organizar las elecciones”, sostuvo el legislador de Morena.

García Jiménez adelantó que su grupo parlamentario prepara varias iniciativas de ley para establecer las competencias que obliguen al INE a retirar el registro a un partido que reiteradamente viole las leyes y de no hacerlo, para que a los funcionarios se les finquen responsabilidades.

“Sin perder de vista la reforma de gran calado que promoverá este grupo parlamentario y que requerirá una reforma constitucional, propongo cerrar las posibilidades de coacción del voto mediante el acarreo en taxi, como ocurrió en la pasada elección, lo que impedirá, de inmediato, que se siga incurriendo en prácticas prohibidas por la ley”, detalló el legislador en la iniciativa turnada la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, que todavía se encuentra pendiente de ser analizada.

Aunque actualmente, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 7, fracción X, prohíbe el acarreo de votantes –y lo sanciona con una multa de entre 50 y 100 días y prisión de seis meses a tres años- el legislador subrayó que debe ser fortalecido, pues en materia penal, los instrumentos de delito son decomisados a quienes cooperen en la comisión del delito.

“En esa tesitura, el pasado 7 de junio, correspondería haber asegurado los taxis que fueron utilizados para el acarreo de personas que de manera coaccionada fueron llevadas a las casillas donde emitirían su voto”, subrayó el veracruzano.

Explicó que su propuesta de ninguna manera podría interpretarse como una violación a la libertad de trabajo consagrada en el artículo 5 de la Constitución, “en virtud de que, si bien las personas a las que se haya concedido la explotación de una concesión para otorgar dicho servicio realizan un trabajo, el ilícito se da en el momento en que el instrumento con el que se realiza dicho trabajo, como sería el taxi o transporte público, sirve para cometer un delito”.