COLUMNAS
Foto propiedad de: Internet
Hoy no circula
Foto propiedad de: Internet
¿Qué tan grave debe ser la contaminación del aire en la capital del país para que las autoridades hayan decidido suspender la circulación de todos los vehículos por lo menos una vez a la semana y una vez al mes? Debe ser que gravísima la contaminación del aire para que las autoridades hayan decidido imponer esta medida tan impopular.
El gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera está obligado a informarnos el tamaño de la crisis ambiental que estamos enfrentando. Moreno Valle gobernador de Puebla, Graco Ramírez gobernador de Morelos, Eruviel Ávila del Estado de México y Mariano González de Tlaxcala fueron informados de la gravedad que enfrenta la zona metropolitana en esta nueva crisis ambiental. A pesar de ello, todos escurrieron su responsabilidad a excepción de Eruviel Ávila. Todos estos gobernantes están obligados a informar en sus respectivas entidades la información que recibieron del gobierno de la capital del país.
Ahora bien, la grave contaminación ambiental es un hecho y el contaminante fundamental es producido por la combustión de la gasolina. Si queremos resolver el problema de fondo se deben retirar de la circulación eventualmente todo vehículo en base a combustión de gasolina. Frente al poder de las transnacionales de la industria automotriz y de las trasnacionales petroleras a las que se les ha entregado la principal riqueza natural de México pareciera inviable esta solución. Sin embargo, el plantearnos la solución del problema nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de cambiar todo el sistema económico, político y social que rige no sólo al país, sino a buena parte del mundo.
Lejos de ello, los propietarios de automóviles de reciente fabricación se sienten indignados pues consideran que el tener recursos económicos les da derecho a no comprometerse en la solución del problema de la crisis ambiental. Creen que su única contribución, si acaso, es tener un auto de reciente fabricación. Vive en la pesadilla cotidiana del tráfico de la Ciudad de México, pero eso no les molesta, lo que les molesta es dejar de usar el que se ha convertido en su dios fundamental: el auto.
Una vez que se plantea el que no usaran su vehículo, entonces ponen atención en problemas que no les han importado en lo más mínimo. La calidad del transporte por ejemplo. Millones de mexicanos y mexicanas usan transporte público todos los días. La inmensa mayoría del pueblo no tiene y nunca ha tenido un auto. Siempre sufren un transporte caro, ineficiente y deficiente. Por fin los dueños de los autos voltean a verlos y plantean que debe mejorarse el transporte público.
No tengo duda que de mejorarse el transporte público ellos seguirían optando por viajar en su auto. Porque el auto se ha convertido en un símbolo de estatus y de poder económico. La inmensa mayoría de los usuarios de autos viajamos solos. Si acaso con una segunda persona. Así que a los dueños de autos les resulta impensable la posibilidad de organizarse con familiares o vecinos para viajar de manera colectiva en los autos que sí circulan el día que no les toque circular. La única exigencia razonable que escuchado de quienes se indignan porque no podrán usar su auto todos los días es la desaparecer los verificentros. Efectivamente los centros de verificación no tienen más sentido ni razón de ser y deben desaparecer.
Por otra parte, el desgobierno de Enrique Peña Nieto pretende que el Congreso apruebe una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. El citado artículo establece las condiciones para suspender derechos y garantías constitucionales: invasión a causa de una guerra o perturbación grave de la paz pública generada por una revuelta militar.
El citado artículo viene desde el siglo XIX en que las dictaduras militares y las asonadas de la misma especie, rompían el marco legal y pisoteaban los derechos y garantías constitucionales del pueblo. El Constituyente de 1856-57 estableció que se podrían suspender derechos y garantías constitucionales en estos dos casos graves, siempre que el Congreso autorizara al ejecutivo la petición de suspender derechos. El tema es tan delicado, que el Constituyente de 1856-57 estableció que no basta con que lo solicite el presidente la República ya que la petición debe estar avalada con la firma de todo su gabinete.
De igual manera, el citado constituyente estableció que la suspensión debe ser por un tiempo breve y que no puede prorrogarse ésta a menos que el Congreso autorizara una nueva solicitud de suspender derechos y garantías constitucionales.
Pues bien, con el pretexto de reglamentar el citado artículo pretenden darle facultades a Enrique Peña Nieto para suspender derechos y garantías constitucionales frente a protestas sociales y frente a problemas ambientales.
En México, no se han suspendido derechos y garantías constitucionales desde la Segunda Guerra Mundial, donde México era país beligerante y tenía sentido el uso de semejante decisión. Pero ahora, con pretexto de la inseguridad pública pretenden que se pueda suspender derechos y garantías constitucionales. Es una aberración.
Si hoy que rige el marco constitucional, el número de asesinados, de desaparecidos, de presos políticos, de fosas clandestinas, de detenciones ilegales, de prefabricación de delitos es brutalmente fuerte, imaginémonos lo que sucedería si se le entrega a Peña Nieto o a quien sea el poder de suspender derechos.
Suspender derechos no es que tu auto no circule, significa que no puedes hacer reuniones, que no puedes manifestarte, que no puede salir de tu casa después del toque de queda si es que éste se determina; significa que puedan allanar tu casa sin orden judicial, que pueden detenerte sin orden judicial, que pueden retenerte más allá del plazo constitucional de 24 horas sin presentarte al ministerio público, que pueden torturarte, que puedan asesinarte o desaparecerte.
Si hoy, que le artículo 16 constitucional está vigente, imponen retenes militares y policiacos y revisiones ilegales a lo largo y ancho del territorio nacional, pensemos un momento lo que sucedería si suspenden derechos y garantías constitucionales.
Gobernar con suspensión de derechos y garantías constitucionales es simplemente la imposición de un Estado dictatorial policíaco-militar.
Es gravísimo lo que está haciendo el Congreso mexicano al aprobar una supuesta ley reglamentaria del artículo 29 constitucional ya que en realidad están dando facultades Enrique peña Nieto de imponer un Estado represor con máscara de legalidad. Sobre esta barbaridad no hay mayores manifestaciones de repudio y sí en cambio hay indignación porque no circularán con su auto todos los días. ¿Qué nos está sucediendo que no tenemos sentido de la proporción de la grave situación en que nos encontramos?
Si aprueban la ley reglamentaria al artículo 29, es posible que pueda circular con tu auto donde no haya suspensión de derechos, pero que quizá no regreses a tu casa donde ésta haya sido impuesta. A mucha gente le da por pensar que a ella no le sucederá la tragedia que le está sucediendo al país hasta que le sucede.
Es imperioso detener la aprobación de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. Es urgente contribuir a que se sanee el aire de la capital del país. Ambas cosas implican conciencia, generosidad y compromiso. Dejarnos de ver el ombligo y pensar en el bienestar colectivo, pues las salidas individuales no existen.
"El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz".
Gerardo Fernández Noroña
México D.F. 1 de abril de 2016.
No hay comentarios:
Publicar un comentario