Trascender la reformaeducativa

Pedro Miguel

N

o deja de tener gracia que ahora las cúpulas empresariales nacionales se digan empeñadas en una cruzada contra la misma corrupción que llevó a varios de sus integrantes a la lista de Forbes. La acumulación y la concentración brutales que han tenido lugar en tres décadas no sólo se explican por la ofensiva patronal sobre derechos y conquistas laborales y por las condiciones de sobrexplotación existentes (73 pesos diarios de salario mínimo, por ejemplo), sino también por el programa de remates de bienes públicos, iniciado por Salinas y proseguido por sus sucesores, a beneficio de unos cuantos privilegiados locales y de las corporaciones extranjeras. Paraestatales malbaratadas, deudas privadas convertidas en públicas, concesiones impresentables, tráfico de información privilegiada y contratos ruinosos para el erario han representado comisiones y regalos para un enjambre de funcionarios y políticos del oficialismo, pero también vías de enriquecimiento vertiginoso para los grandes empresarios.

Pero este desencuentro circunstancial entre los brazos gubernamental y empresarial del régimen oligárquico no es el más grave. A Rico Mac Pato, Pepe del Salto y Gastón Billetes les bastó con pararse unos cuartos de hora en el Ángel de la Independencia para que Los Pinos y el Congreso les recompusieran a la cabalidad de su gusto unas simuladorales reformas legales contra la corrupción. Lo más preocupante es la presión de los capitanes de empresa sobre el gobierno para que destruya al magisterio en resistencia mediante una represión masiva e implacable.

Independientemente de sus reflejos e inclinaciones autoritarias, no parece claro que el grupo gobernante tenga margen para eso. Si al principio no lo sabía, ya debe haber entendido que el movimiento magisterial tiene el apoyo profundo y extendido de segmentos sociales y de miles de comunidades y que desde Nuevo León hasta Chiapas hay ciudadanía que comprende y comparte las razones de los maestros para oponerse a una adulteración legal concebida no para mejorar la educación sino para iniciar la privatización en el sector y para golpear a un gremio que ha sido y sigue siendo uno de los articuladores fundamentales de ese México profundo del que los mirreyes no tienen la menor idea. Un presidente situado en el mínimo de la popularidad, tocado por los escándalos y la irritación social, y para colmo contaminado de última hora por un reportaje que lo presenta como plagiario, no debería aspirar a Díaz Ordaz o algo peor.

Por su parte, el movimiento magisterial ha logrado detener la ofensiva en su contra, poner de su lado a millones de ciudadanos de buena voluntad, sentar al gobierno a la mesa de negociaciones e incluso abrir la puerta para que queden sin efecto las implicaciones punitivas de la reforma. En cambio, no es probable, y tal vez ni siquiera posible, que consiga la abrogación de las modificaciones legales impuestas en 2013. No lo es porque para ello el peñato tendría que desplazarse del bando patronal al de los trabajadores –es decir, abjurar de su esencia– o declararse derrotado; no lo es, además, porque no resulta políticamente realizable que el Congreso se coma ahora lo mismo que secretó a inicios del sexenio y apruebe la derogación monda y lironda de todo lo aprobado en aquel entonces.

Tal vez la vía para superar esta suerte de empate pase –sin renunciar a las movilizaciones ni a la negociación política– por construir en el Legislativo, con la participación principalísima de los maestros y con los diputados y senadores sensibles de cualquier partido dispuestos a hacer historia, una iniciativa de reforma verdaderamente educativa que no signifique meramente dejar las cosas como estaban sino recuperar el terreno perdido desde las reformas salinistas al artículo tercero y establecer de una vez por todas la obligación del Estado de garantizar a los educandos, sus familias y sus entornos condiciones socioeconómicas mínimamente favorables para la enseñanza. Si se lograra iniciar un proceso semejante, Rico Mac Pato, Pepe del Salto y Gastón Billetes se quedarían con un palmo de narices: ni modo que se atrevan a exigir la entrada de la Policía Federal a San Lázaro para disolver los foros a macanazos.

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