Estrategia y ocurrencia.

Mtro. Adrián Hdez

Las acciones y efectos que han sucedido desde que el presidente López Obrador anunció el combate al robo de combustible –huachicol- son en cierto sentido novedosos, porque si bien es cierto que siempre ha existido el hurto de dichos líquidos, el actual delito de huachicol tiene sus pilares en una elaborada estrategia mafiosa que tiene sus inicios cuando se inauguró este siglo XXI; es decir, desde al año 2000, cuando llegó el llamado “cambio que a ti te conviene”.

Desde que el actual gobierno federal inició sus ejercicios y se planteó, entre otras acciones, el combate al robo de combustible, las cifras que han salido a relucir son verdaderamente escandalosas, sobre todo para un país que aspira a ser de primer mundo. Antes del inicio de la estrategia contra el llamado huachicol, se robaban más 9 millones de litros de combustible diarios, entre secuestro de pipas y extracción de ductos, dando un aproximado en pérdidas económicas de poco más de 66 mil millones de pesos, sólo para el año 2018.
Para robar esa cantidad de combustible se requirió de una completa y compleja red de información y extracción, por lo que los involucrados son muchos, tanto fuera como dentro de Pemex, y de todos los niveles, desde los de arriba –directores, subdirectores, gerentes- hasta los de abajo –empleados de campo y demás plantilla. Por supuesto que también se requirió de la participación de otras entidades y personajes que sin su complicidad no habría sido posible tal magnitud de atraco al pueblo de México.

No debe sorprender que entre estos personajes haya incluso mandatarios o exmandatarios estatales; legisladores federales y locales; altos mandos de la Policía Federal y de policías estatales y municipales –el alto nivel de corrupción y la infiltración por parte de la delincuencia organizada a estos cuerpos de la ley evidenciarían dicha situación; empresarios, tanto nacionales como extranjeros. Y por supuesto, la distribución y venta de gasolina y diésel debió contar con la participación de cientos, quizás de miles de ciudadanos que por falta de un empleo formal se vendieron a una corrupción salvaje que no conoce límites.

Y qué decir de los compradores, desde quienes adquirían algunos litros de gasolina, o quienes llenaban el tanque de sus automóviles, hasta grandes empresas y consorcios que compraron sobre todo diésel robado para mover sus unidades de repartición y trabajo.

Ante tal situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador no dudó en detener toda esa maraña de envilecimiento. La acción debía ser pronta y expedita, pero no sería fácil. Someter a la ley esa amalgama de corrupción y delincuencia que se formó durante 18 años –quizás más- en torno a Pemex, involucraba una estrategia que debía dar resultados, fueran estos o no aceptados por todos. Quienes más alzaron la voz y quienes reaccionaron enfrentando a las fuerzas del orden provocando actos de terror hacia la sociedad civil, son quienes más se resisten a la aplicación de la justicia, porque verían perder sus pútridas ganancias.

La estrategia formulada por el gobierno federal para detener el huachicol pudo ser, de todas las maneras posibles, excelente. Pero para llegar a ese grado de excelencia se requería de dos elementos importantes: la participación de todos involucrados y tiempo. El Presidente no disponía de ninguno de ellos.

No se disponía de la cooperación de todos los involucrados –empleados de Pemex, policías y demás actores antes señalados- porque precisamente, gran cantidad de ellos intervienen en el robo de combustible, y haber diseñado un plan donde todos participaran habría sido inútil, porque se habría puesto en alerta a todos inmiscuidos, dándoles tiempo para modificar sus actividades y para que los “peces gordos” hicieran los cambios suficientes para evitar responsabilidades. De haber sucedido eso, al cabo de un tiempo, estos delincuentes habrían regresado a sus actividades, incluso más sofisticadas para contrarrestar las acciones del gobierno.

El nuevo gobierno federal no disponía de tiempo, pues cada día que pasaba, se hurtaban más de 9 millones de litros de combustible. Eso significaba varias cosas para el país: sabotaje para contribuir a la puesta en quiebra de Pemex, pues no tenía ingresos de lo que le robaban y debía reparar infraestructura dañada; merma de ingresos al fisco por concepto de impuestos a combustibles no vendidos legalmente.

Dejar pasar más tiempo habría significado hacer más fuerte a todo ese sindicato del crimen con recursos monetarios, materiales y de inteligencia e información. No haber actuado rápido habría significado contribuir al descrédito del ya de por sí debilitado sistema de instituciones encargado de la aplicación de la ley. Porque la ley no se compra ni se negocia; la ley se aplica.

También se requería actuar rápido para evitar una tragedia, lo que lamentablemente sucedió con la muerte de más de un centenar de personas que trató de aprovechar una fuga descontrolada de gasolina. Tristemente se dirigieron a una trampa mortal que dejaron delincuentes dedicados a la extracción del energético. La causa de la ignición puedo haber sido cualquier acto: un cigarrillo encendido, el roce de cuerpos, la carga estática acumulada en la ropa. La ignorancia y la física hicieron su parte.

Todo esto se explicó a senadores y diputados federales el pasado 28 de enero. Los titulares de la Secretaría de Energía y de Pemex, además de otros funcionarios que fueron citados, se presentaron en la Cámara de Diputados para exponer los resultados que se han obtenido desde que inició el combate al robo de combustible. Como era de esperarse, a pesar de la comprensible y transparente explicación por parte de la secretaria Nahle y del director Romero Oropeza, no todos los legisladores fueron receptivos a la información que proporcionaron los responsables del área energética gubernamental.

Prueba de ello fue que algunos legisladores acusaron al gobierno federal de ser ocurrente para combatir el robo de combustible. Estos legisladores se ampararon en la excusa del desabasto en sus respectivos estados que representan.

Están en lo cierto cuando defienden –o dicen defender- los intereses de sus electores y paisanos; no podían hacer menos, ese es su trabajo. Se equivocan cuando acusan al gobierno de ocurrente, pues no pudieron ver ni analizar que el presidente López Obrador, la secretaria Rocío Nahle y el director Romero Oropeza no tenían apoyo dentro ni fuera de Pemex para iniciar una estrategia de mayor impacto contra los huachicoleros, y que tampoco tenían tiempo de más para planear dicha estrategia.

Por supuesto que se planeó una estrategia, y ésta tuvo como base los recursos escasos ya descritos: apoyo y tiempo. Con eso se debió trabajar rápido. El desabasto de combustibles que sucedió en algunas ciudades del país se trató de equilibrar, porque ante tales recursos escasos no se podía contar con un plan que satisficiera a todos. No, esta no es una dictadura de ocurrencias, porque sí se está aplicando una estrategia. Y la estrategia seguirá siendo la misma: la absoluta aplicación de la ley.