NACIONAL
Civiles habrían ordenado ejecución en Tlatlaya
Si bien la ejecución la realizaron militares, ésta puso ser ordenada por un grupo de civiles, al parecer de la delincuencia organizada. Foto/Archivo
De acuerdo con el informe de los diputados que siguen el caso, si bien la ejecución la realizaron militares, ésta puso ser ordenada por un grupo de civiles, al parecer de la delincuencia organizada.
México.- Una de las líneas de investigación que se sigue sobre la masacre en Tlatlaya, estado de México, es que los autores intelectuales de los hechos no son militares, sino como civiles ajenos a la institución castrense que participó.
Así se arroja en el informe preliminar del grupo de trabajo de la Cámara de Diputados con motivo de lamasacre de 22 civiles el 30 de junio del año pasado.
De acuerdo con el reporte, si bien la ejecución la realizaron elementos del Ejército Mexicano, ésta habría sido ordenada por un grupo de civiles, quienes podrían formar parte de la delincuencia organizada o incluso ser mandos medios del gobierno del Estado de México.
En el informe no se establece el detalle, aunque indica señala que ésta es una de las líneas de investigación a considerar en este asunto, en el que es de llamar la atención que los mandos castrenses no estarían implicados en la autorización y orden de cometer estas ejecuciones.
Dicho documento que ya fue entregado a la Junta de Coordinación Política de la cámara baja, revela también que no se cuenta con información completa sobre la cadena de mando, entre el comandante de la XXII Zona Militar de la Sedena y el sargento responsable directo del operativo, ni con elementos que permitan establecer la responsabilidad o no de mandos militares, más allá de los ocho elementos que realizaban el patrullaje.
Además, señala que tampoco se han encontrado elementos que expliquen cómo se diseñó, operó, autorizó o permitió un patrullaje militar con sólo ocho elementos, cuando lo reglamentario y común es que lo integren al menos 12 personas.
Se menciona que existe consenso entre los legisladores, en que hubo un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza, sin los instrumentos de grabación correspondientes por parte de los efectivos militares, en contravención al manual de uso de la fuerza de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas.
Los diputados subrayaron que la falta de una conclusión definitiva, es consecuencia directa de la alteración de elementos y de la escena de los hechos, así como del desplazamiento de los cadáveres fuera de su posición original.
Las 25 personas, de las cuales 22 fueron asesinadas, son consideradas víctimas directas de diversos delitos y violaciones a derechos humanos, por lo que sus familiares pueden legal y legítimamente reclamar su derecho a una reparación integral, que corresponde en términos de la legislación penal, fiscal, victimal y demás aplicables.
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