La decisión, tomada en día inhábil, es ilegal y será impugnada: su abogado

Niega juez prisión domiciliaria a Gordillo; podría evadirse, dice

Ahora el caso pasará a un tribunal unitario de circuito, el cual tendrá la última palabra

Aspecto de la videoconferencia realizada el pasado 17 de agosto, en el proceso que se sigue a Elba Esther Gordillo MoralesFoto Carlos Ramos Mamahua

Alfredo Méndez

 

Periódico La Jornada
Lunes 24 de agosto de 2015, p. 5

El juez federal Alejandro Caballero Vértiz negó este domingo la prisión domiciliaria de Elba Esther Gordillo Morales, decisión que será impugnada esta misma semana por el penalista Marco Antonio del Toro Carazo, abogado de la maestra.

Aunque la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ya cumplió 70 años de edad, y en teoría tiene derecho a la prisión domiciliaria, el juzgador consideró que ni sus abogados ni la Procuraduría General de la República (PGR) aportaron dictámenes periciales idóneos con los que pudiera demostrarse que la profesora no evadiría la acción de la justicia, que le otorga este derecho previsto en el artículo 55 del Código Penal Federal (CPF).

La decisión del juez fue informada este domingo mediante una tarjeta de dos párrafos que difundió el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), mientras el abogado defensor de Gordillo lanzó duras críticas al impartidor de justicia por haber resuelto en un día inhábil y por haber emitido un comunicado de prensa antes de haber notificado a la procesada.

‘‘Este domingo 23 de agosto se dictó la ilegal resolución del juez Caballero Vértiz, ocurriendo ello en un día inhábil, lo que es demencial y demuestra la falta de imparcialidad del juzgador’’, sostuvo Del Toro Carazco.

La resolución del juez no es definitiva y, una vez que la maestra y sus abogados interpongan el recurso de apelación, el caso pasará a manos de un tribunal unitario de circuito, el cual tendrá la última palabra.

El abogado de Gordillo agregó: ‘‘Estamos ante una barbarie judicial sin precedente, que en nada abona para deslindar la injerencia de factores ajenos al derecho en los procesos penales que se siguen a la maestra Elba Esther Gordillo’’.

El pasado lunes, durante una audiencia de vista, fiscales de la PGR mencionaron la necesidad de que el juez Caballero Vértiz negara a la prisión domiciliaria a Gordillo, por el hecho de que la profesora tiene una residencia en Estados Unidos.

Aunque la resolución se esperaba desde el pasado viernes, apenas ayer el juzgado sexto de procesos penales federales con sede en el Reclusorio Oriente (a cargo de Caballero Vértiz) resolvió negar la prisión domiciliaria a la ex lideresa magisterial.

‘‘Se niega la petición de la maestra debido a que las partes no aportaron dictámenes periciales idóneos tendientes a establecer si la indiciada, al concedérsele tal beneficio, pudiera optar o no por sustraerse de la acción de la justicia’’, señaló el juzgador.

Asimismo, el juez precisó que aunque el articulo 55 del CPF le otorga dicho beneficio a la maestra, ‘‘la defensa (de Gordillo) se desistió del incidente respecto a lo relacionado con su estado de salud, aspecto que inicialmente constituía la base de la petición solicitada’’.

Por otro lado, el juez Caballero emitió un acuerdo judicial en el que resolvió que Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, testigo protegido de la PGR contra la profesora, deberá ser sujeta a un interrogatorio el próximo 14 de octubre, en el que participará la procesada a través del sistema de videoconferencia.

‘‘Se celebrará por medio del método alternativo de comunicación denominado videoconferencia, en relación con la coprocesada Gordillo Morales, dada su petición de estar presente en la misma’’, acordó el juez Caballero.

Ugarte se encuentra presa en el penal federal de El Rincón, en Nayarit, procesada junto con la maestra e Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores por delincuencia organizada y lavado de dinero por mil 978 millones de pesos.

Desde hace más de un año, Gordillo ha pretendido un careo, pero Ugarte rechazó ser sometida a los cuestionamientos por estar también sujeta a juicio y ante el temor de que sus testimonios pudieran ser usados en su contra.