Impunidad faraónica

Magdalena Gómez

C

oncentrado como está el gobierno de la llamada 4T en fortalecer la narrativa de lo que considera sus logros, simplemente ignora los muy dramáticos acontecimientos que integrantes de pueblos indígenas en la sierra Tarahumara y en la Montaña de Guerrero sufrieron los pasados 16 y 17 de enero. Estas dos regiones no son las únicas en el país donde se ha normalizado la impunidad, y poco importa a estas alturas para las víctimas señalar que se trata de violencia sistémica heredada.

El pasado 16 de enero, un grupo de hombres armados, al menos 150 sicarios a bordo de aproximadamente 50 camionetas, incendió cerca de 22 viviendas y siete vehículos en el poblado de Las Pomas, municipio de Madera, Chihuahua. Hay personas secuestradas. Pobladores señalaron que al menos cinco hombres, fueron atados y están desaparecidos. Autoridades de la fiscalía estatal presumen que se trata de la disputa de dos cárteles. No es la primera vez que se produce un enfrentamiento en esa comunidad ni es la única que en la sierra Tarahumara provoca desplazamientos e incluso crímenes.

Por otra parte, el 17 de enero se cometió un asesinato contra una decena de músicos indígenas pobladores de Alcozacán, en el municipio de Chilapa, Guerrero, ligados a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), que ha intentado impedir el accionar del grupo conocido como Los Ardillos. Fueron emboscados en el camino Mexcalzingo-Tlayelpa; venían en dos camionetas, en una de las cuales cinco de ellos fueron calcinados, mientras la otra fue aventada a un barranco con los otros cinco integrantes del grupo musical.

El absurdo es que, pese a estar plenamente identificadas las víctimas, familiares y comuneros tuvieron que recurrir a un bloqueo de la carretera estatal Chilapa-Hueycantenango, para exigir la entrega de los cuerpos de los 10 músicos asesinados y la detención de los responsables.

También en esta región es larga la cadena de violencia y de impunidad con que actúan grupos de la delincuencia organizada. Poco esperan sus habitantes de las investigaciones. En ese contexto, la policía comunitaria, que años atrás logró contener a la delincuencia, hoy está rebasada y fragmentada. Estos dos casos son sólo una muestra de afectación a la sociedad en general; en particular los pueblos indígenas se encuentran amenazados cuando sus integrantes se organizan para la defensa de sus territorios; los saldos de la criminalización también permanecen impunes.

Como denuncia el Congreso Nacional Indígena, nada dice el Estado a casi un año del crimen de Samir Flores Soberanes, del pueblo nahua de Amilcingo, Morelos; ni de Julián Cortés Flores, del pueblo mephaa de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Guerrero; Ignacio Pérez Girón, del pueblo tzotzil del municipio de Aldama, Chiapas; José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, del pueblo nahua organizado con el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ); Juan Monroy y José Luis Rosales, del pueblo nahua de Ayotitlán, Jalisco; Feliciano Corona Cirino, del pueblo nahua de Santa María Ostula, Michoacán, ni de Josué Bernardo Marcial Campo, también conocido como Tío Bad, del pueblo popoluca de Veracruz.

¿Quién se está haciendo cargo de abatir la impunidad? ¿Quién de prevenir la criminalización?

Para muestra, colocamos dos ejemplos de violencia cotidiana. En días recientes se han denunciado otras agresiones como la que sufrió el pasado 10 de enero la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, con un nuevo ataque contra el ex comisariado de bienes comunales Jesús Manuel Aguilar Hernández, quien ha sido delegado del Congreso Nacional Indígena y defensor de los terrenos comunales, a manos de una persona al servicio del cacique llamado Favio Ernesto Flores Sánchez, alias La Polla, del cual recibió a quemarropa ocho disparos de arma calibre 38 automática, sin que resultara herido al cubrirse tras un tronco grueso.

Por su parte el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) fue agredido por fuerzas policiales el pasado 14 de enero, cuando las comunidades de Sevina, Comachuén y Nahuatzen se manifestaban en instalaciones del ayuntamiento de Nahuatzen para exigir su derecho a la autonomía, el presupuesto directo y el reconocimiento de los consejos de gobierno comunal.

Los casos de la sierra Tarahumara y la Montaña de Guerrero involucran a expresiones aparentemente regionales del crimen organizado; en Azqueltán y CSIM se trata de luchas por la autonomía. Ni unos ni otros son considerados con prioridad y atención por la 4T. Se opta por ignorarlos aun si logran espacio en los medios de comunicación, demandarían colocar la mirada crítica en los alcances de la política en materia de seguridad y la relativa a pueblos indígenas, más allá de becas a sus integrantes y megaproyectos en curso.

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