EditorialBanca: desregulación y depredación
En los últimos meses, las instituciones bancarias que operan en México han aplicado incrementos exorbitantes en los costos de los préstamos al consumo. En octubre pasado, los principales bancos del país –que concentran 90 por ciento del mercado de tarjetas de crédito– cobraron, en promedio, una tasa de interés de 69.49 por ciento anual, y en el caso de algunos productos, ese monto se elevó a más de 100 por ciento.

Estas alzas, desproporcionadas y sin relación con los incrementos en la inflación (5.78 por ciento) y las tasas de interés interbancarias (8.74 por ciento), que son los indicadores de referencia para el costo del crédito al consumo, han sido atribuidas por voceros de los bancos a un crecimiento “en el nivel de riesgo que hay en el mercado” y a un auge en los niveles de morosidad. Significativamente, la cartera vencida en septiembre de este año creció 40 por ciento en relación con el mismo mes de 2007. Se infiere, pues, que las instituciones bancarias han decidido transferir a los usuarios el costo de su propia irresponsabilidad (de otra forma no se explica el incremento de los créditos en dificultades).

Esta actitud arbitraria y abusiva, de suyo exasperante, es factor de irritación adicional en un momento en el que se conjugan nulas perspectivas de incremento salarial, tasas crecientes de desocupación y una carestía devastadora para la economía de millones de familias. Tal conducta expresa, de manera inequívoca, el carácter depredador de unas instituciones bancarias privatizadas, rescatadas durante el sexenio zedillista a cuenta de los contribuyentes, y propiedad, en su mayoría, de grandes consorcios extranjeros que han encontrado en México un mercado de rapiña, carente de regulaciones oficiales y mucho más ventajoso, en términos de ganancias, que en sus naciones de origen.

Para colmo, las condiciones de privilegio en que opera la banca en el país no se han visto reflejadas en un impulso de su parte al desarrollo nacional y a los sectores productivos mediante el otorgamiento del crédito necesario para la infraestructura, la industria, el campo o la vivienda. Por el contrario, y como denunciaron senadores de la República hace unos días, exhibe una actitud discriminatoria al concentrarse principalmente en las entidades con mayor población urbana y mayores ingresos –Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz–, en tanto que cerca de 80 por ciento de los municipios carecen de una sucursal bancaria, según datos de la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El escenario que se comenta pone de manifiesto, además, la ausencia de un marco legal de regulación de esas actividades. El Banco de México ha manifestado en múltiples ocasiones su renuencia a asumir tareas efectivas de control a las tasas de interés leoninas y a las comisiones excesivamente altas que se cobran por concepto de servicios financieros; en cambio, las autoridades del organismo se empeñan en señalar que tales costos deben disminuir por efecto de la “autorregulación” del mercado y de la “libre competencia”, categorías que han llevado al mundo a la zozobra financiera en que hoy se encuentra. La Condusef, por su parte, en clara desatención de sus obligaciones en tanto defensoría de los usuarios de la banca, se coloca sistemáticamente del lado de ésta, y se limita a lanzar “exhortos” al público para no endeudarse y evitar abusos de las instituciones financieras.

Tales actitudes, indicativas de una burocracia neoliberal costosa e ineficiente, resultan insostenibles en la circunstancia actual, cuando se requiere proveer a la gente de buenos servicios financieros y no dejarla a merced de la arbitrariedad, la avaricia y la ambición desmedida.