El desprestigio del régimen calderonista del PAN ante el pueblo de México es mucho mayor que el de los peores gobiernos del PRI, a pesar de lo que pretende la descomunal campaña oficial de propaganda, y antes de cumplir dos años el sexenio las interrogantes se multiplican sobre la magnitud que podría alcanzar el desastre nacional de proseguir los mismos hombres con las mismas políticas en el gobierno: y ello no es sólo en lo social y en lo económico, sino fundamentalmente en lo institucional.

1. Los años “del entendimiento” o de “la connivencia” PRI-PAN en el gobierno (1988-2008), que han buscado dar al sistema de poder en México una imagen distinta de la que tuvo en las décadas de sistema de partido de Estado (1929-1988), en la mira de crear las condiciones para la imposición del modelo neoliberal, pretendiendo que se está llevando a cabo una supuesta “transición democrática”, no han logrado más que llevar al pueblo de México a un mayor empobrecimiento sustentado en la cancelación tanto de sus derechos sociales como en destruir las instituciones de la República.

2. El modelito neoliberal a lo que ha tendido en el mundo es a destruir, en nombre del mercado, las instituciones jurídicas y políticas que a su juicio obstaculizan la pretensión de las multinacionales de apoderarse de los recursos estratégicos del planeta, y ésa es la tarea que han buscado llevar a cabo los gobernantes del PRI y del PAN en los últimos 25 años, pero lo que han logrado es destruir no sólo el sustento constitucional y legal de los derechos sociales y colectivos, sino también el entramado constitucional en su conjunto. En México están hundidos en el desprestigio más absoluto no sólo los tres poderes de la Unión y las fuerzas armadas, sino las instituciones electorales creadas después de 88,en las que se pretendía que el “nuevo régimen” buscara sustentar su credibilidad.

3. Un ejemplo demoledor del deterioro institucional del país es la utilización anticonstitucional de las fuerzas armadas con vistas a levantar la imagen de un Ejecutivo ilegítimo, que a lo único que ha conducido es a una serie de acciones inconstitucionales de éstas que han vulnerado el régimen federal y la autonomía municipal y pisoteado el régimen judicial y de derechos humanos establecido en la Constitución, llevando de paso a una corrupción sin precedente del Ejército. Cuando el diputado priísta Emilio Gamboa, uno más de los cómplices de Calderón en el Institucional, declara que él respaldaría a cualquier gobernador que pretendiese suspender en su entidad las garantías individuales (Milenio Diario, 20 de noviembre), lo único que demuestra, además de su vocación fascistoide, es su ignorancia constitucional.

4. Las instituciones electorales, por otra parte, jamás tuvieron la credibilidad que pretendieron los llamados “transitólogos” mexicanos que defendieron desde 1988 la peregrina tesis salinista de que por la vía de las reformas electorales habíamos advenido al rango de “país democrático”, pues los derechos políticos de los individuos jamás fueron tutelados, los mecanismos de democracia semidirecta no se instauraron, las elecciones se confiaron a un organismo en manos de los dos partidos en el poder, el control de los procesos electorales quedó subordinado a mecanismos turbios y el Tribunal Electoral se puso en manos de magistrados de consigna profundamente deshonestos.

5. El fraude electoral de 2006, que impuso como presidente ilegítimo de México al abogado panista Felipe Calderón, protegido de Carlos Salinas de Gortari y de un grupo de empresarios asociados a él, quien no ganó las elecciones, constituyó la culminación de este proceso de descomposición, pues mantuvo en el poder a una coalición de grupos mafiosos al servicio de intereses trasnacionales que ven el poder como un botín, aunque con el costo para ellos de darle al traste a su absurda tesis de que éramos ya una democracia.

6. La contrarreforma electoral de 2008, que a pesar de aparecer como una amenaza a las televisoras mantuvo la posibilidad de los medios de pervertir los procesos electorales en “campañas negras”, no hizo, por otra parte, más que establecer nuevas limitaciones antidemocráticas, pues a otras disposiciones nocivas decretadas para tornar imposible la anulación de la elección presidencial, por muy graves que sean las irregularidades cometidas, agregó algo más: confirmó el principio de que el gobierno puede determinar de manera discrecional (es decir, autoritaria), a través del IFE, cuáles han de ser las formaciones partidistas integrantes del sistema de partidos, y de la misma manera intervenir en la vida interna de los partidos políticos, vistos como instancias “de interés público”: tanto para fiscalizar la utilización de sus recursos como para influir en sus decisiones internas sobre la base de que es el garante de “la democracia”.

7. El fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del miércoles 12, que entregó a Jesús Ortega el triunfo en las elecciones internas para presidente del PRD, a pesar de las gravísimas irregularidades que se produjeron, contabilizando para ello, entre otros, los votos de casillas que no fueron instaladas, y contradiciendo el fallo de las autoridades internas del propio PRD, ha constituido en este escenario un nuevo escándalo no sólo porque constituye una injerencia inadmisible del régimen en la vida de un partido, sino porque confirma la colusión de Ortega y de su grupo con el gobierno de Calderón y de los priístas.

8. La acusación que se hizo durante todos estos meses a Jesús Ortega y a su equipo de Nueva Izquierda (Jesús Zambrano, Graco Ramírez, Ruth Zavaleta, René Arce, Carlos Navarrete, Lupillo Acosta) de ser un “caballito de Troya” de la derecha neoliberal en el poder, a fin de desplazar a las corrientes aglutinadas en torno a Andrés Manuel López Obrador y tornar al PRD en “partido paraestatal”, como lo fueron ellos, ex militantes del PST, luego PFCRN, en los años 80, queda así confirmada.

9. Calderón y Ortega, como el difunto Mouriño, que instrumentó los arreglos hoy cumplidos por Gómez Mont, se olvidan, sin embargo, de que un partido no es un comité ejecutivo nacional, y que lo único que han logrado es hacer más abierto el conflicto.

10. La tesis del gobierno panista apoyado por el PRI de que esta decisión le allanará el camino en 2012, no toma en cuenta lo que está ya viniendo, y que es la respuesta popular.