jueves, 28 de mayo de 2015

Para entender a Córdova

Lorenzo Córdova, presidente del INE. Foto: Benjamin Flores
Lorenzo Córdova, presidente del INE.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las expresiones de Lorenzo Córdova sobre las comunidades indígenas y los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa pueden ser analizadas desde varias perspectivas. Ya he escrito respecto a algunas de ellas. Aquí abordo el tema con nuevos elementos que me parecen esenciales.
Primero. Las manifestaciones del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM constituyen lo que en psicología se conoce como acto fallido; es decir, la irrupción de un pensamiento sobre alguien o algo firmemente arraigado en el inconsciente sin pasar por el filtro de la conciencia. Así pues, dijo lo que piensa en realidad de los indígenas y de los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, hecho que sigue vivo en el tejido social. No vale una disculpa, porque nadie puede disculparse de lo que piensa y de cómo concibe su entorno. Peor: No vale una disculpa al lastimar la dignidad de una persona o un grupo de personas por su origen.
Segundo. Es muy lamentable escuchar en voz de Lorenzo Córdova exclamaciones de discriminación, mofa y bullying contra las capas más desprotegidas de la sociedad mexicana. Lo es más por las funciones del INE, que implican albergar un sentido interno y externo de pluralidad y de altura cívica, así como el compromiso de contagiar las prácticas democráticas bajo el principio de inclusión, no de la exclusión de que hace gala Córdova con palabras que dicen verdades verdaderas para él.
Tercero. Existe el presupuesto de que a mayor acceso a la educación, a la cultura y a la visión cosmogónica del mundo debe corresponder un mayor conocimiento y respeto sobre las asimetrías sociales y la diversidad de culturas que hacen del país una nación multiétnica y pluricultural. Córdova ha demostrado con sus palabras ser una excepción a la regla.
Cuarto. La intervención telefónica es, por definición, un delito si no está acompañada de la anuencia de los intervenidos. El contenido, no obstante, puede o no ser de interés público. Si es de trascendencia pública, como ocurre con el racismo de Córdova, tiene preeminencia sobre su derecho a la vida privada. Esto por tres razones: a) Porque el contenido de sus frases implica a su quehacer público; b) Porque la comunidad tiene el derecho a saber lo que se piensa de un tema que atañe a todos como país, y c) Porque tanto los interlocutores como el medio a través del cual se comunican son pagados con cargo a usted y a mí.
Quinto. La doble moral no puede ser característica de quien preside una institución que debiera promover la democracia. ¿Se imagina alguien al secretario ejecutivo de la CIDH, Álvarez Icaza, pensando y diciendo a un tercero las mismas expresiones de Córdova? Sería una aberración porque su tarea es precisamente la defensa de los derechos humanos. Además, la calidad de una democracia se mide por el respeto y reconocimiento de las minorías, teniendo el INE esa labor fundamental.
Sexto. Córdova se duele de haber sufrido un quebranto en la esfera de su intimidad, en su derecho a la vida privada, pero poco dice del hecho de que él mismo ha roto el derecho de los demás a expresarse conforme a sus prácticas culturales, así como a ser reconocidos y respetados por sus orígenes étnicos.
Séptimo. No es legal ni moral utilizar recursos del erario para solazarse ante la injusta distribución de la riqueza, la impunidad y la ofensa a la dignidad de las personas. La cuasi disculpa de Córdova se hizo de forma tan genérica –obligado por las circunstancias– que jamás ofreció una disculpa a los directamente agraviados con sus palabras. Esa soberbia no puede –no debe– ser una característica que represente al INE como garante democrático de la renovación del poder político.
Octavo. Es lamentable que los consejeros del INE hayan hecho suyas las palabras de Córdova, y peor todavía, que no faltaron quienes externaran puntos de vista de justificación, de explicación y de razonamiento compatible con lo dicho por él, con la honrosa excepción del consejero Marco Baños, quien se deslindó de esa teoría de la superioridad racial de Córdova planteada en pleno siglo XXI.
Noveno. La ausencia del estado de derecho será esencial para que las palabras de Córdova queden sin sanción. La ofensa a una parte de la sociedad quedará en la impunidad con el mutis, en el mejor de los casos, de los consejeros del INE que han generado un espíritu de cuerpo a pesar de la gravedad de lo expresado, acaso porque piensan que no decir nada será la mejor solución para no debatir en público lo que es público.
Décimo. Si el titular del INE se mofa imitando sin pudor alguno a un grupo de la sociedad por mantener su propia identidad cultural y racial, ¿qué se puede esperar de tantos otros que dicen una cosa y piensan otra? El tribunal de la opinión pública ya ha dictado sentencia y ha condenado a Lorenzo Córdova como un indeseable racista que no sólo afecta al INE, sino también a su familia, que no podrá festejar con él sus gracejadas con cargo al pueblo que paga su sueldo y el de los demás integrantes del instituto. Los principales partidos felices han apoyado a Córdova, porque saben que en su posición de debilidad están obteniendo más que si el presidente del INE tuviera la autoridad moral que ahora se ha esfumado.

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