Una buena y una mala

Bernardo Bátiz V.

H

ay dos noticias recientes relacionadas con gobiernos de entidades federativas que coinciden en haber llegado al poder por el voto popular o, más claramente, de izquierda; una de estas noticias es buena y la otra mala, una tendrá, tarde o temprano repercusiones en la vida de la capital y la otra se refiere directamente a un dato objetivo relacionado con la economía de la población capitalina.

Primero la mala: en Oaxaca, en el sur profundo del país, el gobernador Gabino Cué firmó un decreto por el que desaparece el Instituto Estatal de Educación Pública. Ese decreto y su anuncio público fue como la señal de arranque de una nueva campaña de medios contra los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la señal también de una gran movilización armada, encaminada a intimidarlos y advertirles que su rebeldía contra la mal llamada reforma educativa, será motivo de represión.

A raíz de la declaración del gobernador Cué, se envió a Oaxaca, al Ejército, la Marina y la policía; ironizando, agrega un amigo: participaron helicópteros, tanques, tanquetas, gas pimienta, garrotes, artillería, y sólo faltaron los submarinos nucleares en la bahía de Huatulco; todo para atemorizar primero pero también, para reprimir si no surte efecto la intimidación.

Simultáneamente, sin orden judicial conocida, las cuentas sindicales fueron congeladas y sus dueños despojados de un patrimonio que es suyo y que de manera irregular se les incautó. Con el banderazo de salida, el gobernador actuó como colaborador voluntario o involuntario de la SEP y del gobierno central, declinó la soberanía de su estado y dio la espalda al mandato popular que recibió en el proceso en el que obtuvo el triunfo; hay que recordar que el recorrido por los más de quinientos municipios del estado, lo hizo al lado y con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador.

Esta escalada tarde o temprano repercutirá en las calles y avenidas del Distrito Federal, pues, como es sabido, aquí es donde los disidentes encuentran un poco más de eco y espacio para sus reclamos. Aun cuando en ocasiones tienen que recurrir a acciones que alteran rutina de los capitalinos. Ni modo, aceptar estas molestias y reconocer que es su única forma de defender derechos e ideales, bien vale alguna molestia y algún retraso.

La buena noticia es que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) anunció que el Distrito Federal mejoró su posición del lugar 30 al 31 en el indicador de datos relativos a la pobreza entre los años 2012 y 2014. Es muy significativa la información, porque sólo el industrializado estado de Nuevo León se encuentra en una posición mejor que la capital del país y, en el mismo lapso, mientras el Distrito Federal bajó el número de pobres extremos de 2.5 por ciento de la población a 1.7 por ciento, el estado de México vio incrementado el índice de los más pobres, de 5.8 por ciento de su población a 7.2 por ciento.

Los criterios para estas mediciones y clasificaciones de las 32 entidades son varios y, cruzando algunos, el Coneval concluyó que en la capital no vamos para atrás, sino que avanzamos en el combate a la pobreza. Criterios para la evaluación son el acceso la salud, a la seguridad social, a la vivienda y a la alimentación, junto con un aumento en los ingresos generales de la población.

Como se ha mencionado, haber mantenido e incrementado los programas sociales, que ya son parte de la historia de la capital del país, es un dato objetivo que ha permitido a los capitalinos defendernos en este mundo en que el desempleo, la devaluación de nuestro peso y la carestía se extienden y se generalizan como efecto de las políticas globales que nos impone el gobierno y que a su vez a éste se lo imponen la globalización y las presiones exteriores.

Es la prueba indudable de que atender con herramientas del Estado la mejor distribución de la riqueza da buenos frutos y confiere a los gobiernos que cuidan este aspecto notas buenas que sus gobernados deberán valorar.